La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, salió en defensa de los inmigrantes y declaró que iría a la cárcel si fuera necesario en su oposición a las redadas masivas que presuntamente prepara el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el norte de California.

“Estamos ejerciendo nuestro derecho legal a ser una ‘ciudad santuario’ y proteger a nuestros residentes. El hecho de que el gobierno federal insinúe que está tomando represalias en contra de las jurisdicciones que están ejerciendo su derecho a tener políticas de santuario, eso es lo que es ilegal”, declaró Schaaf a KPIX 5.

Las palabras de la alcaldesa surgen horas después que el Concejo Municipal de Oakland votó de manera unánime para finalizar cualquier cooperación con agentes de ICE, ante los rumores de que la agencia federal planea realizar una redada masiva en el Área de la Bahía, con el objetivo de arrestar a 1,500 indocumentados, en respuesta a la decisión de California de declararse “estado santuario”.

“El nivel de miedo y ansiedad en esta comunidad se encuentra en niveles desmedidos. Lo importante para la gente es saber que tenemos una línea directa de respuesta rápida 24/7 que está parcialmente financiada por la ciudad, el condado y la filantropía. Estamos aquí para proteger a nuestros residentes”, insistió Schaaf, quien al preguntarle si estaría dispuesta a ser encarcelada para defender esas políticas, respondió con un rotundo “¡sí!”.

“No es aceptable que la administración de Oakland se confabule con ICE, ya que esta agencia federal está atacando a personas que no son criminales, acosando a la gente según su nacionalidad y socavando nuestro sistema de justicia”, sostuvo Rebecca Kaplan, concejal de la ciudad que presentó la legislación.

“El director de ICE bajo (las órdenes de) Trump ha declarado públicamente que su intención es infundir miedo en las comunidades, y ahora apunta a California y ciudades como Oakland”, se quejó Kaplan, en relación a declaraciones que Thomas Homan hizo recientemente a Fox News.

“Este comportamiento es completamente inapropiado para alguien que dirige una agencia de aplicación de la ley, ya que perpetúa los prejuicios raciales y debilita las relaciones entre la comunidad y la policía, que son vitales para detener a la verdadera delincuencia”, concluyó la concejala.