El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) está revisando el proceso de petición de la ciudadanía de más de 2,500 personas que se naturalizaron estadounidenses, en búsqueda de posibles fraudes cometidos durante el trámite.

Una vocera de esa agencia federal le dijo el lunes a la agencia de noticias EFE que alrededor de 100 de los 2,500 casos “cuentan con una sospecha razonable” y fueron enviados al Departamento de Justicia (DOJ). El DOJ se encargará de evaluar si inicia un proceso legal contra los inmigrantes en esos casos. Parte del proceso podría incluir retirarles la ciudadanía de EEUU, dijo la vocera Claire Nicholson.

La revisión de los trámites es parte de un plan multimillonario del gobierno del presidente Donald Trump. Funcionarios federales han dicho que se trata de un esfuerzo para identificar personas que hayan cometido fraude en los trámites de ciudadanía o residencia permanente, o que hayan cometido delitos antes de naturalizarse y no lo hayan declarado.

Este verano, el gobierno anunció la formación de un grupo de abogados e investigadores que opera bajo USCIS y se encarga de analizar los procesos a nivel nacional. Pero desde enero del 2017 personal de USCIS está revisando casos potenciales para revocación de la ciudadanía, dijo el director de USCIS, L. Francis Cissna, a la Prensa Asociada.

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El Departamento de Seguridad Nacional (bajo el que opera USCIS) planea dedicar unos $207.6 millones a otra iniciativa similar. Con ese dinero la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) contratará nuevos agentes para la división de Investigaciones de Seguridad Nacional, según el plan de presupuesto de ICE para el 2019.

Una de las tareas de los investigadores de ICE es identificar solicitantes a los que se les ordenó salir del país pero se quedaron y después se naturalizaron bajo otra identidad. Para determinar posibles casos de fraude, los investigadores se enfocan en los récords de huellas dactilares en órdenes de deportación de la década de los 1990 y años anteriores, que no estaban digitalizadas. Esta información ahora está siendo comparada con archivos más recientes. Las autoridades planean referir unos 1,600 de ese tipo de casos al Departamento de Justicia.

Los esfuerzos para revocar ciudadanías no son nuevos pero se han acelerado con el gobierno de Trump, que creó el grupo especializado para investigar.

Entre 1990 y el 2017 se presentaron apenas 305 casos legales de revocación de ciudadanía, un promedio de 11 al año. Durante el gobierno del presidente Barack Obama, la cantidad de casos aumentó — en el 2016 se presentaron 15 casos. Esa cifra se duplicó a 30 en el 2017 y se espera que este año se supere esa cantidad.

Activistas de inmigración y abogados expertos en naturalización han dicho que temen que el plan se trate de un esfuerzo para asustar a los inmigrantes y que termine afectando a personas por fraudes cometidos hace décadas.

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“Me preocupa que a personas naturalizadas desde hace muchos años les revoquen la ciudadanía, y que hacer lo necesario para defenderse sea muy costoso y la gente sencillamente se dé por vencida”, dijo al Miami Herald en julio Matthew Hoppock, abogado de inmigración de Kansas City que le ha hecho seguimiento a los cambios en la política de revocación de la ciudadanía.

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Hoppock se refería a casos como el de Norma Borgoño, una inmigrante peruana de 63 años de edad y residente de Miami desde hace 28 años.

Borgoño fue sentenciada en el 2012 a un año de arresto domiciliario y cuatro años de probatoria por su participación menor en un fraude de $24 millones hace una década. Como secretaria de una compañía de exportación e importación llamada Texon Inc., ella preparaba documentos para su jefe, quien se embolsaba dinero de préstamos recibidos fraudulentamente del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos. Borgoño no lucró con el fraude y cooperó con las autoridades en la investigación.

Norma Borgono y su hija Urpi Ríos celebran la graduación de Ríos. Cortesía de la familia

Borgoño, quien tiene una rara enfermedad de los riñones, cumplió su sentencia y pagó poco a poco la restitución de $5,000. Pero este año, una semana después del nacimiento de su nieta, recibió una carta del gobierno federal avisándole que buscan retirarle la ciudadanía y deportarla a Perú.

El gobierno alega que la inmigrante se naturalizó después que comenzó la operación fraudulenta. Aunque no había sido acusada cuando solicitó la ciudadanía, el Departamento de Justicia ahora argumenta que Borgoño mintió al no revelar sus actividades ilegales en la solicitud.

Los abogados de Borgoño argumentan que el caso representa un uso indebido de la discreción que tienen los agentes federales para interponer casos de “desnaturalización”.

Por su parte, USCIS dijo en un comunicado que nadie que haya utilizado una identidad falsa para naturalizarse debe sorprenderse de ser referido al Departamento de Justicia para retirarle la ciudadania. “Hacemos un esfuerzo extraordinario para asegurar que los individuos no se vean afectados por errores, malentendidos o circunstancias especiales”, dijo al Miami Herald.