Ciudad de México.

Las dietas no saludables son causantes de una de cada cinco muertes a escala mundial. Los principales factores de riesgo son el sobrepeso y obesidad, la presión alta y las diversas complicaciones asociadas, advirtió el Foro de Salud del Reino Unido (UK Health Forum –UKHF–) en un libro donde se analiza la política de 12 países, México entre ellos, donde los conflictos de interés afectan el funcionamiento del organismo encargado de evaluar la política pública en la materia.

La obra resalta que los países están comprometidos con los objetivos para el desarrollo sustentable que, entre otros, se refieren a terminar con el hambre y la desnutrición para el año 2030. A la vez, dice, han surgido programas para abatir el exceso de peso corporal y enfermedades vinculadas con los hábitos alimentarios de las personas.

En octubre de 2013, el gobierno de México puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, como parte de la cual se creó el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (Oment). Este es el órgano asesor de la Secretaría de Salud (Ssa) para la evaluación y diseño de las acciones tendientes a revertir esos problemas de salud.

El Oment está integrado por organizaciones civiles y académicas, pero lo que observaron los investigadores que elaboraron el capítulo relativo a México en el libro Salud pública y la industria de alimentos y bebidas: la gobernanza y la ética de la interacción, a partir de las lecciones extraídas de la investigación, las políticas y la práctica de UKHF, es que al menos la mitad de los integrantes tiene algún vínculo o de plano es financiado por la industria de alimentos y bebidas.

Eso explica claramente, que en el país no haya avances para disminuir el sobrepeso y obesidad, afirmó ayer Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

El libro de UKHF resalta la exclusión en el Oment de los grupos que han sido clave para lograr la aplicación del impuesto a bebidas azucaradas y a los alimentos con nulo contenido nutrimental, así como de otras acciones para revertir el problema del sobrepeso y obesidad en el país.

Calvillo comentó que esta integración del observatorio la heredó el secretario de Salud, José Narro, quien a su llegada a la dependencia federal reconoció la importancia de trabajar y escuchar a todos los sectores.

A partir de esa visión, a finales de 2017 se crearon mesas de trabajo, con organizaciones civiles e investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, donde se realizarían las evaluaciones y actualizaciones de las acciones de la estrategia nacional.

No se pudo avanzar, comentó Fiorella Espinosa, investigadora de El Poder del Consumidor, porque en las reuniones sobre los criterios nutrimentales, los representantes de la industria se opusieron a modificar, por ejemplo, los niveles máximos de consumo de azúcar por día. Hace unos días, luego de siete sesiones, el representante de la Ssa dio por terminada la discusión e informó que la dependencia federal tomaría las decisiones al respecto.

Una vez más comprobamos que la política pública para la prevención y control del sobrepeso y obesidad está totalmente intervenida por la industria, agregó.

Lo mismo ocurre con el tema del etiquetado de alimentos y bebidas que no se entiende, y a pesar de la evidencia, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) respondió que esperaría las opiniones del Oment.

El otro tema álgido es la regulación de la publicidad dirigida a la infancia. Los criterios vigentes prohiben la difusión de comerciales de alimentos calóricos y bebidas azucaradas de lunes a viernes de 14 a 19 horas y fines de semana de las 7 a las 19 horas. El problema es que los niños ven la televisión hasta las 22 horas y programas que no son infantiles.

Las autoridades en México deberían atender recomendaciones de la OMS y señalamientos de UKHF para evitar conflictos de interés en el diseño y aplicación de las políticas públicas de salud.