Pese a que en su discurso público aseguraron que se negarían a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), funcionarios de la prisión del Departamento de Policía del condado de Los Ángeles concedieron acceso a las instalaciones de procesamiento de información de los reclusos a agentes del ICE, según un informe publicado por el organismo independiente que supervisa a la entidad.

De acuerdo con el informe de la oficina del Inspector General, Max Huntsman, a los oficiales del ICE se les permitió establecer una oficina con computadoras que proporcionaban “un flujo constante de información sobre los prisioneros que pronto iban a ser liberados”, reportó el periódico “Los Angeles Times”.

El alguacil, Jim McDonnell, y otros funcionarios de la policía habían enfatizado en repetidas declaraciones públicas que el departamento se adhirió a las leyes estatales y estableció normas básicas para que la policía local cooperara con el ICE.

El Departamento de Policía se negó a mantener a los presos bajo custodia para el ICE y la información de liberación de los reclusos tenía que ser obtenida a través de su sitio de Internet, habían informado.

Sin embargo, McDonnell reconoció las discrepancias entre las garantías públicas que ofreció de su departamento y la realidad en el Centro de Recepción de Internos del departamento, en una carta dirigida a Huntsman.

“Priorizamos mantener y aumentar la confianza del público y siempre nos esforzamos por proporcionar al público información precisa. Con respecto a nuestras declaraciones de que ya no íbamos a proporcionar al ICE las listas de personas que fueron liberadas o que no ofreceríamos información de liberación al ICE, esas declaraciones no eran exactas”, escribió McDonnell.

La investigación de Huntsman se originó de una carta que McDonnell escribió a los supervisores del condado en enero, en la que respondió a una solicitud de una explicación detallada de cómo su departamento compartió información sobre los reclusos con el ICE y cómo manejó las solicitudes de los funcionarios de inmigración para entregar a personas sospechosas de estar en el país de manera ilegal.

Los funcionarios electos en todo el país habían estado haciendo ese tipo de preguntas a los jefes de policía y alguaciles desde que el presiente Donald Trump y el fiscal general, Jeff Sessions, comenzaron a amenazar con retener fondos y otras consecuencias para los condados que no cumplieran las peticiones de ayuda del ICE.

La cooperación era una parte importante del plan masivo de deportación de Trump, que hizo que casi todos los 12 millones de personas que se estima se encuentran en el país de manera ilegal pudieran ser deportados.

Apenas a inicios de octubre, la ciudad de Los Ángeles demandó al gobierno del presidente Trump por su política de condicionar los fondos federales a cambio de cooperar con agentes de inmigración. El fiscal angelino, Mike Feuer, aseguró que la decisión del Departamento de Justicia de vincular las subvenciones federales a la aplicación de las políticas de inmigración “es inconstitucional”.

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Pese a todo, la investigación de Huntsman encontró que a los funcionarios del ICE se les permitió instalar cinco computadoras de escritorio en una oficina del Centro de Recepción de Internos que estaba reservada nominalmente para el uso de los oficiales de cualquier agencia externa. Las computadoras fueron removidas cuando Huntsman compartió sus hallazgos con funcionarios de la policía, según el informe.

Huntsman también citó “ocasiones múltiples” en las que el personal de la prisión dio a los agentes del ICE impresiones de un programa de computadora interno del Departamento de Policía, que contenía las fechas de nacimiento y otra información de identificación de los internos que fueron puestos en libertad bajo custodia.

La información, que no estaba disponible públicamente en línea, facilitó a los funcionarios del ICE determinar si debían tomar la custodia de los reclusos.