Organizaciones civiles y partidos de oposición sostuvieron que la Ley de Seguridad Interior fue aprobada con fallas inconstitucionales, que afectan los derechos humanos de los mexicanos.

La minuta será mañana discutida por el Senado de la República en medio de peticiones de desechar la propuesta que incluyen las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Jan Jarab, así como de decenas de organizaciones civiles mexicanos y del extranjero.

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Ciudad de México

Organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y diputados de oposición acusaron que la Ley de Seguridad Interior contiene fallas constitucionales que contravienen a los derechos humanos, por lo que pidieron no aprobarla.

El pasado jueves la Cámara de Diputados aprobó con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones la Ley de Seguridad Interior, y los último llamados a no aprobar la minuta se dan a tan sólo horas de que el Senado de la República la discuta y eventualmente la apruebe.

El Diputado Víctor Sánchez Orozco expuso que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aplicó la “aplanadora”, sin discutir a fondo la iniciativa, presentada por el jefe de la bancada del PRI César Camacho Quiroz en noviembre del año pasado.

“El PRI se aferró a sacar una ley que de origen es inconstitucional, porque el artículo 73 de la Constitución no da facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior”, señaló Orozco, quien fue coordinador de delegados regionales en la Procuraduría General de Jalisco.

El jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó la Ley de seguridad Interior. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro

En entrevista, el General Francisco Gallardo Rodríguez explicó que la minuta que está por aprobarse “no obstante que es de carácter ilegal, es inconstitucional porque contraviene los artículos 129 que tiene que ver con la civilidad del Estado, y que dice que en tiempos de paz, el Ejército no podrá realizar funciones”.

Sin embargo, la lista de inconstitucionalidades es más amplia. La organización Mexicanos Unidos enlistó entre otros artículos que se violentaron el número 21, que asigna las tareas de seguridad pública a las policías del país; y el 29, que dispone en qué casos se pueden suspender las garantías individuales.

“Creo que de origen es inconstitucional y en consecuencia, si en el Poder Legislativo alcanzamos el 33 por ciento de los diputados podemos ir a una controversia constitucional. Creo que la Suprema Corte de Justicia va echar para atrás esa ley”, sostuvo el Diputado Orozco.

La Organización de Naciones Unidas también manifestó su preocupación por esta ley y advirtió de posibles violaciones a la Constitución Política de México, así como inconvencionalidad “a los criterios que han planteado tanto organismos de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de derechos humanos”.

En una misiva enviada al Senado de la República, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso que una reforma así “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.
Y criticó que “la ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como ‘seguridad interior’, ‘acciones de seguridad interior’, ‘amenazas a la seguridad interior’, ‘riesgo a la seguridad interior’, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar de su relevancia.

La ONU y la CIDH se pronunciaorn sus preocupaciones respecto a la Ley de Seguridad Interior. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó en un comunicado su preocupación debido a que normalizaría la actividad de las Fuerzas Armadas en las calles. “En México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.

En su visita a México en 2015, la Comisión recordó haber constatado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad aumentó los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.

En el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas, de acuerdo con datos recolectados por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. En tanto que en 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron más de 10 mil 751 quejas.

La CIDH reiteró la recomendación hecha antes en el informe sobre los derechos humanos del país de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas, “las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente. Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado. En este sentido, es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.

RIEGOS CONTRA LA LIBRE PROTESTA

Esta mañana organizaciones de la sociedad civil como Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C. y Mexicanos Unidos advirtieron de los riegos que podría conllevar la ley de Seguridad Interior a la libre protesta.

El próximo julio México elegirá 3 mil 400 cargos a nivel local y federal, incluida la Presidencia de la República.

“Esta ley de seguridad interior es parte de una estrategia para atemorizar al pueblo de México, y hay coyuntura electoral. Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema y están pensando desde ahora cómo van a reprimir la protestas, porque ya se prevé el fraude”, sostuvo Enrique González Ruíz, miembro de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C.

Una óptica con la que concuerda el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso. “Se coarta el derecho a la libre manifestación. El Presidente quiere que nos manifestemos sin decir nada. ¿Cómo vamos a expresar nuestro malestar, si se supone que cuando alguien se manifiesta es porque hay una afectación de derechos?”, dijo el Diputado federal Alfredo Basurto Román, quien es miembro de la Comisión de Defensa.

Al preguntársele por qué no hubo participación dicha Comisión, como sí la hubo de la de Gobernación, explicó que “Se pidió más bien la opinión de la Comisión de Seguridad Pública, y se le dio otro tinte y jerarquización porque en la de Gobernación están todos los coordinadores”.

La ONU en su anexo a la carta enviada a la Cámara alta se pronunció en el mismo sentido: No obstante que la ley regula tanto las ‘amenazas a la seguridad interior’ como el ‘riesgo a la seguridad interior’, “la norma prevista en el artículo 8 sí incluye a la protesta dentro del ámbito material de la norma pues solamente impide que la misma sea considerada ‘amenaza’, más no ‘riesgo’.

Además, el hecho de condicionar las movilizaciones a su realización pacífica a efecto de excluirlas –parcialmente- del objeto material de la ley trastoca el principio de racionalidad y necesidad, pues permitiría que aquellas que no se realicen de manera pacífica puedan estar sujetas al alcance de la ley y de las autoridades encargadas de su aplicación, incluidas las Fuerzas Armadas. Lo anterior, al arbitrio de la autoridad”.

Diputados protestaron contra la Ley de Seguridad Interior, pero el PRI, sus aliados y una fracción del PAN avalaron la modificación constitucional el pasado jueves. Foto: Saúl López, Cuartoscuro

Para el Diputado federal, la discusión en el Senado mantendrá las posturas ya planteadas por las bancadas en la Cámara baja, y en donde el Partido Acción Nacional (PAN) se presentó dividido a la hora de votar con 48 abstenciones, 14 a favor y 17 en contra.

El Diputado panista Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, expuso que su bancada lamentó que la aprobación de la ley de Seguridad Interior no fuese acompañada con la aprobación de una Ley de Mando Mixto, que pondría a ciertas policías municipales bajo el mando estatal.

“[Los del PRI] se quieren congraciar con las Fuerzas Armadas aún cuando no represente una solución de fondo al país. Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas, fuimos el primer grupo político que presentó una iniciativa en noviembre del 2015 al respecto. Por eso la postura generalizada de abstención”, indicó.

La minuta ahora deberá ser discutida por el Senado de la República este martes en las comisiones de Defensa Nacional, Gobernación, Marina y Estudios Legislativos.

En redes sociales, doscientas organizaciones civiles que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra iniciaron una recolección de firmas (AQUÍ)  para que los senadores no den luz verde a la iniciativa presentada por el PRI, además de una campaña de correo electrónicos a los 128 legisladores que conforman el órgano legislativo para que voten en contra.

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