No devino de improviso, tampoco terminó el episodio sin dejar huella alguna. Pero inocultables evidencias apuntan, con claridad, a unos cuantos responsables. La matanza de Nochixtlán, Oaxaca, es, sin duda, consecuencia casi inevitable de una cadena de acciones desatadas, con premeditación, incontrovertidos deseos de control y abundancia de recursos, desde lo alto de la pirámide del gobierno federal. Meses de intensa propaganda antimagisterio la han precedido. Estudiadas poses de altiva e impostada autoridad, frases altisonantes y sentencias condenatorias se desgranaron en sucesión inacabable sobre la ya de por sí atemorizada población. Se prescindió del mínimo antídoto para rebajar su helada dureza interna. La violencia siempre es precedida por las palabras que la incitan de varias maneras. Los maestros y sus agrupaciones gremiales apechugaron las sentencias dictadas desde lo alto: ladrones, irresponsables, vándalos, incorregibles alborotadores, manipuladores de prebendas, enemigos de la niñez desamparada y del progreso de la patria son sólo algunos de los epítetos a los que se hicieron merecedores. El incitador de las andanadas despacha en la otrora oficina de Vasconcelos. Él, con sus corifeos al lado, se erigió como centro neurálgico, fuerza inapelable de los dictados del y desde el poder.

La susodicha reforma educativa ha sido la bandera tras la que se cobijan ambiciones de diversa laya. En su defensa no caben blanduras, se ha dicho de manera repetida. El gobierno federal cuenta, bien se sabe, con el peso de los sables, las cárceles, jueces sometidos y macanas. La formación de la niñez exige, así lo han asentado los mandos burocráticos, férrea voluntad para su completo despliegue, para su valiente promoción y cabal cumplimiento: la ley no se negocia, retumba una y otra vez en el oído colectivo. Nada de cesiones ante las ilegítimas presiones de supuestos mentores para detenerla y tergiversar sus propósitos. No se permitirá manosear tan prometedores textos de ley. Hay, dijeron de manera renovada, completa voluntad para llevarla hasta sus últimas consecuencias.

Mientras esta batalla se lleva a cabo, uno, dos o tres gobernadores se protegen a cielo abierto para regodearse, de aquí a varias generaciones sucesivas, con los recursos escamoteados al erario de sus estados. Juntos forman una pandilla de maleantes cobijados, con fiero celo protector, desde la mera cúspide política. Hasta protección por 15 años se asignan sin que autoridad alguna les marque el alto.

Ahora se puede ver, con claridad meridiana, cuál es el pensamiento que la ata a la susodicha reforma: el combate frontal, aunque encubierto, al sindicalismo. En especial a ese sindicalismo que se niega a doblegarse ante una displicente, soberbia y pretendidamente legítima autoridad. La íntima conexión que existe entre sindicalismo e igualdad en una sociedad cualquiera es la real, efectiva molestia que carcome a los proponentes de la continuidad de un, ciertamente, perverso modelo. El modelo que beneficia a los pocos es absolutamente prioritario para los que mandan. Nada puede ni debe oponerse a su continuidad. Ante cualquier obstáculo hay que actuar sin contemplaciones, sin parar en derechos humanos de opositores. Ante el reino de la acumulación nada hay de valor semejante que pueda siquiera atemperar su aplicación tajante. Nada de este tipo de alarmas sociales es exagerado. Sólo en aquellas naciones donde el sindicalismo es una fuerza integrada, activa y real se apaciguan los excesos de la desigualdad insertada en el neoliberalismo dominante. Los trabajadores franceses dan por estos días fehaciente testimonio de esta disputa sin cuartel. De ahí la despiadada campaña contra esas redes de defensa que aún perviven en ciertas comunidades. Aquellas comunidades tildadas de atrasadas, necias, reactivas a la modernización, al progreso que mueve y habita en las cimas del poder de la República priísta tendrán que ser sometidas sin contemplaciones. Lo sucedido en Oaxaca no es, entonces, algo más que un desenlace obligado de tal pensamiento autorita­rio de derecha.

A más de una semana de lo ocurrido todo se ha enredado en una densa nebulosa que busca olvido. La investigación obligada no encontrará culpables y menos habrá castigos. Pero el dictamen oficioso es terminal: su epicentro se encuentra en criminal oficialismo, tanto local como federal, y embadurna a sus altas esferas.