En una votación de 5-4, la Corte Suprema dictaminó que la ley que somete a los inmigrantes a la deportación por crímenes de violencia es, a todos efectos, vaga inconstitucionalmente.

Eso representa una nueva derrota para el gobierno del presidente Donald Trump, que ha buscado que casi cualquier falta cometida por un inmigrante sea considerado un “crimen” para facilitar su arresto y agilizar su deportación.

Esta decisión supone también una victoria para James García Dimaya, un residente legal en el estado de California, cuyas dos condenas por robo fueron consideradas delitos violentos según el estatuto, a pesar de no haber involucrado violencia.

El Departamento de Justicia había intentado deportar a Dimaya alegando que había sido condenado por un crimen violento, una táctica recurrente de los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) que han incluido en su lista de “deportables” a inmigrantes con faltas menores, como las derivadas de infracciones por falta de licencia de conducir.

Lo interesante de esta resolución ha sido la decisión del Neil Gorsuch, elegido por Trump para impulsar su agenda desde el Tribunal Supremo, de alinearse con el grupo de magistrados “liberales” para poner un alto a los abusos de una provisión legal que se ha aplicado de forma arbitraria para definir un crimen de violencia en el caso de los inmigrantes indocumentados.

De hecho, durante el debate oral del primer día del mandato de 2017 en octubre, Gorsuch se preguntó si, acaso, la Suprema Corte podría definir un crimen de violencia si el Congreso no lo había caracterizado como tal:

“Incluso cuando va a poner a la gente en la cárcel y privarlos de libertad y resultar en la deportación, ¿no deberíamos esperar que el Congreso pueda especificar quiénes son capturados por sus leyes?”, preguntó Gorsuch al fiscal general adjunto Edwin Kneedler, representante del Departamento de Justicia.

Esta decisión significa que, a partir de ahora, los inmigrantes acusados por delitos menores tendrán mayores oportunidades para pelear y detener su deportación.

Ya antes un tribunal federal de apelaciones en San Francisco había anulado la ley por considerarla demasiado ambigua y la Corte Suprema coincidió ayer lunes. El tribunal de apelaciones basó su fallo en una decisión de la Corte Suprema en 2015, que anuló una ley similar que permitía imponer sentencias más largas a delincuentes reincidentes.

Con información de Sputnik.