Juez blinda a los suegros de Duarte y encarcelan a su ex jefe de seguridad pública; Fidel Herrera, amparado

02/03/2017 21:54

Los suegros del prófugo Javier Duarte obtuvieron un amparo para evitar ser detenidos por la PGR, pues según un Juez federal, la indagatoria en contra del ex Gobernador de Veracruz y los delitos que este pudo haber cometido no tiene nada que ver con ellos. Mientras que Fidel Herrera también logró un amparo que le impide […]

Fidel Herrera y Javier Duarte

Los suegros del prófugo Javier Duarte obtuvieron un amparo para evitar ser detenidos por la PGR, pues según un Juez federal, la indagatoria en contra del ex Gobernador de Veracruz y los delitos que este pudo haber cometido no tiene nada que ver con ellos. Mientras que Fidel Herrera también logró un amparo que le impide a las autoridades, de manera provisional, ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

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Los suegros del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y Fidel Herrera Beltrán, tambén ex mandatario de la entidad, no podrán ser detenidos gracias a los amparos que este día les fueron otorgados.

Un Juez federal prohibió por tiempo indefinido a la Procuraduría General de la República (PGR) solicitar una orden de aprehensión en contra de Jesús Antonio Macías y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, padres de Karime Macías Tubilla, esposa del prófugo Javier Duarte.

La suspensión definitiva en contra de los suegros del ex priista impide que la PGR resuelva la indagatoria antes de que se determine en definitiva la demanda de garantías que ellos presentaron contra la pesquisa federal.

“Se concede la suspensión definitiva para el único efecto de que continúe con la investigación de la carpeta de investigación […] y ésta no se determine hasta en tanto la autoridad responsable sea notificada del auto de ejecutoria que se dicte en [el amparo]”, dice el fallo del Juez.

También suspendió por tiempo indefinido cualquier orden de localización y presentación que pudiese haber sido librada en contra de los padres de la ex Primera Dama veracruzana por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), área encargada de la investigación.

El fallo judicial ordena a la PGR dar acceso a los suegros de Duarte de Ochoa a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/201 y su acumulada FESP/013/2016, la única en la que tienen calidad de investigados.

De acuerdo con el documento, Jesús Antonio Macías ya rindió su declaración en calidad de imputado en la citada carpeta que integra la PGR.

Los padres de Karime Macías también solicitaron en su amparo acceder y tener el derecho de defensa en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/001653/2016, sin embargo, en este caso se les negó la suspensión definitiva porque la PGR informó al juez que en ese expediente no tienen calidad de víctima, ofendido, imputado o defensor.

CONCEDEN AMPARO A HERRERA

Un juez de Distrito con en sede en Xalapa concedió una suspensión provisional al ex Gobernador Fidel Herrera Beltrán para evitar que sea detenido.

El Juez otorgó la suspensión como parte de un amparo promovido por abogados del ex Cónsul y fijó una garantía de dos mil pesos para que la medida siga surtiendo efectos.

El amparo fue promovido ante un Juzgado del Estado de México, que se declaró incompetente en razón de territorio y remitió el asunto a Veracruz.

Al igual que con los suegros de Duarte de Ochoa, la Fiscalía General del Estado (FGE) y los jueces penales de la entidad deberán informarle a Herrera Beltrán sobre las carpetas de investigación o posibles órdenes de presentación o aprehensión en su contra.

Será hasta el próximo 9 de febrero que se decida si se le concede al ex mandatario una suspensión definitiva.

Fidel Herrera es acusado, igual que Javier Duarte, de haber comprado y suministrado medicamentos apócrifos para el tratamiento de niños con cáncer.

Esta semana, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) afirmó que no se han encontrado pruebas que confirmen la acusación del actual Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvo a Arturo Bermúdez Zurita, quien se desempeñó como titular de Seguridad Pública durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Sobre el funcionario pesan cargos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

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Arturo Bermúdez Zurita, aprehendido.

El ex funcionario se presentó esta mañana al juzgado en Pacho Viejo para responder sobre la audiencia mensual que tiene por sus otras acusaciones, y ya en las instalaciones, no fue dejado salir por personal de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. Fuentes del Poder Judicial confirmaron que es señalado ahora de enriquecimiento ilícito por un juez que lo está reclamando para analizar los cargos.

Al ser detenido, indican versiones del lugar de los hechos, el ex funcionario reaccionó de manera violenta y comenzó a amenazar al personal de la ministerial. “Que no sabían con quien se metían”, dijo. Bermúdez igualmente cuenta con denuncias ante la PGR por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, desaparición forzada y asuntos relacionados con la delincuencia organizada.

Bermúdez Zurita, originario de la Ciudad de México, fue funcionario del área de finanzas con Miguel Alemán Velasco. Posteriormente, apoyado por su cuñado, el ex Diputado Alejandro Montano, hizo carrera en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, como encargado del C-4.

En el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pasa a sub secretario de Seguridad Pública, cargo que deja para escalar a jefe a la salida del general retirado Sergio López Squer, después de que este fuera amenazado por un grupo de la delincuencia con diversos atentados.

Dejó la dependencia meses antes de concluir el gobierno de Duarte en medio de acusaciones por corrupción y la compra de residencias en los Estados Unidos. Grupos defensores de los derechos humanos han pugnado constantemente para que se le enjuicie e investigue por su participación en desapariciones forzada de jóvenes y homicidios.

El ex funcionario del Gobierno veracruzano es considerado por el actual mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, como el brazo derecho de Javier Duarte y quien presuntamente encabeza las operaciones de lavado de dinero en el Estado.

Bermúdez posee por lo menos 19 inmuebles en México y Estados Unidos, y es socio o dueño de 24 empresas de giros diversos.

La propiedades están en zonas exclusivas de los condados de Harris y Montgomery aparecen a nombre de la esposa de Bermúdez, Sofía Lizbeth Mendoza Hernández; de su hermano Miguel Ángel Bermúdez Zurita, y de sus sobrinos Jesús Gabriel Bermúdez González y Gerardo Bermúdez González.

A Arturo Bermúdez Zurita se le responsabiliza por el aumento de los crímenes en la entidad. Familias afectadas por la violencia en aquella entidad exigen que el ex funcionario responda por la probable participación de las fuerzas a su cargo en diversos hechos delictivos.

De acuerdo con familias afectadas por crímenes en Veracruz, el hoy ex funcionario debe responder también por la probable participación de las fuerzas a su cargo en diversos hechos delictivos, como los ataques a periodistas y defensores a derechos humanos e, incluso, en desapariciones forzadas.

El legado del funcionario policiaco en aquella entidad, que en el último sexenio se convirtió en la más letal para el ejercicio del periodismo. “Tiene un papel protagónico en la violencia contra la prensa, no sólo por el hecho de que agentes estatales están vinculados con las agresiones, sino por las omisiones en la prevención y la garantía de seguridad”, dice Leopoldo Maldonado, abogado de la organización de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19.

El pasado 19 de julio, Miguel Ángel Yunes, entonces Gobernador electo del lugar, dijo que el Gobierno de Veracruz mantiene adeudos de 72 millones de pesos con empresas pertenecientes a la familia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado, Bermúdez Zurita.

El panista detalló ese día que al revisar las cuentas del Gobierno, encontró que las empresas son propiedad de los hermanos y de la madre del aún funcionario estatal. Yunes aseguró que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa pretendió pagar con el 3 por ciento del impuesto a nómina, durante los próximos 10 años, la millonaria suma a las empresas de las que la familia Zurita presuntamente es socia.

Los presuntos implicados en esta red son los hermanos del Secretario de Seguridad Pública, Humberto Bermúdez Zurita, que son: Miguel Ángel Bermúdez Zurita, Jesús Gabriel Bermúdez Zurita, Carolina Bermúdez Zurita, María Guadalupe Bermúdez Zurita. Además, su madre, María Guadalupe Zurita García y Jesús y Gerardo Bermúdez González, también familiares de él.

La presunta red del titular de la SSP de Veracruz, en la que incluye a su madre y hermanos. Imagen: Especial
“Hay una relación de personas y de empresas y no se dice absolutamente cuál es la razón y cuál es el objetivo pero ellos quieren que los diputados, con base en esa relación y con las firmas que validan esa relación, se den por satisfechos. La pregunta que nos hacemos todos es por qué a una persona que es socia del Secretario de Seguridad Pública se le deben pagar 72 millones de pesos. ¿Qué hizo en beneficio por Veracruz?”, comentó el panista.

La veintena de empresas que denunció Yunes Linares fueron: Grupo Profesional de Resguardo S.A. de C.V. Seguridad Privada GPR, Grupo profesional de alarmas, Profesionales de Seguridad privada Integral, Profesionales privados en custodia y resguardo empresariales, Guardias empresariales de seguridad privada, Brigada e 511, Grupo Berck, Administradora Veracruzana de Inmuebles, Acever, Desarrolladora hotelera 12G SAPI, Naturalia Operadora Gourmet, Operadora Cabagoti, Historial Maya Tours, Operadora de Servicios Turísticos GSM, SR&Friends Veracruz, Pressto Max Sociedad cooperativa de Responsabilidad Limitada, Corporativo Nacional de Transportes Berzua, Círculo Coba del Sureste, MAGC Ejecutiva de Aviación.

Arturo Bermúdez, titular de SSP con Javier Duarte. Foto: cuartoscuro

¿Y LOS DESAPARECIDOS?

El 4 de agosto del año pasado, familiares de desaparecidos dijeron que el ex Secretario de Seguridad Pública debe ser investigado no sólo por actos de corrupción.

De acuerdo con familias afectadas por crímenes en aquella entidad, el ex funcionario debe responder también por la probable participación de las fuerzas a su cargo en diversos hechos delictivos, como los ataques a periodistas y defensores a derechos humanos e, incluso, en desapariciones forzadas.

“Por nuestro caso, nosotros no pedíamos su renuncia, sino que se investigara si tenía participación con algunas bandas delictivas, porque, a final de cuentas, fueron sus hombres de confianza los que perpetraron el levantamiento de nuestros hijos. Eso es algo que en el estado se pedía a gritos”, dijo Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años y desaparecido en enero de 2016 –hace un año– junto con otras cuatro víctimas en la localidad de Playa Vicente.

“Que haya renunciado es lo mínimo que debería haber hecho; en el caso de mi padre, hemos encontrado a la fecha que la Policía Estatal está involucrada en el secuestro”, dijo a SinEmbargo Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez Cerezo, encontrado asesinado en enero de 2015. “Debe ser investigado no sólo por corrupción, sino por vínculos con la delincuencia organizada, ya que en Veracruz, a lo largo del estado, se ha demostrado que la Policía Estatal esta involucrada en el crimen”.

Bermúdez renunció tres meses antes de que terminara el Gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa, quien está desaparecido.

Miguel Ángel Yunes, Gobernador electo del estado de Veracruz, dijo en agosto que “está muy claro” que Bermúdez Zurita tiene tantas propiedades y empresas porque es corrupto.

El político mencionó que el dinero de Duarte y Bermúdez, así como de sus allegados, tiene origen en prácticas de lavado de dinero y corrupción.

“No hay que buscarle mucho”, dijo. Su patrimonio, agregó, se entiende ya que él es un prestanombres de Duarte, además de ser el vínculo entre delincuentes y el Gobierno de Veracruz.

Mencionó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe de investigar el lavado de dinero en la entidad porque es una “cuestión de voluntad” el proceder en contra de Duarte y sus cómplices. “Esa es la realidad”, apuntaló.

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