De esta manera, una demanda entablada en 2014 se convierte en colectiva y permitirá que miles de menores centroamericanos que buscan asilo cuenten con representación juridica.

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Un juez federal de Seattle, Washington, aprobó el lunes convertir en colectiva una demanda que tiene como objetivo definir si menores migrantes indocumentados pobres tienen derecho a un abogado de oficio durante las audiencias de deportación.

El juez federal de distrito, Thomas Zilly, tomó la decisión en un caso presentado en 2014 por la Unión Americana de Libertades Civiles y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantesindocumentados en Los Angeles y Seattle.

La demanda rechaza que el gobierno federal no provea asistencia legal a los migrantes cuando estos no tienen los recursos para costear su defensa.

El dictamen del juez Zilly abre las puertas para que los demandantes consigan que miles de menores migrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo, que viven en la costa Oeste y no puedan pagar un abogado, peleen sus casos y puedan quedarse en el país.

“Es un paso tremnendo en esta demana, pues el juez ha aprobado que que el caso sigue adelante como una demanda colectiva, que no solo va cubrir 9 o 12 niños, sino que Zilly va a interpretar la ley para todos los niños que estan ubicados en el Noveno Circuito, que es la corte más grande de Estados Unidos”, dijo a Univision Noticias Matt Adams, director jurídico del Proyecto Derechos del Inmigrante en el Noroeste, basado en Seattle. “Es el tribunal que tiene el mayor número de casos de menores centroamericanos en el país”.

“Aparte de esto, si el juez Zilly otorga un remedio a los ninos en este circuito y es seguro que va a tener impacto en las otras jurisdicciones porque el gobierno se da cuenta que si no cambia su sistema en el resto del pais, llevaremos otra demanda colectiva”, agregó Adams.

“Lo que hay que aclarar es quién pagará la presentación legal, si el niño o el gobierno cuando el niño demuestre que no tiene recursos”, dijo a Univision Noticias Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Movimiento Latino USA de Los Angeles. “Pero sin lugar a dudas se trata de una decisión que sienta un gran precedente legal, no solo para los que esperan en libertad la resolución de sus casos, sino para los cientos que están presos en las cárceles de ICE” (Oficina de Inmigracion y Aduanas).

Adams explicó que la decisión final en la demanda colectiva se tomará en septiembre, donde el juez Zilly “tendrá que decidir si cada niño que tiene posibilidad de aplicar por el asilo tiene derecho a un abogado pagado por el gobierno, o si el gobierno puede convencerle que no es necesario tener abogado para recibir justicia sabiendo de antemano que hay un fiscal empujando para la deportación de los menores”.

Historia de la demanda

A finales de abril Zilly rechazó los esfuerzos de la Administración Obama para desestimar una demanda de acción de clase y abrió la puerta para obligar al gobierno a proporcionar abogados a los miles de niños, que desde hace más de dos años, se enfrentan a la deportación en las cortes de inmigración.

Los menores indocumentados huyeron de sus países de origen (principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras) a causa de la violencia y la pobreza, y emprendieron un peligroso viaje hacia el norte en busca de refugio. Miles han hecho la travesía sin acompañantes adultos.

El Departamento de Justicia ha dicho durante el proceso que la Administración entiende la difícil situación por la que atraviesan los menores centroamericanos, pero advierte que abrir la puerta al asesoramiento jurídico para todos los niños que entraron ilegalmente podría paralizar el sistema de inmigración.

El gobierno ha sufrido varios reveses en su política de manejo de la oleada migratoria de menores centroamericanos. Entre ellos, uno registrado a principios de marzo tras las declaraciones en el tribunal de Seattle del juez Jack H. Weil, quien sugirió que los niños migrantes de 3 y 4 años de edad que piden asilo en Estados Unidos pueden representarse solos sin la asistencia de un letrado.

“Es una atrocidad, una negligencia y una manera de pensar muy equivocada”, dijo a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Lo dicho por el juez Weil es una opinión errada porque es el testimonio de niños que no tienen todavía conocimiento de ciertas situaciones, es difícil que (durante un juicio de asilo) ellos puedan articular si tienen o no derecho al asilo político en Estados Unidos”.

Durante la comparecencia, Weil dijo que “he enseñado leyes de inmigración a (niños) de tres y cuatro años, literalmente. Requiere de mucha paciencia. Ellos lo entienden. No es lo más eficiente, pero se puede hacer”.

“Existe la regla general de preguntarle al solicitante de asilo si tiene conocimiento del proceso en el que se encuentra. ¿Cómo le pueden preguntar a un niño si tiene conocimiento que una tiene causa de asilo o si conoce el proceso para obtener asilo en Estados Unidos? ¿Cómo van a saber ellos si el sistema para pedir asilo es tan complejo?”, preguntó Velásquez.

“Un niño de 3 o 4 años de edad no sería capaz de conectar los hechos que ha sufrido con las causas de asilo”, apuntó.

Casos de vida o muerte

El abogado José Pertierra, en Washington DC, dijo a Univision Noticias que en cuanto a los casos de asilo, se trata de procesos “de vida o muerte”, y señaló que es ‘contra intuitivo’ exigirle a un niño que se desenvuelva solito en corte, contra un fiscal que insiste en su deportación, unas leyes engorrosas y un juez que muchas veces está desinteresado en el resultado”.

“Las leyes de asilo son sumamente complicadas. El proceso legal es difícil de entender, incluso para abogados. El solicitante de asilo tiene el derecho de leer los documentos que presenta el fiscal a favor de deportarlo. ¿Cómo puede leerlos un niño de 3 años? ¿Entenderlos?”, preguntó.

Apuntó además que “el solicitante de asilo tiene el derecho de citar a testigos. ¿Cómo puede saber un niño de 3 años a quien citar? ¿Cómo puede saber que preguntarles? ¿Cómo puede defenderse contra las objeciones del fiscal? Y además el solicitante de asilo tiene el derecho de hacerle contrainterrogatorio a los testigos que ofrece la fiscalía. ¿Piensa el juez Weil seriamente que un niño de 3 años es capaz de todo eso?”.

El abogado Pertierra dijo que “la única manera de garantizarle a un niño el debido proceso de ley es, primero de todo, dándole la potestad a sus padres (aunque estén fuera del país) a decidir si el niño debe pedir asilo; segundo, si el niño no tiene dinero para contratar a un abogado privado que el gobierno de los Estados Unidos pague por los servicios de un abogado de oficio y que éste abogue por los derechos de su cliente (en consulta con los padres del menor)”.

“Si las palabras del juez Weil no fueran tan peligrosas, diríamos que son ridículas”, subrayó.

Victor Nieblas, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés), comentó en marzo que las declaraciones del juez Weil eran una “locura”.

“La pregunta que se debe de hacer es cómo pueden dejar a un juez, con esta perspectiva, seguir decidiendo casos de inmigración que son para muchos inmigrantes asuntos de vida o muerte”, dijo Nieblas. “¿Y cuántos otros jueces hay en los tribunales de inmigración con las mismas perspectivas?”

Cifras alarmantes

Durante el año fiscal 2014 la Patrulla Fronteriza detuvo a 68,541 niños migrantes en la frontera sur cuando intentaban ingresar al país sin autorización. En 2015 la cifra bajó en un 42%, pero los 38,566 arrestos llevados a cabo en los primeros ocho meses del año fiscal 2016 (del 1 de octubre de 2015 al 31 de mayo de este año) inquietan a la Casa Blanca.

En enero el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, reportó que las cortes de inmigración habían dictado 18,607 órdenes de deportación a niños y mujeres migrantes centroamericanos en 18 meses. Y que el 86% de los casos no tuvo representación legal.

El Departamento de Justicia dijo a Univision Noticias que “sólo un pequeño número de aquellos a quien se le ordenó la expulsión (orden de deportación) le indicó al juzgado de inmigración que estaba peticionando asilo”.

Cuatro meses después, en mayo, Univision Noticias reportó que las cortes de inmigración habían emitido 31,994 órdenes de deportación en casos de menores centroamericanos entre el 18 de julio de 2014 y el 26 de abril de 2016, y que de los 51,723 casos de asilo de menores presentados y vistos por los tribunales solo 22,548 tuvieron representación legal (43.5%).

Se disparan órdenes de deportación de menores
Casos manejados por cortes de inmigración relacionados con menores no acompañados, unidades familiares y migrantes recientes detenidos en la frontera.
Total de casos Casos procesados Órdenes de deportación Otros
Menores no acompañados 64,065 27,500 11,767 15,733
Unidades familiares (liberadas) 39,310 21,488 18,206 3,282
Unidades familiares (detenidas) 4,740 2,695 2,021 674
Otros migrantes detenidos en la frontera 11,358 3,174 2,440 734
Total 119,473 54,857 34,434 20,423
FUENTE: Oficina Ejecutiva de Examen de Casos de Inmigración (EIOR por sus siglas en inglés) | UNIVISION

Respondiendo a preguntas de Univision Noticias, la Oficina Ejecutiva de Asuntos de Inmigración del Departamento de Justicia reveló además que en el mismo período la Oficina Ejecutiva de Examen de casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) recibió 108,115 casos, de ellos ha completado (resuelto) 51,723 (equivalente al 47.8%) y tiene pendientes de resolver 59,239 (52.2%).

Las organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes advierten que las miles de órdenes de deportación emitidas en los últimos 22 meses son el principal blanco de las redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) que iniciaron el primer fin de semana de enero.

Adams ha dicho que la única esperanza de tener un proceso justo para los menores centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos “es si tienen representación legal”.

“Pésima” respuesta

La semana pasada AILA publicó un informe en el que denunció que las redadas, arrestos y deportaciones de migrantes centroamericanos, principalmente menores por parte del gobierno de Obama, violan el debido proceso.

“Hasta el momento, la respuesta de la Administración Obama a la situación de los refugiados provenientes de América Central ha sido pésima”, concluye el reporte titulado ‘Due Process Denied: Central Americans Seeking Asylum and Legal Protection in the United States’ (Debido Proceso Denegado: Centroamericanos Solicitantes de asilo y la protección legal en Estados Unidos).

El estudio incluye recomendaciones para que el gobierno lleve a cabo reformas al sistema que “garantizarían una justa y equitativa consideración para esta población vulnerable” de acuerdo con la ley vigente.

“Las autoridades de inmigración están deteniendo y colocando indebidamente en proceso de deportación acelerada a mujeres con sus niños, a niños no acompañados y familias enteras que huyen para escapar de una epidemia de violencia en sus países”, dijo Nieblas.

El presidente de AILA añadió que las detenciones y deportaciones afectan tanto a menores no acompañados como mujeres con niños, adultos solteros y familias enteras que llegan al país en busca de refugio.

AILA precisó que el gobierno no debería colocar las vidas de los migrantes que buscar asilo “nuevamente en peligro” al regresarlos a sus países de origen, y que debería velar por el debido proceso “para asegurar que cada persona que viene a nuestro país en busca de protección la reciba”.

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