Ley de Seguridad es un arma del Gobierno contra la protesta por “megafraude” de 2018: Solalinde

12/16/2017 21:47

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión para reprimir a los inconformes del “magrafraude electoral” que el Gobierno planea para 2018, dice Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote y activista de los derechos humanos en entrevista con SinEmbargo. Se trata de un “arma” del Gobierno en contra del pueblo para “reprimirlo […]

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión para reprimir a los inconformes del “magrafraude electoral” que el Gobierno planea para 2018, dice Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote y activista de los derechos humanos en entrevista con SinEmbargo.

Se trata de un “arma” del Gobierno en contra del pueblo para “reprimirlo y ahogarlo en sangre” cuando salga a protestar por el fraude. Y “no se va a tentar el corazón para hacerlo”, alerta el padre.

Solalinde Guerra también condena que mientras se aprueban leyes que atentan en contra de los mexicanos, un Gobierno emanado de uno de los partidos que votaron a favor la Ley, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se mantiene indolente ante el drama de los desplazados de Chiapas, en donde mueren niños de hambre y frío. 

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Ciudad de México,

La Ley de Seguridad Interior, aprobada entre la madrugada y la mañana de hoy por el Congreso de la Unión, es un “arma” del Gobierno en contra del pueblo para “reprimirlo y ahogarlo en sangre” cuando salga a protestar por el megafraude electoral que se planea para 2018, dijo Alejandro Solalinde Guerrera, sacerdote y activista defensor de los derechos humanos, en entrevista con SinEmbargo.

“Este Gobierno en lugar de preocuparse por escuchar  a la gente, a su pueblo, ya está haciendo un arma contra el pueblo, para reprimirlo y ahogarlo en sangre, porque no se van tentar el corazón para hacerlo”, afirmó el padre.

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada la madrugada de este viernes en el Senado de la República con 71 votos a favor (del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista), con 34 en contra y tres abstenciones; para luego, durante las primeras horas de la mañana ser aprobada por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular sin respetar procesos, ni tiempos y con sólo 262 legisladores en el pleno.

“Eso ya se ve claro: es para reprimir a los que seguramente estaremos totalmente inconformes con el magrafraude que se viene como pasó en el Estado de México y Coahuila. Estamos viendo una dictadura militarizada con ese grupo perverso, mafioso de los tecnócratas. Esas personas que se han apoderado desde hace años de México y lo han convertido en una dictadura”, dijo Solalinde Guerra.

El sacerdote previó que en 2018, de concretarse ese “megafraude electoral”, la población no se quedará callada.

“La gente tiene que despertar. No nos vamos a quedar callados ni tranquilos”, consideró.

Alejandro Solalinde lamentó que el Congreso de la Unión aprobara una Ley que fue criticada por voces autorizadas del país y del extranjero.

Organizaciones civiles, expertos, defensores de los derechos humanos, actores y la oposición en México llamaron a no aprobar la Ley de Seguridad Interior por considerarla en detrimento de los derechos humanos, las garantías individuales y ambigua.

Jan Jarab, representante de la Oficina en México de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió una carta al Senado de la República expresándole en 14 puntos su preocupación en torno a la Ley.

Algunos de esos puntos son: la ambigüedad de conceptos, la violación al principio de necesidad, el papel indebido de las Fuerzas Armadas, el sometimiento de la autoridad civil al mando militar, la ausencia de controles, la ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones, la indebida regulación del uso de la fuerza, la indebida protección y garantía de los derechos humanos, las afectaciones a la protesta social, la ausencia de transparencia, la lesión a la autonomía, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, el ámbito de excepción del derecho procesal administrativo y la ausencia de explicitud de los principios rectores.

“Es lamentable porque esto es gravísimo. Intervinieron voces autorizadas nacionales, internacionales, asesores, expertos, defensores y defensoras de derechos humanos, iglesias, artistas con ese amor que tienen a México como Diego Luna y Gael García. Cómo es posible que les haya valido nada, eso quiere decir que no son libres para escuchar y no tienen alternativa para decidir y la línea que reciben no es ni del PRI, del PAN y sus aliados, sino de más arriba, de Estados Unidos”, dijo el padre Solalinde.

El sacerdote acusó además que los legisladores mexicanos “administran a su antojo” al país, sin interesarse en los derechos humanos de la población.

El sacerdote Alejandro Solalinde director de la Casa para Migrantes, se lamenta que los legisladores que aprobaron la Ley de Seguridad no escucharan a la sociedad civil. Foto: Cuartoscuro, Archivo

CRISIS DE DESPLAZADOS EN CHIAPAS

Mientras a nivel federal los legisladores están preocupados por crear leyes como la Ley de Seguridad Interior, que serán utilizadas para reprimir a los mexicanos; en Chiapas, una de las entidades donde el sacerdote realiza su labor de protección a migrantes centroamericanos, la población desplazada por un conflicto armado por límites territoriales entre los municipios Chalchihuitán y Chenalhó está muriendo de frío y hambre ante la indolencia del Gobierno de Manuel Velasco Coello, mandatario emanado de uno de los partidos que hoy aprobó la controvertida Ley: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo Solalinde.

“La responsabilidad de velar por los chiapanecos es de él. Se comprometió a eso y es penoso que no sientan a su pueblo. Es triste porque esas cuestiones le corresponden al Secretario General de Gobierno y dónde está, quién es, porqué no está actuando, porqué no está haciendo lo suyo. Debería estar generando un diálogo entre las partes, pero por encima de todo protegiendo a las víctimas”, precisó el padre.

Hace unos días Martín Gómez Pérez, alcalde de Chalchihután, difundió en un video publicado en la plataforma de Facebook que cuatro niños y algunas personas mayores murieron por el hambre y el frío, debido a que más de mil desplazados por el conflicto tuvieron que refugiarse en las montañas.

“Niños, adultos y mujeres embarazadas están sufriendo por el frío en el monte, no tenemos medicinas, ni con que atender a la gente, por eso le pedimos a nuestro gobernador que nos apoye”, pidió el Alcalde.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció hoy a través de un comunicado que las autoridades locales, estatales, pero también federales no han hecho nada ante el conflicto que se vive en Chiapas, a pesar de que desde el mes pasado pidió medidas cautelares para brindar asistencia humanitaria, alimentación y atención a la salud de los desplazados.

La Comisión alertó que los desplazados sufren ataques nocturnos por “personas armadas que las acosan, disparan y queman sus viviendas”.

“El Gobierno está obligado a llevar brigadas integrales de atención  para todas las personas que están sufriendo por el frío y el hambre. Es omisión, negligencia y parece que la opinión pública al interior no se mueve. Los días pasan, el frío avanza y no se ven acciones de emergencia de parte del Gobierno”, finalizó el sacedorte.