La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohíbe expresamente a los ministros religiosos asociarse con fines políticos.

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En los próximos días, la Secretaría de Gobernación (SG) recibirá de-nuncias en contra de jerarcas católicos de Aguascalientes acusados de haber hecho proselitismo para las elecciones del 5 de junio.

Funcionarios de la dependencia informaron lo anterior, aunque se reservaron la identidad de los denunciantes, con quienes ya están en comunicación para detallar el procedimiento del trámite.

Procesar la queja sería relevante en sí porque en el pasado Gobernación ha investigado y sancionado, principalmente, a pastores evangélicos, no así a católicos, e incluso ha devuelto los expedientes a las autoridades electorales bajo el argumento de que ellas compete fijar la consecuencia de la falta.

En 2011 los consejeros y magistrados electorales pidieron a Gobernación sancionar al vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar, quien llamó a no votar por el PRD, partido en favor de la legalización del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo.

La dependencia federal instaló una comisión sancionadora, tal como establecen la ley y reglamento de Asociaciones Religiosas y Culto Público, pero el grupo sólo se pronunció por apercibir a Valdemar y a su asociación, esto es, la infracción mínima que establece la norma. La máxima hubiera sido la cancelación del registro de la Arquidiócesis.

Enseguida vino un debate por la jurisdicción del caso; el gobierno federal, en el sexenio de Felipe Calderón (PAN), dijo que correspondía al entonces Instituto Federal Electoral determinar lo correspondiente por violaciones al código electoral, mientras los consejeros señalaban que la responsabilidad era del Poder Ejecutivo.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohíbe expresamente a los ministros religiosos asociarse con fines políticos y realizar proselitismo a favor o en contra de candidatos, partidos o asociación política alguna.

En mayo pasado, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que estas uniones adopten hijos. Según algunos analistas, esa propuesta influyó para la derrota del PRI en diversas entidades.

En rechazo a la iniciativa presidencial, el obispo de Aguascalientes, José María Torre, declaró que “lobbys minoritarios, con sorprendente éxito, han venido imponiendo su agenda con la instrumentación de la Organización de Naciones Unidas con nuestros países y apoyados por inmensos capitales. Apoyan supuestos derechos e igualdad: ellos mismos son los que financian el aborto y otras atrocidades”.

Al igual que lo hizo en 2014, cuando comparó las relaciones homosexuales con la zoofilia, el obispo aludió a la objeción de conciencia y, por tanto, a la libertad de expresión. “El día de mañana (llamarán) a atacar (…) a sacerdotes supuestamente porque somos homófobos. ¡Al secretario de Gobernación le encomiendan eso!”, sostuvo.

La objeción de conciencia y la libertad de expresión son el centro del debate y la denuncia contra prelados de Aguascalientes que se presentaría la semana próxima, acorde con altos funcionarios de la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong.