Crímenes de Estado, las desapariciones y muertes de familias en Allende, Coahuila. Afirman que demostrarán que la participación gubernamental fue por acción u omission. Nos hemos dado cuenta que una y otra vez los funcionarios cambian la versión de lo acontecido, apuntan.

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Allende, Coah.

Recorrer las calles de esta ciudad es caminar por el símbolo del terror. Aquí Los Zetas, en connivencia con las autoridades, exterminaron o desaparecieron a más de 300 personas. A plena luz del día o de noche, sacaron de sus casas a familias completas para después saquear, destruir y quemar sus propiedades, sin que la policía municipal o estatal interviniera.

Ellos entraban a las casas a cualquier hora y cargaban con gente, recuerda una vecina que vive entre las calles Simón Bolívar y Juárez, epicentro de la tragedia y donde cinco años después las viviendas en ruinas permanecen como símbolo de una de las masacres más grandes ocurridas en México en años recientes.

Los habitantes de este lugar todavía viven bajo la ley del silencio. La investigación del caso sigue y aún hay miedo. Son pocos los que se atreven a narrar lo sucedido: Estuvo bien feo, nomás oíamos los gritos de la gente que se llevaban. Quemaron más de 30 casas y otros 30 ranchos. El conteo da más de 300 personas, comenta la dependienta de una tienda de abarrotes, quien recuerda, con un cierto remordimiento, que nadie hizo nada por ayudarlos, ni el alcalde ni la policía municipal o estatal, la Marina o el Ejército, mucho menos los vecinos.

Aquí no fue necesario un Decreto noche y niebla, como sucedió en la época nazi, para la aplicación de prácticas de de-saparición forzada y exterminio, Los Zetas contaban con la complicidad de las clases política y policial que les permitieron finalmente operar en Coahuila: A la familia de esta casa se la llevaron, la dejaron destruida y está frente a la presidencia municipal, a la policía, ante sus narices ocurrió todo y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque son los mismos, expresa visiblemente enojada Elizabeth Martínez quien camina por la calle Ramos Arizpe en dirección oriente cruzando la plaza principal.

La mayoría de los secuestros sucedieron en marzo de 2011, pero hay registros de desapariciones masivas entre 2009 y 2015 en Piedras Negras y en toda esta región rica en minería conocida como Los 5 Manantiales, que incluye a los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza.

Durante estos años en Coahuila han gobernado los priístas Humberto Moreira (2005-2011), relevado durante unos meses por Jorge Juan Torres López, uno de los ex mandatarios estatales más buscados por la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusado de lavado de dinero en aquel país, y cuyas propiedades y cuentas bancarias fueron congeladas por supuestos nexos con el narcotráfico. Y también por el actual gobernador Rubén Moreira.

Los tres están señalados en una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) que los parientes de las víctimas, agrupados en Familias Unidas, preparan a través de la Federación Internacional de Derechos Humanos, integrada por 178 organizaciones de más de 100 países.

“Es una denuncia por crímenes de lesa humanidad y de Estado. Ellos están obligados a vigilar por la seguridad de los ciudadanos, son los superiores jerárquicos de las corporaciones policiales”, resalta en entrevista con La Jornada, Ariana Denisse García Bosques, abogada de Familias Unidas, que agrupa a parientes de desaparecidos de la región de Los 5 Manantiales y Piedras Negras.

Ocultamiento de información

Algunos de los testimonios sobre las desapariciones y matanzas masivas refieren la participación de los policías del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila, denunciados además por desaparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas.

García Bosques asegura que las desapariciones siguen sucediendo: “En los pasados tres meses ha habido dos levantones con tintes de posible secuestro en Piedras Negras, pero el procurador dice que no es así, entonces pensamos que es una desaparición forzada. Hay videos y no se investiga”.

En el caso de Allende, enfatiza, el Estado ha cometido graves errores que podrían constituir delitos por omisión o acción, como entregar tierra en lugar de restos a los familiares.

Hace dos años, el gobernador Rubén Moreira reconoció que las cajas con presuntas cenizas entregadas a familias de desaparecidos de Allende, Piedras Negras y la región de Los 5 Manantiales en realidad no contenían restos humanos, sino tierra.

Se consensó con las familias para hacer una entrega de duelo, por lo que me están diciendo (Armando Luna Canales, secretario de Gobierno, y Homero Ramos Gloria, procurador de Justicia del estado) es tierra del sitio. No se había querido decir por respeto a las familias, en el proceso del duelo hay cosas que son muy importantes y ahí lo que pasó fue una tragedia, señaló el gobernador.

Lo anterior indignó a las familias que no han tenido acceso al expediente judicial, a pesar de que supuestamente ya hay una decena de personas encarceladas por las desapariciones y masacres.

Hay personas procesadas y sentenciadas, aunque con apelación y cabe la posibilidad de que obtengan su libertad. Se habla de otras órdenes de aprehensión, pero no lo hacen del conocimiento de los familiares, es obvio que hay una negativa, advierte la abogada.

Explica que los familiares de las víctimas promueven juicios de amparo y atienden el nuevo sistema acusatorio, a fin de solicitar garantías para que los parientes tengan acceso a los expedientes:

Es evidente que hay un ocultamiento de la información y creemos que es porque han alterado varios hechos y pruebas. Por ejemplo, en 2014 el procurador declaró que habían localizado 4 mil fragmentos óseos y luego dijo que de todos estos no era posible su cotejo con el perfil de ADN de las familias, para concluir después con la entrega de actas de defunción por supuesta localización de partes humanas, pero resulta que en lugar de restos, entregaron tierra.

Sin voluntad de hacer justicia

En estos días se desarrolla un juicio en la Corte Federal de San Antonio, Estados Unidos, contra el narcotraficante de Los Zetas Marciano Millán Vázquez, El Chano, por crímenes cometidos en el municipio de Allende y Piedras Negras. El fiscal Russel D. Leachman presentó 10 cargos en su contra, mientras en Coahuila no se le investiga.

En una de las audiencias, un testigo protegido, también detenido por tráfico de drogas, declaró que Millán Vázquez lo obligó a presenciar cómo asesinaba a un grupo de personas, entre ellas una niña de seis años a quien, frente a sus padres, fue cortando con un hacha mientras le decía a su papá: Así me puedes recordar.

Otro testigo, identificado como J. Rodríguez El Pollo, declaró que Los Zetas le informaron que 300 personas fueron asesinadas a tiros para después ser quemadas, contrario a la versión del gobierno que señala que sólo hubo 28 víctimas.

Para las familias este juicio que se desarrolla en Estados Unidos es muy importante, enfatiza la abogada, porque afirma que no hay voluntad de hacer justicia ni ayudar a las familias, a pesar de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solicitó los documentos a la gente cercana, nunca hizo nada, ni tampoco las instituciones locales: Nos hemos dado cuenta que una y otra vez, las autoridades de Coahuila cambian la versión de lo acontecido en Allende, expresa García Bosques.

Comenta que para acreditar lo sucedido donde participaron Los Zetas como crímenes de Estado pretenden demostrar que la participación de las autoridades fue por acción o bien por omisión: “Este grupo de la delincuencia pagaba por acallar o que le dejaran hacer lo que estaban haciendo. Y ellos permitieron que acontecieran todos estos delitos. En su momento tiene que acreditarse esa línea de investigación. Esto va a la CPI porque hay un señalamiento directo entre los autores de estos crímenes de lesa humanidad, incluso nosotras mismas estamos en riesgo”.

Añade: No es posible que el Estado no se diera cuenta. No pueden decir que las autoridades desconocían lo que estaba sucediendo en Allende, en especial Armando Luna Canales, quien ha permanecido en puestos desde 2005 hasta 2015.

Según los testimonios de familiares y vecinos, las víctimas eran sacadas de sus casas y llevadas a inmuebles de seguridad o bien al Centro Penitenciario de Piedras Negras, algo que acredita el crimen de Estado.

Existe la posibilidad de que 150 personas hayan sido introducidas al Centro Penitenciario de Piedras Negras para ser cocinadas, calcinadas y luego arrojadas a un río, según confesiones de detenidos dentro de ese penal. Por testimonios sabemos que esto fue posible, lo que no es prudente es que el Estado se atreva a decir la cantidad de gente que fue introducida sin tener una certeza de qué personas fueron.

Ariana Denisse García Bosques comenta que caminar por las calles de esta región, entre casas quemadas y destruidas, es negarse a olvidar para buscar justicia: Esto es persecución política por intereses, aunque haya sido un grupo de la delincuencia, sabemos las estrategias que un Estado maneja para implantar terror.