CIUDAD DE MEXICO
Ante el grave conflicto magisterial que vive el país, la afirmación irreductible hecha por el presidente Enrique Peña Nieto en su gira de trabajo por Canadá de que “[…] lo que no está el gobierno dispuesto a hacer es negociar la ley, ni ésta ni cualquier otra ni la ley educativa, ninguna otra está sujeta a negociación […]” corresponde a un régimen absolutista, en el que las leyes y normas jurídicas son inmutables y estáticas, teniendo como fuente la única y exclusiva voluntad del soberano. Con esta firmeza y claridad, el titular del Poder Ejecutivo ha mostrado al mundo su peculiar estilo de gobernar, en el que sólo cuentan las decisiones e intereses de la clase gobernante, en detrimento de la voluntad mayoritaria del pueblo.

Esta visión autocrática y monista del derecho está en abierta contradicción con dos de los postulados fundamentales que sustentan un régimen democrático: por un lado, el reconocimiento de que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y que el poder público se instituye para beneficio de éste, como lo establece el artículo 39 de la Constitución federal, y por el otro, la posibilidad de que este ordenamiento constitucional pueda adicionarse y modificarse en los términos establecidos en el artículo 135 de la Carta Magna.

Este principio constitucional, que se aplica a todo el conjunto del ordenamiento jurídico estatal, está plenamente acreditado por la teoría jurídica contemporánea. A este respecto, Rolando Tamayo y Salmorán, en su libro titulado Sobre el sistema jurídico y su creación afirma que “[…] los sistemas jurídicos no pueden encontrarse ni acabados ni en reposo. Por el contrario, los órdenes o sistemas jurídicos están siempre en movimiento continuo. Cambian constantemente de entidades y, por tanto, de criterios de identidad. El llamado ‘sistema jurídico’ no es sino una sucesión de sistemas jurídicos momentáneos, un proceso constante de creación normativa”.

Tomando como referencia las ideas de este destacado jurista mexicano, ninguna norma constitucional o legal que forma parte del sistema jurídico mexicano se encuentra escrita en piedra o permanece de manera estática, sino que está en un proceso constante de creación y transformación, tomando en cuenta el gran dinamismo de nuestras sociedades y el alto grado de injusticia y desigualdad que existe en el país.

Es en este marco normativo y conceptual como se debe atender y trazar una ruta de solución, especialmente en los diálogos que se están realizando en la Secretaría de Gobernación, a la exigencia del magisterio nacional de revisar y modificar las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución federal aprobadas por el Constituyente Permanente en 2013, y sus respectivas leyes secundarias, en particular la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

En este proceso de revisión y modificación se deberán tomar en cuenta las exigencias realizadas por el magisterio y la sociedad en general, a fin de construir un nuevo modelo educativo nacional. En particular, deberán considerarse los planteamientos que en diversos momentos han realizado los pueblos indígenas para que se reconozca el principio de la interculturalidad en el artículo tercero de la Carta Magna, como uno de los criterios rectores de todo el sistema educativo nacional.

Sobre esta base se tiene que revisar la cuestión de la evaluación educativa, que es uno de los puntos críticos de la reforma, para que en su implementación se tome en consideración la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestro país, así como las particularidades y aspiraciones específicas de los pueblos indígenas, en los términos dispuestos por el artículo 2 de la Constitución federal y los instrumentos internacionales en la materia.

Por eso, ante la gravedad del conflicto que se vive en diversos estados del país y por las evidentes resistencias del gobierno federal y de otros actores políticos para realizar la revisión constitucional y legal en materia educativa, es necesario convocar desde la sociedad civil a un amplio proceso de diálogo nacional, participativo e incluyente, que tenga como propósito fundamental analizar y construir propuestas e iniciativas para una auténtica reforma educativa que, con la voluntad de todas las partes, sea sometida al Constituyente Permanente a fin de hacer las modificaciones constitucionales, legales e institucionales que correspondan, y que sea el sustento de un nuevo modelo educativo nacional.

Se trata de una iniciativa que tiene el propósito de fortalecer la vía del diálogo como mecanismo idóneo para resolver el conflicto en cuestión, evitando el uso de la violencia que, como hemos visto en la represión de Nochixtlán, sólo ha traído mayor crispación y desolación para nuestra sociedad. Un diálogo que sea el mejor antídoto de las actitudes de desesperación de los distintos actores gubernamentales, que por distintos medios pretenden socavar y descalificar las legítimas aspiraciones del magisterio democrático, de nuestros pueblos y de la sociedad en su conjunto.