La Ciudad de Los Angeles dio un paso para ser considerada como el más grande santuario de inmigrantes del país. Además, negará contratos a las empresas que participen en la construcción del muro fronterizo impulsado por Trump.

En California hay al menos dos millones de indocumentados y unos 700 mil podrían vivir en la Cuenca angelina, según estimaciones oficiales.

El Comité de Asuntos de Inmigrantes, Derechos Civiles y Equidad del concejo angelino votó a favor de adoptar formalmente la etiqueta de “santuario” y exigir a las empresas con contratos municipales que revelen si están trabajando en el muro fronterizo propuesto por el presidente de Estados Unidos.

El concejal mexicoamericano Gil Cedillo, quien preside el comité, dijo que se estaba moviendo para proteger la “armonía de la ciudad de las acciones erráticas e irracionales de la administración Trump”.

La etiqueta de ciudad santuario no proporciona ninguna protección nueva para aquellos sin estatus legal que viven en Los Angeles. Sin embargo, los miembros del consejo considerarán propuestas para ayudarlos en los próximos meses.

Por lo pronto, las autoridades ya han comprometido 2 millones de dólares para un fondo legal para inmigrantes que enfrentan deportación y han prohibido a los empleados de la ciudad ayudar al gobierno federal a crear un registro basado en la religión.

Cuando fue asambleísta, Cedillo presentó en más de cinco ocasiones iniciativas para permitir licencia de manejo de los indocumentados, que fueron rechazadas, pero finalmente logró la aprobación. Hoy, son beneficiados pore se empeño al menos dos millones de inmigrantes.

RESPUESTA A TRUMP

Cedillo y el presidente del Concejo, Herb Wesson, presentaron el plan de “ciudad de santuario” en septiembre pasado, llamándolo una respuesta a los planes de Trump de liquidar el programa de acción diferida para arribos infantiles, que protege a los inmigrantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños.

Trump emitió una orden ejecutiva en enero que prohíbe a las ciudades santuario recibir fondos de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional.

Esto ha provocado una oleada de demandas legales desde Los Ángeles y otras ciudades, y el tema está pendiente en los tribunales.

El Departamento de Justicia recientemente se negó a otorgar subsidios al Departamento de POlcía de LosAngeles, que se otorgan  a los  organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el país.

El Departamento de Policía de Los Ángeles previamente recibió tales subvenciones y buscó el dinero este año para contratar a 25 oficiales en el Parque Harvard de South L.A., uno de los vecindarios más letales de la ciudad.

No existe una definición clara de ciudad santuario, pero en general, las ciudades que adoptan la designación buscan ofrecer apoyo político o protección práctica a las personas que están en el país ilegalmente.

Para algunas ciudades, el movimiento del santuario consiste simplemente en alentar a las personas sin estatus legal a involucrarse más en el gobierno. Otros lugares, como San Francisco, han adoptado políticas de largo alcance, como tomar medidas para cortar las relaciones con los funcionarios federales de inmigración y negarse a cooperar plenamente con ellos.

ALCALDE Y JEFE DE LA POLICIA, CON LA COMUNIDAD

El alcalde Eric Garcetti y el jefe de policía de LAPD, Charlie Beck, dicen que obligar a los agentes a ayudar a las autoridades de inmigración crea desconfianza en la comunidad y dificulta que los oficiales hagan su trabajo. Sin embargo, el LAPD coopera con agentes federales que tienen órdenes de arresto, dicen los funcionarios.

La votación del comité se produce un año después de que los defensores presionaron a los legisladores para declarar a L.A. una ciudad santuario en medio de la preocupación de que Trump cumpliera su promesa de campaña de expulsar agresivamente inmigrantes en el país ilegalmente y construir un muro fronterizo.

Los defensores apoyaron la decisión del comité de adoptar la etiqueta del santuario pero presionaron a los funcionarios a tomar medidas concretas para ayudar a los inmigrantes.

“El Concejo Municipal todavía tiene que responder con políticas verdaderas para proteger a los residentes de la ciudad”, dijo Nina Torres, del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, en la audiencia del jueves. Les dijo a los miembros del consejo que debería haber una barrera más clara entre la policía y los agentes federales de inmigración.

Otros activistas han pedido medidas más contundentes para garantizar que la información confidencial sobre los inmigrantes siga siendo privada, y para que la ciudad frene la aplicación criminal de infracciones menores, que dicen que afectan desproporcionadamente a los inmigrantes.