Un tribunal federal de apelaciones ratificó este martes un acuerdo que requiere que el presidente de Estados Unidos Donald Trump pague 25 millones de dólares para zanjar las demandas que acusaban de fraude a la hoy extinta Universidad Trump.

El Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito desestimó un intento de la estudiante Sherri Simpson de retirarse del acuerdo y entablar su propia demanda.

La acción habría frustrado el acuerdo para resolver las demandas, las cuales argumentaban que la universidad presionó a los estudiantes a gastar decenas de miles de dólares pero luego no cumplió con su promesa de enseñarles cómo ser exitosos en el sector de bienes raíces.

En un principio, Simpson no abandonó el acuerdo y afirmó que tenía el derecho de hacerlo antes de que fuera finalizado. Un panel de tres jueces del tribunal estuvo unánimemente en desacuerdo e indicó que ni una notificación a los estudiantes afectados ni el debido proceso, le daban una segunda oportunidad para optar por no participar.

El tribunal también señaló que el juez de distrito Gonzalo Curiel tenía toda la razón en aprobar el acuerdo.

“Ambos tipos de demandantes se habrían enfrentado a importantes obstáculos si hubieran procedido a juicio, incluida la dificultad de prevalecer en un juicio ante jurado, ya sea contra el presidente electo (si el juicio hubiera continuado como estaba programado) o contra el presidente en funciones”, escribió la jueza Jacqueline Nguyen para el panel.

Un abogado de Simpson remitió el comentario a otro abogado, quien no respondió de inmediato.

Las dos demandas colectivas y una demanda civil interpuesta por el fiscal estatal de Nueva York Eric Schneiderman persiguieron a Trump a lo largo de su campaña presidencial.

Trump avivó la controversia al insinuar en repetidas ocasiones que la ascendencia mexicana de Curiel lo había predispuesto contra él. El ahora mandatario prometió que no pactaría, pero luego de la elección dijo que no tenía tiempo para un juicio.

Bajo las condiciones del acuerdo, el presidente no reconoció haber cometido delito alguno.

Los abogados de los demandantes han dicho que unas 3,730 personas recuperarán al menos el 90 por ciento de su dinero con el acuerdo.