El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció ayer unrediseño global del proceso de evaluación docente implementado a partir de la reforma educativa, así como la presentación, en el plazo de una semana, del nuevo modelo de enseñanza y los planes de estudio correspondientes al marco legal vigente. Acompañado por el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, el titular del ramo afirmó que con las medidas anunciadas la evaluación se ajustará al contexto social y regional de los profesores, además de reconocer el enojo suscitado en amplios sectores del magisterio a raíz de la citada reforma.

Aunque debe esperarse la presentación puntual del rediseño en un plazo de 45 días, cabe saludar como señal positiva el que, por primera vez, el gobierno federal emita una muestra concreta de voluntad política para revisar un instrumento cuestionado de manera contundente por los profesores y aprobado de manera unilateral por el partido gobernante y sus aliados en el extinto Pacto por México (PAN y PRD).

Sin embargo, están por verse los efectos reales de lo anunciado ayer en la distensión del conflicto magisterial, ya que el responsable del ramo y el sindicato oficialista fueron desconocidos como interlocutores por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al término de su encuentro con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en un proceso paralelo de conversaciones para la instalación de una mesa de negociación política.

En este punto es importante recordar que el magisterio disidente nunca se ha opuesto a toda forma de evaluación de su actividad; por el contrario, se ha movilizado en contra del espíritu punitivo y persecutorio del actual esquema evaluativo, en el cual se dejó de lado el mejoramiento de la educación por estar centrado en los procedimientos para contratar y despedir al personal docente, al cual se busca responsabilizar prácticamente de todos los problemas educativos existentes en el país. En este sentido, los maestros inconformes con la reforma educativa han señalado en reiteradas ocasiones la ausencia de los aspectos presupuestarios y didácticos, como factores explicativos en el deterioro de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Sin desestimar la importancia del giro presentado ayer en el tratamiento del conflicto magisterial, es preocupante que tal viraje se produzca después de meses de movilizaciones que han tenido un efecto disruptivo en la cotidianeidad de amplias regiones del país, y que en las semanas recientes vivieron una escalada con saldos trágicos durante las tentativas de contención emprendidas por las fuerzas policiacas. Es lamentable, pues, que la visión institucional mostrada ahora, al rencauzar la transformación del sector educativo, haya estado ausente durante el diseño mismo de la reforma, ante todo si se considera que la polarización social y los múltiples agravios de los meses precedentes se habrían conjurado al incluir a los afectados en la redacción original de los cambios constitucionales promulgados hace casi tres años.

La trascendencia del tema requiere de que todos los actores desplieguen una decidida voluntad de diálogo y entendimiento. En ese espíritu, es necesario que el nuevo modelo de evaluación responda efectivamente a las necesidades educativas y no consista un distractor o una mera maniobra dilatoria en el pulso que el gobierno federal sostiene con el magisterio disidente.