Aunque está en riesgo la partida económica federal que recibe el distrito escolar por su apoyo a los estudiantes, aseguró que cada escuela de ellos es segura para cada uno  y que en ellas estarán a salvo hoy y en el futuro. Las definiciones del funcionario se inscriben dentro del liderazgo nacional de California en la resistencia a Trump.

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“La orden ejecutiva del Presidente Trump sobre la inmigración, es el acto más significativo de maldad de un presidente en mi vida”, aseguró Steve Zimmer, presidente de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD, siglas  en inglés).

Y reiteró su promesa:

“ Nuestras escuelas son zonas seguras para cada niño y cada miembro de la familia. Nuestras acciones de la junta para codificar esto se encuentran alineadas con la Constitución de los Estados Unidos y confirmadas por la Corte Suprema de Estados Unidos en la sentencia Plyler contra Doe (1982). LAUSD  no tiene la intención de cooperar con ningún esfuerzo para hacer cumplir la acción ejecutiva de hoy, o con cualquier otra actividad de cumplimiento de inmigración basada en la acción del consejo de febrero de 2016”.

Asimismo, dijo que esto puede afectar directamente al distrito escolar ya que los dólares federales que se reciben pueden estar en riesgo “debido a nuestro apoyo para cada estudiante y cada familia, y nuestras políticas para no cooperar con las medidas federales de aplicación de la ley de inmigración”.

Aseguró que “más allá de la agresión hostil contra las familias y las comunidades, esta acción contrarresta los valores fundamentales de nuestra nación y la visión de nuestros fundadores”.

Destacó que la misión del distrito escolar es “ servir a todos los niños que vienen a la puerta de la escuela. Nuestro trabajo es proporcionar a todos los niños y familias una educación pública de alta calidad, y todos los servicios necesarios necesarios para apoyar el aprendizaje de los estudiantes”.

Reiteró que su objetivo sigue siendo que el 100 por ciento de los estudiantes del distrito escolar se gradúen de la universidad y la carrera.

“Hoy estamos más comprometidos con esa meta y nuestra misión que nunca”, aseguró.

Y remató:

“Nuestras escuelas están seguras hoy, estarán a salvo mañana y en el futuro”.

El distrito escolar angelino es el segundo más grande del país, con una población escolar superior a los 600 mil alumnos, de los cuales el 74% son latinos.

CALIFORNIA, PRO INMIGRANTE

Estas declaraciones se inscriben dentro del carácter pro inmigrante de California, que se encuentra al frente de la resistencia nacional  a Trump.

En su discurso del Estado del Estado, el pasado martes, el gobernador Brown afirmó que con Trump “hay división profunda, señales inquietantes, tiempos inciertos y los peligros abundan”.

Se comprometió a defender –“con coraje y perseverancia”- del gobierno federal a los indocumentados, la salud de cinco millones de personas de bajos recursos inscritos en un programa que recibe fondos federales y las acciones que han hecho de California vanguardista mundial en la lucha contra el cambio climático.

El vicegobernador del estado, Gavin Newsom, dijo que las órdenes ejecutivas – que tienden a construir un muro en la frontera y bloquear recursos federales a ciudades santuario- son “inhumanas, inmorales, irresponsables e irracionales”.

El nuevo Procurador de Justicia, el mexicoamericano Xavier Becerra, afirmó que las órdenes ejecutivas serían impugnadas por violar la Constitución.

El presidente del Senado, el mexicoamericano Kevin de León,  en un discurso en español, se comprometió a defender a los más vulnerables de la sociedad de cualquier abuso de Trump.

Y aseguró que amenazar a la sexta economía del mundo, como lo es California, es dañar al país.

Los alcaldes de Los Angeles, San Francisco, Oakland, San José y Berkeley manifestaron que no colaborarán con la administración Trump y que tampoco los cuerpos policiacos servirán al servicio de inmigración, ICE.

Más de cien alcaldes de Estados Unidos han mantenido la misma postura y han exigido la reforma migratoria integral para beneficiar a más de once millones de indocumentados que se estima hay en el país y que contribuyen de manera importante en el bienestar nacional.

En California, constituyen el 10 por ciento de la fuerza laboral y en impuestos pagan 130 mil millones de dólares, según Kevin de León, quien destacó:

“Si California es la quinta economía del mundo no es por suerte, sino por la mano de obra barata del inmigrante que cruzó la frontera no en busca de limosna sino para trabajar duro por un sueldo, con el sudor de su frente”.