SACRAMENTO

El Procurador General de California, Xavier Becerra, advirtió que no tolerará alzas de precios con el pretexto de los incendios en el norte californiano. Los infractores pueden ser encarcelados y multados.

En tanto, hay al menos 15 incendios continúan activos.

Alrededor de 11,000 bomberos han contenido los fuertes fuegos en la mitad del estado, pero la amenaza sigue viva en los condados de Sonoma y Napa. Tras dos semanas de incendios los daños superan los 3,000 millones de dólares, y han dejado un saldo de 41 muertos y 80 desaparecidos.

Becerra llamó a la Asociación de Hoteles y Alojamiento de California, a la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Norte de la Bahía y a la Asociación de Apartamentos de California a educar a sus miembros sobre el estatuto contra el aumento de precios del Estado.

“A medida que los incendios forestales se disparan a través de California, es vital transmitir a todos que la ley de aumentos de precios de nuestro estado protege a las personas afectadas por una emergencia de la subida ilegal de precios en vivienda, gas, alimentos y otros suministros esenciales”, dijo.

“Este no es un asunto que tomo a la ligera: los incendios han cobrado numerosas vidas y han desplazado a miles de personas en nuestras comunidades. Como el principal agente del orden público del estado, estoy dispuesto a enjuiciar a aquellos individuos sin escrúpulos que intentan obtener ganancias a expensas de nuestros vecinos y amigos. Aliento a cualquier persona que conozca la subida de precios a que presente una queja de inmediato a través del sitio web de mi oficina, www.oag.ca.gov, o llame al (800) 952-5225 “.

Según la Sección 396 del Código Penal es ilegal cobrar un precio por un artículo que exceda, en más del 10 por ciento, el precio de ese artículo antes de la declaración de emergencia estatal o local. Esta ley se aplica a alojamiento en hoteles y servicios de vivienda de alquiler, reparación o reconstrucción, servicios de limpieza de emergencia, transporte y servicios de carga y almacenamiento. La ley también se aplica a quienes venden alimentos, suministros de emergencia, suministros médicos, materiales de construcción y gasolina.

Los infractores del estatuto de especulación de precios están sujetos a enjuiciamiento penal que puede resultar en un encarcelamiento de un año o una multa de hasta $ 10,000. Los infractores también están sujetos a acciones civiles que incluyen sanciones civiles de hasta $ 5,000 por violación, medidas cautelares y restitución obligatoria. El Fiscal General y los fiscales de distrito locales pueden hacer cumplir el estatuto.

Por su parte, el Consulado de México ofrece apoyos de emergencia para afectados por los incendios. En  el caso de trabajadores de viñedos se brindará atención médica y asesoría en cuanto a sus derechos laborales.

“Alcanzamos a salir corriendo con lo que traíamos puesto”: hispanos que lo perdieron todo en los incendios de California

Isaias Alvarado/Univision

La ropa sucia que trae puesta Pedro Contreras es lo único que pudo rescatar de su apartamento, en el norte de Santa Rosa, el cual terminó calcinado durante la madrugada del lunes 9 de octubre. El culpable fue el incendio Tubbs, el peor entre una veintena de fuegos que han cobrado la vida de 41 personas y que han dejado hechas cenizas miles de estructuras y acres en el norte de California.

“Todo se quemó, las cositas que fuimos comprando: la tele, la ropa, todo. Alcanzamos a salir corriendo con lo que traíamos puesto y con una muda”, dijo a Univision Noticias Contreras, quien desde hace más de una semana vive con su esposa y sus dos hijos adolescentes en la casa de un amigo. Sus ahorros se le están acabando y sigue desempleado: una parte del viñedo donde trabaja se carbonizó.

El golpe que esta tormenta de fuego le ha propinado a la industria de los vinos en los condados de Napa y Sonoma ha dejado a la deriva a unos 15,000 inmigrantes hispanos que se dedican a cultivar las uvas. Sin ingresos seguros, se complica su recuperación económica.

“Andamos buscando trabajo en lo que caiga, en la jardinería, en la construcción, en lo que sea”,asegura Contreras, de 52 años y quien ha laborado en los viñedos desde hace más de 20 años. Es lo único que ha hecho desde que llegó de Michoacán.

Este martes, este mexicano acudió a un centro de acopio en Santa Rosa para tomar ropa usada para él y sus hijos. “La verdad no me siento bien, pero vamos a salir adelante”, dice.

Antes de esta catástrofe en la zona vinícola californiana ya era precaria la situación de los latinos en Sonoma. Su ingreso promedio por familia en 2012 era de 43,000 dólares al año, casi 17,000 dólares menos que los blancos, según estadísticas oficiales. Este grupo constituye el 25% de una población de más de 483,000 personas. Se estima que uno de cada cuatro inmigrantes en esa región (alrededor de 38,500 habitantes) no tiene documentos migratorios.

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 “Si no hay de otra me regreso a México”

“Ahorita no sabemos qué va a pasar, ya ves que varios campos se quemaron”, comentó por su parte Arturo González, un mexicano que desde hace 15 años se dedica a cultivar uvas. Su hogar en Santa Rosa se salvó de los incendios, pero el viñedo que lo contrata no tuvo la misma suerte. La semana pasada solo trabajó dos días, una reducción salarial que lo tiene muy preocupado.

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“De la uva he mantenido a mi familia, me ha dado trabajo y dinero para pagar la renta”, explica.

González, de 43 años, es casado y tiene cuatro hijos, de entre 11 y 22 años. La mayor parte de su vida se ha dedicado al campo. En su natal Michoacán cultivaba limón, por eso no le costó adaptarse a las duras jornadas en los viñedos de Sonoma. Le pagan 2.60 dólares por cada bandeja con 40 libras de uvas. Su récord es de más de 50 bandejas y una paga de 150 dólares en una mañana. Aunque termina agotado.

“Le tienes que dar con todo, pasas por debajo de alambres y de mangueras, como soldado y vas corriendo a entregar la bandeja y regresas rápido a llenar otra”, cuenta sobre su labor.

Él explica que las uvas que no se quemaron quizás se hayan impregnado de humo y no sirvan para la producción de vinos.

Este michoacano ahora quiere dedicarse a la jardinería, pero nadie lo ha contratado.

Lo peor es que algunos hoteles, restaurantes, tiendas, fábricas y otras empresas que empleaban a migrantes también desaparecieron por los fuegos.

“Esto me ha afectado mucho porque no tengo ingresos, no tengo ahorros, yo vivo al día”, lamentó José Domínguez, originario de la Ciudad de México y quien se dedica a la carpintería. El edificio donde él trabajaba se vino abajo por la lumbre y lo evacuaron porque vive cerca de Coffey Park, el barrio que casi desapareció por el incendio Tubbs. No fue a un albergue porque un familiar le ofreció su casa.

José Domínguez observa unos zapatos usados en un centro para damnificado...
José Domínguez observa unos zapatos usados en un centro para damnificados en Santa Rosa, California. Isaias Alvarado

“Mi primo me dio la mano, me dijo que me podía quedar en su casa el tiempo que quisiera y me ha ayudado con la comida”, agradece Domínguez, cuya familia en el centro mexicano recién sobrevivió a otra tragedia: el sismo de 7.1 grados que cobró la vida de casi 400 personas.

Otro de los damnificados es Paulo Álvarez, quien emigró hace un año de Michoacán a Sonoma. A sus 52 años, las jornadas en los viñedos ya le pasan factura. “Ni en México he trabajado así de duro, allá no te traen corriendo”, compara.

Pero ahora lo único que quisiera es tener seguro ese difícil trabajo para reunir la remesa que envía a su esposa y sus cinco hijos en su comunidad de origen. “Si ya no hay trabajo vamos a vender botes (de aluminio en las recicladoras). No hay que agüitarnos (entristecer). Y si no hay de otra, pues me regreso a México”, dice.