Sus emanaciones tóxicas han enfermado a residentes de Paramount, incluso de cáncer, acusan vecinos. Alertan que ciudades aledañas, entre ellas Downey, la llamada Beverly Hills de los latinos, también puede estar siendo afectada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

  PARAMOUNT.

“¡We want clear air!”.

Es el grito reiterado de una treintena de personas en  la vía pública. Esa demanda la apoyan con pancartas cuyas leyendas denuncian a la empresa Medical Wastes Services Company, que opera en la ciudad de Paramount.

La culpan de emitir gases tóxicos, uno de ellos, el cromo 6, al que atribuyen  la causa de enfermedades  que – afirman- derivan, incluso, en cáncer.

En aquel espacio, de inmediato el olfato identifica un olor parecido al gas.

“Los habitantes de acá no perciben esos olores como los de personas que vienen de fuera”, afirma José de León, quien se postuló como candidato a concejal de esa ciudad.

Ha sido, explican algunos manifestantes, una lucha difícil. Primero, porque hubo que sortear la resistencia de los propios vecinos para unirse y reclamar.

Luego, porque las autoridades de la ciudad los ignoraron, como lo contó de León.

Ahora, ya han creado la Coalición Comunitaria en Contra de las Toxinas con casi un centenar de miembros. Y quieren seguir creciendo, aglutinando no sólo con residentes de esa urbe sino de otras ciudades aledañas, que pudieran ser víctimas  de ese detritus tóxico emanado por la empresa como consecuencia de la incineración de equipos médicos y de laboratorio. De León, incluso, considera que también son cremados restos humanos.

Alerta:

“El viento no tiene frontera. Compton, Downey, Bellflower, Long Beach pueden estar siendo afectados. Las autoridades quieren monitorear esas áreas por temor a que se expanda el cromo 6”.

En el grupo de quejosos había niños y un deshabilitado, sin piernas, en silla de ruedas y con una pancarta. Unos estaban en la esquina de Garfield y Quimby – donde está ubicada la firma-, otros en ambos lados de las aceras de Garfield. Pasaban vehículos y sonaban sus cláxons, en señal de solidaridad con sus demandas.

Maria Elena Lama y Martha Camacho se apostaron frente a la empresa – en el 7321 de Quimby Street- con dos cartulinas, una de las cuales pide que le nieguen el permiso de operación y el otro con un: “No en nuestra ciudad”.

De León cuenta que desde el 2012 decidió involucrarse en esa lucha, motivado por la salud de su hija de once años.

MUY CERCA DE UNA ESCUELA

La empresa ya lleva una década funcionando. Está cerca a unos 300 metros de la escuela primaria Howard Tanner. Fue, precisamente, la maestra Liza Lapi, la que dio la voz de alarma ya que hay cuatro mentores de ese plantel y dos alumnos que pueden tener cáncer por las emanaciones tóxicas de la compañía.

El gobierno de la ciudad – agrega De León- ha contratado científicos para desacreditar al movimiento de vecinos.

Los vecinos, por su parte, ya han acudido al Distrito para la Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur (ISCAQMD, siglas en inglés), que examina la solicitud para concerder permiso para operar un sistema de destrucción de desechos médicos de la citada compañía.

Y le demandan que no le conceda la autorización. De León indica que, por ley,  una instalación de esta naturaleza y peligrosidad no puede estar en áreas residenciales sino a 20 millas fuera de las ciudades.

Indica que cuando estuvo en campaña electoral advirtió que hay vecinos con problemas respiratorios a causa de la toxicidad de la Compañía Medical Wastes Services.

En su propaganda, la coalición explica:

“Esta planta emite compuestos tóxicos en el aire que respiramos que contamina el aire, la tierra y el agua que daña todo tipo de vida. Si estos desechos no son destruidos o desechados correctamente los compuestos tóxicos como las dioxinas y los cancerígenos están asociados con una variedad de problemas de salud como el cáncer, trastornos hormonales y problemas reproductivos. Estos químicos tóxicos son especialmente dañinos para los niños, embarazadas y personas mayores”.

Los vecinos luchan contra el tiempo. Llaman a la comunidad a manifestar su rechazo a esa compañia y a que le neguen el permiso, comunicándose con Andrew Lee, gerente de calidad del aire, ingeniería y permisos de SCAQMD, al número telefónico 909- 396 26 43. La dirección es: 21865 Copley Drive, Diamond Bar, CA 917654182.

Tienen un lapso de 30 días para llevar a cabo estas tareas.

Además, los interesados en solicitar una junta con SCAQMD pueden comunicarse con Magdalena Tran, al 562 412 3680.

Asimismo, los vecinos ya tienen un abogado que presentará una demanda a la compañía: Michael P. Kelly.

Martha Camacho hizo saber que durante una reciente reunión, el abogado Kelly les dijo que ha recibido quejas de los vecinos que padecen ronchas, quemaduras, picaduras en la piel, problemas neurológicos, para caminar, respirar, con bronquitis, asma, pérdida de cabello y unos están temblorosos.

El jurista ha hecho un llamado para que se sumen a la demanda el mayor número de vecinos, incluyendo los de ciudades aledañas que consideren que están siendo afectados.

El número telefónico del abogado Kelly es: 213 977 0214 y su correo electrónico: mkelly@giraardkeese.com.

AMBIENTE SALUDABLE, DICE LA EMPRESA

En su página de Internet, la compañía asegura que es un servicio privado de gestión de desechos médicos en California que ofrece más beneficios ambientales que cualquier otro proveedor de servicios.

Cita:

“Poseemos y operamos una instalación de tratamiento de última generación, ambientalmente responsable, de Paramount, CA.

“Tratamos TODOS los tipos de desechos médicos regulados en California (la única compañía en California permitida para hacerlo)

“Tenemos un registro impecable de conformidad con todas las autoridades reguladoras, además de que estamos totalmente autorizados, permitidos y asegurados

“Utilizamos depósitos de residuos antimicrobianos propietarios, limpios, conformes y reutilizables

“En MWS, respetamos su negocio con un gran servicio y precios competitivos, no estrangulando contratos ni amenazas. Permítanos ayudarle a llevar a su comunidad hacia un ambiente más seguro y saludable para todos”.