CIUDAD DE MEXICO 
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el total de apoyos económicos que se destinan al sector agrícola de nuestro país equivalen a 0.56 por ciento del producto interno bruto, en contraste con el 0.7 y 0.9 por ciento que se destina en naciones desarrolladas del referido organismo. Respecto del llamado PIB agrícola, los apoyos destinados a los campesinos o productores en México equivalen a 9.2 por ciento, casi la mitad del 18.9 por ciento aplicado en la Unión Europea.

Las cifras constituyen un indicador claro de los términos injustos e inequitativos en que se ha incrustado a la economía nacional en el concierto global, particularmente en lo relativo con la política agrícola y alimentaria. Incluso, en el contexto de una organización como la OCDE, cuyo ideario neoliberal preconiza la apertura indiscriminada de fronteras a los productos alimentarios y el abatimiento de subsidios o cualquier otro instrumento de política posiblemente distorsionador del mercado, queda de manifiesto que el promedio de países desarrollados destina un mayor porcentaje que nuestro país de su riqueza a apoyar a su sector primario.

Más que una insubordinación a los preceptos del Consenso de Washington y de la OCDE, lo que parece haber detrás de esa aparente incongruencia es un cálculo de los gobiernos respectivos sobre la importancia que reviste dicho sector para los países ricos, que, por desgracia, no tiene eco entre las autoridades mexicanas. Por el contrario, los campesinos nacionales tienen que competir en condiciones de clara inequidad con productos importados, cuyos bajos precios están respaldados, en buena medida, por subsidios gubernamentales.

Para naciones pobres y dependientes como la nuestra, este escenario ha implicado una pérdida paulatina de soberanía alimentaria y una creciente dependencia, en contraste de lo que se produce en terceros países. Ello se traduce en un retroceso de las soberanías nacionales a secas y coloca a las naciones ante el riesgo de sufrir desabastos severos y, en última instancia, hambrunas.

Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y con especial énfasis a raíz de la entrada en vigor de la cláusula de ese instrumento trilateral que libera de toda limitación el comercio de granos, se ha insistido en la acuciante necesidad de fortalecer la producción mexicana y de protegerla de importaciones baratas que si bien tienden a frenar los precios a corto plazo, a la larga resultan desastrosas para el abasto popular.

El proteccionismo y el subsidio de cultivos esenciales pueden parecer instrumentos obsoletos y contrarios a la lógica de la disciplina fiscal; tienen, a fin de cuentas, el sentido de asegurar la alimentación básica de la población y de preservarla ante las fluctuaciones de los mercados mundiales. Lejos de presentar como soluciones las mismas medidas que han llevado a la ruina actual al campo mexicano, lo procedente y necesario es ensayar un viraje en las políticas económica y agrícola diseñadas por gobiernos extranjeros y organismos financieros internacionales, cuyos beneficiarios en nuestro país se reducen a un puñado de grandes empresarios, especuladores y a un reducido sector agroindustrial.