Pudiera restar ingresos y miembros a las organizaciones de trabajadores, que se dan a la tarea de prepararse para enfrentar la dificultad. El fallo, en junio venidero. En el Sindicato de Maestros de Los Angeles (UTLA, siglas en inglés), el diálogo es maestro por maestro a fin de que tengan la suficiente información sobre el significado de esa organización y el propósito de sus luchas en favor del gremio, la educación pública y la comunidad. Resistir, la consigna para sacar adelante a la organización. Esto  constituye un golpe  a las centrales de trabajadores, las únicas que se oponen a designios de los poderosos y dan la voz al pueblo. Detrás de este ataque: corporaciones y multimillonarios privatizadores.

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En los sindicatos  la percepción es que parece  “ inevitable” que la Corte Suprema elimine los pagos obligatorios de cuotas a sus agremiados y los haga optativos. Y con ello perderían agremiados y mermarían sus ingresos.

Ahora, la lucha de esas organizaciones es contra el tiempo. A marchas forzadas se preparan para este cambio provocado por la demanda de Mark Janus, un empleado del Departamento de Servicios de Salud y Familia de Illinois en contra del pago obligatorio de esas cuotas.

En una declaración, explicó por qué presentó su caso: “Para mantener mi trabajo en el estado, tengo que pagar cuotas mensuales a la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales, un sindicato de empleados públicos que dice ‘representarme’ “. Agregó: “Estoy presentando este caso en nombre de todos los empleados del gobierno que quieren servir a su comunidad o a su estado sin tener que pagar primero a un sindicato”.

Mark Janus.

Los trabajadores gubernamentales en 20 estados, incluidos los maestros de escuelas públicas, deben pagar cuotas a sus sindicatos.

Si el Tribunal Supremo falla a favor de Janus, los sindicatos de docentes estiman que podrían perder entre el 20 y el 40 por ciento de sus miembros en esos estados.

El propósito de la demanda – impulsada por  multimillonarios antisindicalistas, intereses corporativos y la administración Trump- es que se convierta en una opción pertenecer a un sindicato y no una obligación, como ocurre en California desde hace 40 años.

Es muy probable que el máximo tribunal del país apruebe esta demanda, considerando que 5 de sus 9 miembros son conservadores, de acuerdo a Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros de Los Angeles.

Ramírez indicó que las corporaciones, los multimillonarios, los privatizadores de la educación y la administración Trump desean debilitar a los sindicatos. Por eso su escalada contra ellos.

Aseguró que los sindicatos son la piedra en el zapato de esos sectores poderosos, porque se enfrentan a ellos para defender a sus agremiados y a la educación pública.

El Procurador General de California, Xavier Becerra, salió en defensa de los trabajadores del estado, cuyos sindicatos pueden ser severamente lesionados si la Corte Suprema falla en su contra.

Becerra, mexicoamericano, presentó un escrito –Amigos de la Corte- en el caso  Janus en el que argumenta que la negociación colectiva cumple importantes intereses estatales y que la participación en los costos entre los empleados representados por el sindicato es una parte integral del sistema de negociación colectiva.

“Nuestros empleados públicos, ya sean maestros, bomberos, oficiales de paz o enfermeras, brindan servicios críticos a los californianos”, dijo.

Janus es el último eslabón  de una cadena contra organizaciones sindicales:

El caso, cuyos argumentos orales los escucharán los 9 jueces de la Corte Suprema, comenzó hace más de dos años cuando el gobernador republicano de Illinois, Bruce Rauner, presentó una demanda en la corte federal argumentando que las cuotas sindicales pagadas por los empleados estatales eran inconstitucionales. La abogada demócrata Lisa Madigan defendió la ley estatal. Mark Janus, especialista en manutención infantil, y otros dos empleados del estado pidieron unirse a Rauner.

Un juez federal desechó la demanda del gobernador y el Séptimo Tribunal de Circuito en Chicago hizo lo mismo .

La National Right to Work Legal Defense Foundation apeló en nombre de Janus y urgió al Tribunal Supremo a resolver el asunto. Le dijo a la corte que hay cerca de 11 millones de empleados sindicales en los 22 estados afectados, y de ellos, cerca de la mitad trabajan en el sector público.

Janus se opuso a pagar $44 al mes a la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales. “Entré en esta línea de trabajo porque me preocupo por los niños. Pero sólo porque me preocupo por los niños no significa que también quiera apoyar a un sindicato gubernamental. Desafortunadamente, no tengo elección “, dijo en una declaración.

En 2016, los sindicatos del sector público obtuvieron un aplazamiento cuando el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Antonin Scalia murió inesperadamente. La corte ya había escuchado argumentos orales en el caso Friedrichs v. California Teachers Association, que impugnó la decisión de Abood de 40 años de obligar a los trabajadores que optan por no unirse a una fuerza laboral sindicalizada a pagar una “tarifa de agencia” para cubrir los costos de la negociación colectiva.

El tribunal se estancó en 4 a 4: un tribunal impasible creía que Scalia habría roto con un voto para poner fin a las tarifas obligatorias, lo que obligaría a los sindicatos del sector público a subsistir sólo por las cuotas voluntariamente obtenidas de los miembros.

La decisión dividida puso fin a Friedrichs pero dio lugar a varias quejas similares. Ahora que el juez conservador  Neil Gorsuch ocupa el asiento de Scalia, es probable que falle en favor de Janus.

La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito desestimó el caso a principios del año pasado y dijo: “Por supuesto, sólo la Corte Suprema tiene el poder, si así lo desea, para invalidar Abood … Ni el el tribunal de distrito ni este tribunal puede anular Abood, y es Abood que se interpone en el camino de la demanda “.

EL PROPOSITO: DESTRUIR A SINDICATOS

Según Atlantic Black Star, el caso Janus es el último esfuerzo de States Policy Network (SPN) y del Consejo Legislativo y de Cambios Estadounidenses (ALEC) para destruir los sindicatos, sobre todo del sector público, que es mayor empleador del país. En el 2016, 7.1 millones de trabajadores fueron miembros de sindicatos.

De acuerdo al Partido Laborista, los sindicatos han ido perdiendo terreno. A mediados de la década de 1950, el 35 por ciento de todos los trabajadores del país estaban afiliados a una organización gremial y actualmente sólo el 11.9 por ciento.

De ellos, el 6,9 por ciento son trabajadores del sector privado, mientras que el 36,2 por ciento labora en el sector público.

Indica que un factor principal en el declive de la sindicalización fue la Ley Taft Hartley de 1947, que  prohibió las actividades militantes de los sindicatos e hizo ilegal que los comunistas ocupen cargos sindicales.

El doctor Steven C Pitts, catedrático de la Universidad de C Berkeley, indicó que los miembros de un sindicato ganan un 16,4 por ciento más de salarios que los no afiliados y tienen más probabilidades de tener un seguro de salud proporcionado por el empleador (17 por ciento) y un plan de jubilación patrocinado por el empleador (18 por ciento).

El caso Janus se centra en la capacidad de los sindicatos de cobrar las llamadas “tarifas justas”, que son el equivalente a las cuotas cobradas por los servicios que los sindicatos brindan a sus miembros. El modelo de las “cuotas Justas” está permitido desde el caso Abood en 1977, cuando fueron declaradas constitucionales.

Algunos analistas advierten pocas pruebas de que diversos sindicatos estén preparados para el cambio e sus operaciones habituales a una decisión adversa de la Corte Suprema. Y el tiempo se acaba.

El Sindicato de Maestros de Los Angeles (UTLA, siglas en inglés) es el más grande y organizado de California con sus 33 mil miembros.

El vicepresidente Ramírez dijo que la tarea es educar a los educadores sobre la necesidad de permanecer unidos al sindicato, de fortalecerlo para que resista y salga lo mejor librado de este período.

Sin embargo, hacer labor con cada uno de los maestros es laborioso pero es la estrategia seguida para asegurarse que la tarea de concientización es más efectiva, dijo el dirigente.

Este es el video de la entrevista con Ramírez:

CONTRA LA LIBERTAD DE LOS TRABAJADORES

El presidente de la Asociación de Maestros de California, Eric Heins, aseguró que el caso Janus v. AFSCME tiene profundas implicaciones para las familias trabajadoras, estudiantes y las comunidades.

“Es simplemente la culminación de décadas de ataques a la gente trabajadora por parte de los CEO corporativos, el uno por ciento más adinerado y los políticos que hacen su apuesta para manipular la economía a su favor, y su resultado podría enviar a nuestro país en la dirección equivocada. Las fuerzas detrás de este caso son las mismas fuerzas que han impulsado la privatización de la educación pública y la limitación de los derechos de voto, además de atacar a los inmigrantes y socavar las protecciones de los derechos civiles”.

Dijo que el objetivo de Janus, como lo fue en Friedrichs v. CTA, no es ningún secreto: “quieren usar la Corte Suprema para quitarle la libertad de los trabajadores a unirse en sindicatos fuertes, porque los sindicatos les dan a los trabajadores una voz poderosa al hablar para ellos, nuestros estudiantes, familias y comunidades”.

“Los sindicatos han jugado un papel fundamental en la construcción y protección de la clase media en Estados Unidos. Brindan a las personas trabajadoras estabilidad económica para sus familias y les dan las herramientas para construir una buena vida, hogar y educación para ellos y sus hijos. Durante 154 años, CTA ha estado defendiendo a las personas que trabajan, a nuestros estudiantes y a las comunidades que servimos. Ningún caso judicial detendrá nuestra determinación y defensa para nuestros estudiantes y nuestra profesión “.

Los cuatro sindicatos públicos más grandes de la nación –la Asociación Nacional de Educadores (NEA, siglas en inglés), la Federación Americana de Maestros (AFT), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y la Federación Americana de Empleados Estatales, Condales y Municipales, han criticado criticaron duramente el caso, calificándolo como “una parcela flagrantemente política y bien financiada para usar el tribunal más alto de la nación para seguir manipulando las reglas económicas contra los trabajadores”.

“Estos poderosos intereses quieren destruir a un movimiento obrero fuerte y unido que lucha por la equidad y las oportunidades para todos, no sólo para unos pocos privilegiados “, dijo Randi Weingarten, presidente de la AFT.

Teamsters.

Por su parte, los dirigentes del Local 117 de los Teamsters, John Scearcy, Secretario-Tesorero, y Michelle Woodrow, presidente, declararon:

“El caso de Janus es la culminación de décadas de ataques a familias trabajadoras por parte de los altos ejecutivos y los políticos que hacen su voluntad de manipular la economía a su favor. Quieren debilitar a los sindicatos porque los sindicatos han jugado un papel central en la defensa de las libertades que apreciamos construir y proteger a la clase media.

“La mejor manera para que nosotros, como miembros de uniones, nos preparemos para este ataque, es unirnos a nuestros compañeros de trabajo y reafirmar nuestro compromiso mutuo. Tenemos un plan para ganar y ser aún más fuertes, con los miembros liderando el camino.

“Nuestra unión es increíblemente resistente. Nos enfrentamos a muchos desafíos en el pasado, y hemos demostrado que, cuando nos mantenemos unidos, podemos mejorar nuestras vidas y nuestras comunidades. Estamos seguros de que esta vez también prevaleceremos”.

PERDIDAS

Aunque una decisión de Janus será hasta junio, los sindicatos de docentes comenzaron a sentir los primeros pasos hacia la vida después de ese fallo.

Asociación Nacional de Educadores ha modificado su presupuesto propuesto para 2017-18 para incluir una pérdida estimada de 20,000 miembros de tiempo completo. Sin embargo, las pérdidas más grandes se sentirán hasta el año escolar 2018-19.

Asociación de Maestros de California advirtió recientemente a sus miembros que estén preparados para pérdidas de membresía de hasta 30 por ciento a 40 por ciento. A pesar de su alerta, CTA no parece haber hecho ningún ajuste a su propio presupuesto 2017-18.

La Federación Unida de Maestros, local de UFT en la ciudad de Nueva York, estima una reducción del 20 por ciento en la membresía y considera que puede reducir de manera segura $ 16 millones, que es aproximadamente el 10 por ciento de las cuotas anuales que recauda.