El informe independiente pone al descubierto la debilidad del caso. Ninguna base legal para mi juicio, insiste la mandataria suspendida. Reitera que si regresa a la presidencia convocará a un plebiscito.

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RIO DE JANEIRO

Fue divulgado ayer el resultado del peritaje realizado por tres auditores del Senado brasileño sobre los supuestos crímenes de responsabilidad que, según la acusación, fueron cometidos por Dilma Rousseff en la presidencia. La conclusión significó un vuelco en el proceso que tramitan los legisladores, que podría llevar al alejamiento definitivo de la mandataria electa en 2014. Los peritos determinaron que la denuncia no procede.

Reconocieron que Rousseff emitió tres decretos de créditos suplementarios que no estaban previstos en el Presupuesto Nacional y no tenían la autorización del Congreso.

Aun así, no se estaría configurado el delito de responsabilidad, una vez que el Congreso autorizó modificaciones al presupuesto, abrigando de esta manera los decretos presidenciales.

De inmediato quienes se oponen al juicio abierto en el Senado reforzaron sus denuncias de que se trata de un golpe institucional y que no existen razones legales para alejar a la presidenta de su mandato, el cual fue conquistado en las urnas.

Curiosamente, hace días, durante una de las sesiones de la comisión especial del Senado que tramita el juicio, la senadora Rose de Freitas, aliada del vicepresidente en funciones, Michel Temer, reconoció, con todas las letras, que la verdadera razón del alejamiento de Rousseff es que ella ya no tiene condiciones para gobernar. Ocurre que la Constitución no prevé que por tal motivo sea posible interrumpir un mandato alcanzado con el voto popular.

Para quienes acusan el gobierno interino de ser ilegítimo, está ahora claramente configurado el golpe. La denuncia presentada no se sostiene con ningún argumento. Sin respaldo constitucional, no hay cómo legitimar el interinato que Temer ejerce con poderes imperiales.

Ayer, Rousseff anunció que intensificará los encuentros con centrales sindicales y movimientos sociales. Busca respaldo para su propuesta de efectuar un plebiscito tan pronto reasuma su mandato, para que los electores decidan la realización de nuevas elecciones presidenciales.

Hoy la mandataria suspendida deberá reunirse con la presidenta del PT. Por el momento, la iniciativa enfrenta resistencias, especialmente en la poderosa Central Única de Trabajadores (CUT), alineada con el PT. Otro importante movimiento, el de los Sin Tierra, también rehúsa.

El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, por su parte, insiste en la necesidad de que las fuerzas que resisten el golpe, encabezado por Temer, presenten propuestas concretas, en lugar de esperar que nuevas denuncias de corrupción inviabilicen de una vez al gobierno interino.

Lula da Silva considera que la eventual realización de nuevas elecciones sería una salida legítima para la actual crisis, que parece no tener fin. Encuestas de opinión pública, cuyos resultados también fueron divulgados ayer, indican que 70 por ciento de entrevistados rechazan a Michel Temer. Es fácil imaginar qué pasará cuando, con semejante índice de reprobación, Temer anuncie la implementación de medidas drásticas, como la reducción de derechos laborales, cambios violentos en el sistema de jubilaciones y recortes a los recursos destinados a salud y educación, entre otras propuestas que reposan sobre su mesa, en espera de tener seguridad de que serán aprobadas en el Congreso.

La generosa distribución de cargos, puestos y presupuestos a diputados y senadores hace parte de la doble negociación llevada a cabo por Temer y sus aliados. Por un lado está la necesidad de asegurar una base aliada que apruebe las medidas impopulares. Por otro, conquistar previamente el respaldo seguro de 54 senadores para que Rousseff sea definitivamente destituida y tenga sus derechos políticos suspendidos por al menos ocho años. Al interino le urge impedir que los senadores cambien su voto inicial y reconduzcan a la mandataria apartada a la presidencia.

Temer tiene prisa. Ayer, mientras se conocía el laudo que puede complicar la tarea de destituir a la presidenta electa, el gobernante interino se reunió con sus principales ministros para anunciar una determinación más en lo que parece una política de tierra arrasada contra todo lo que se hizo en los pasados 13 años y medio durante los gobiernos del PT.

La nueva orden del interino es radical: privatizar todo. De inmediato, autopistas, puertos, aeropuertos, energía eléctrica, sistema de suministro de agua y saneamiento público. No fue dicho, pero está implícito que posteriormente algunos activos de Petrobras entrarán en la lista.

Con ello Temer busca un respaldo más amplio del sacrosanto mercado financiero y atenderá a presiones e intereses externos.

Si muchas medidas adoptadas por el interino en este corto tiempo son reversibles, en caso de que el golpe fracase, otras serían irreversibles. Temer y los defensores de la aplicación radical de la receta neoliberal tienen prisa en ponerlas en marcha. Quienes resisten al golpe tratan de impedir que eso ocurra