Se trata de madres y familiares de migrantes desaparecidos procedentes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, quienes en conferencia de prensa dijeron que sus familiares se cuentan entre las víctimas de la participación de las fuerzas armadas mexicanas en tareas de seguridad pública.

La Caravana recorre varios estados del país y en esta capital marcharon por el Paseo de la Reforma y se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos, a cuyo gobierno responsabilizan por políticas de seguridad que van contra los derechos humanos en México y la región.

Su pronunciamiento contra la Ley de Seguridad Interior coincide con la de organizaciones civiles que este jueves protestan frente al Senado de la República, donde los curules que predominan, los del Partido Revolucionario Institucional (en el gobierno) y el de Acción Nacional, se aprestan a agilizar la aprobación de esa legislación.

También contra la ley se pronunciaron el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ONU-Mujeres en México, y la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El presidente Enrique Peña Nieto instó a los senadores a abrir espacios al debate sobre esa iniciativa, que antes fue aprobada por la Cámara de Representantes.

Pero ante el receso navideño del Congreso, y las exigencias de las fuerzas armadas para tener un marco legal sobre todo en su participación contra el crimen organizado, parecieran decidir la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, con modificaciones, pero que no satisfacen a diversos sectores del país.