Tras una denuncia anónima, integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA), localizó aproximadamente3.000 restos en un terreno ubicado en Coahuila. Al parecer, las víctimas fueron calcinadas en tambos de diesel.

Una llamada anónima avisó a una de las integrantes del grupo VIDA que un terreno del ejido de San Antonio el Alto era utilizado por presuntos integrantes del crimen organizado para desaparecer a sus víctimas.

El grupo VIDA, en plena búsqueda de restos humanos

El grupo VIDA, en plena búsqueda de restos humanos

Los familiares de personas desaparecidas se dirigieron al lugar por primera vez el sábado para realizar la búsqueda. En el lugar hallaron casquillos, zapatos, ropa, dientes y 3.000 restos óseos calcinados, informó la organización.

El número de personas asesinadas podría aumentar porque los restos fueron hallados sin excavar ni cibrar.

Peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) enviarán los restos a un laboratorio paticular de la Ciudad de México para lograr su identificación.

La vocera del grupo VIDA, Silvia Ortiz, dijo que solicitarán el apoyo de las autoridades para que realicen un operativo como el que llevaron a cabo para rescatar los 3.844 restos calcinados en el ejido de Patrocinia, en octubre de 2016.

Ortiz explicó entonces que los Zetas queman los cuerpos de sus víctimas para dificultar el proceso de identificación.

Desde 2015, la organización de búsqueda de personas desaparecidas ha ubicado 90 mil restos óseos en al menos 40 fosas clandestinas de los poblados de Santa Elena, San Antonio de Gurza, San Pedro y en Estación Claudio, de la zona de La Laguna.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), en Coahuila, solo opera el grupo delictivo del Cártel de Sinaloa. Aunque el director de la Iniciativa Latinoamericana de la Universidad de Texas, Ariel Dulitzky, señaló en noviembre que los Zetas también disputan el territorio.

Dulitzky mencionó en el informe “Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila” que los Zetas, militares y funcionarios de la PGR estaban involucrados en amenazas a testigos para investigar el comercio de drogas y la desaparición de personas en la entidad.

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