Seattle.

“Puño arriba, migra abajo”. Con este grito recibieron, hace unas semanas, a María Eugenia Mora Villalpando. Por su activismo contra los malos tratos que reciben los inmigrantes en los centros detención, Maru ha convertido se ha convertido en blanco de las autoridades migratorias y enfrenta ahora un proceso de deportación.

A la activista mexicana Maru Mora le ha abierto un proceso la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés). Ella asegura que la acción en su contra se da en el marco del recrudecimiento del racismo y que la pusieron la lista por sus acciones contra el trato que reciben los inmigrantes en un centro de detención de esta ciudad “santuario”.

En diciembre del año pasado, Maru recibió un aviso para comparecer a una audiencia de deportación. Compareció hace unas semanas y tiene una nueva cita el próximo 22 de mayo.

“He acompañado a muchas personas a sus citas en la corte; pero ahora enfrento al ICE directamente por primera vez. Nos están persiguiendo a mí y a mi familia porque quieren silenciar mi trabajo, el cual ha expuesto sus crueles políticas de detención y deportación. Continuaré con esta lucha porque soy una de los millones que enfrentan los abusos de ICE”.

En febrero de 2014, Maru y otros activistas cerraron las calles alrededor del centro de detención de Tacoma, al sur de  Seattle. El lugar suele albergar a unos mil 500 personas, pues recibe detenidos de Alaska, Montana, Oregon, Idaho y California.

Maru lleva 22 años en Estados Unidos. Actualmente dirige el colectivo Resistencia del Centro de Detención del Noroeste, una organización fundada en 2014, cuando inmigrantes detenidos realizaron huelgas de hambre en protesta por el trato inhumano.

Desde la presidencia, dice la activista, Donald Trump ha dado una serie de órdenes que las agencias de seguridad han interpretado como una autorización “para hacer lo que quieran”.

Las “ciudades santuario” son poblaciones de los Estados Unidos donde las autoridades locales rechazan colaborar con los agentes del ICE, pero, según advierte Mora, sus políticas están fallando y hay funcionarios públicos que sí comparten información con autoridades federales.

Mora ejemplifica con el caso de un migrante que compró un automóvil y lo registró con su licencia de manejo expedida por el estado de Washington. “A las dos semanas lo paró la migra saliendo de su casa y le tomaron todos sus datos”.

En las “ciudades santuario” los empleados públicos están impedidos para dar información sobre migrantes indocumentados o colaborar con las agencias federales de migración. Medidas como la anterior permiten que los migrantes acudan con confianza a los hospitales, pague impuestos, obtengan permisos de conducir e incluso se acerquen a la policía para denunciar delitos.

Esto ha comenzado a cambiar desde que Trump llegó al poder. Según el Seattle Times, la oficina de licencias de conducir del estado, ha entregado, en fechas recientes, la información de al menos 30 inmigrantes a la migra.

Para Maru Mora, la fuerza de los ataques contra los migrantes, tengan o no documentos, ha ido creciendo desde que llegó el nuevo gobierno federal. No sólo ha crecido el número de personas que enfrentan la deportación, sino que los solicitantes de asilo son puestos en detención de inmediato.

Los ataques se extienden ahora en contra de las organizaciones que apoyan a los migrantes, muchas de las cuales han sufrido el recorte de fondos federales con los que trabajaban.

Mientras aguarda el siguiente paso en su proceso legal, Mora sigue organizando talleres y protestas que pretenden “visibilizar los abusos que suceden en los centros de detención contra de inmigrantes”.

Porque sucede, dice la activista, que la mayoría de los centros de detención se encuentran en lugares remotos, en mitad del desierto o en medio de parques industriales abandonados, donde nadie puede creer que haya gente viviendo.

Durante la protesta de febrero, mientras Maru yacía echada en la calle para impedir el paso de uno de los camiones de traslado de internos, alcanzó a ver algunas manos de los inmigrantes dentro del camión que le hacían señas. Eran inmigrantes que iban dentro, esposados, y que aun así lograron mover las manos para agradecer por el apoyo.

El trabajo de organización comunitaria ha sido tan efectivo que ha sacado a la luz los abusos que enfrentan los inmigrantes en las instalaciones de Tacoma. La Petición de ICE  en la Corte de Inmigración de Seattle alega que Mora Villalpando fue señalada para ser deportada por ICE debido a sus años de actividad política contra la Agencia.

Además de trabajar para NWDC Resistance, Mora es miembro fundadora de la organización nacional Mijente. Vive con su hija Josefina, estudiante universitaria y ciudadana de Estados Unidos, cerca de Seattle, Washington.

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Defensores de los migrantes afirman que el caso de Maru muestra cómo la ICE ha ido más allá del cumplimiento de las leyes de inmigración.

Tania Unzueta, de Mijente, asegura: “Al dirigirse deliberadamente contra personas como Maru, que está luchando contra la agenda de deportación racialmente motivada de Trump, la ICE oficialmente ha dado el salto a una agencia de represión política”.

La defensa de Mora corre por cuenta del Gremio Nacional de Abogados (NLG, por sus siglas en inglés), una agrupación que ha representado a luchadores sociales desde los años treinta.

“Esperamos que los funcionarios del gobierno cumplan con sus deberes de manera justa y no discriminatoria. Al señalar a Maru debido a su activismo político, la ICE está contraviniendo directamente esa confianza y amenazando nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión y reunión”, sostiene Elizabeth Simpson, de NGL.