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ACLU demanda al gobierno por comprar datos para ubicar celulares y usarlos para arrestar indocumentados

December 2, 2020 - por

ACLU demanda al gobierno por comprar datos para ubicar celulares y usarlos para arrestar indocumentados

Protesta para abolir ICE y terminar con la separación familiar.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció este miércoles que demandó al gobierno de Donald Trump por la compra de datos de ubicación de teléfonos celulares, información que es utilizada para ejecutar la ley de inmigración y localizar a indocumentados.

El grupo de derechos civiles dijo en su cuenta de Twitter que están “demandando al DHS, CBP e ICE por la compra secreta de registros y uso de los datos de ubicación de nuestro teléfono celular para rastrearnos”.

En un segundo mensaje colgado en la red social escribió: “Es fundamental que descubramos cómo las agencias federales acceden a bases de datos masivas de ubicación y por qué. No puede haber responsabilidad sin transparencia”.

La ACLU agregó que si el gobierno puede esquivar la 4ª Enmienda de la Constitución, “nuestros derechos de privacidad estarán en peligro”.

La demanda

La demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas busca obligar a las agencias que operan bajo su mando divulgar registros sobre la compra de datos de ubicación de teléfonos celulares para la aplicación de leyes de inmigración y otros fines.

A finales de octubre BuzzFeed News reportó que el gobierno estaba comprando datos de teléfonos móviles para rastrear a inmigrantes indocumentados que intentan cruzar la frontera.

Un memorando interno obtenido por el sitio de noticias señaló que Chad Mizelle, abogado principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), describe cómo agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) pueden determinar localizaciones y rastrear actividades de datos de teléfonos celulares para tomar decisiones.

La compra de este tipo de información alarma a defensores de los derechos civiles y de la privacidad, quienes temen que esta estrategia pueda conducir a una vasta “asociación de vigilancia” entre el gobierno y las corporaciones privadas.

Herramienta peligrosa

La ACLU advierte que la compra secreta y uso de datos de ubicación de teléfonos celulares para ubicar y rastrear personas en Estados Unidos, incluso para la aplicación de leyes de inmigración es “inquietante”.

Los chips de GPS en los teléfonos inteligentes modernos nos brindan muchas comodidades, lo que permite que las aplicaciones de nuestros teléfonos mapeen rápidamente nuestra ubicación, brinden actualizaciones del clima y más, agrega.

“Pero muchas de esas aplicaciones no guardan nuestra información de ubicación para sí mismas”, dijo en un comunicado Nathan Freed Wessler, abogado senior del Proyecto de Habla, Privacidad y Tecnología de la ACLU. “No puede haber responsabilidad sin transparencia”.

Citando un reporte de The Wall Street Journal en febrero, Wessler dijo que estos datos confidenciales de ubicación no solo están a la venta a entidades comerciales, pero que ahora también los están comprando agencias gubernamentales, incluido el DHS “para localizar y arrestar inmigrantes”.

“Estas prácticas generan serias preocupaciones de que las autoridades federales de inmigración están eludiendo las protecciones de la 4ª Enmienda para la información de ubicación de teléfonos celulares al pagar por el acceso en lugar de obtener una orden judicial”, precisó.

Wessler dijo que en la demanda la ACLU exige al DHS, el CBP e ICE “que divulguen información sobre su compra y uso de información precisa sobre la ubicación del teléfono celular”.

Entre las preguntas a las que buscamos respuestas “se encuentra cómo el gobierno puede justificar la obtención de datos confidenciales de ubicación de teléfonos celulares sin obtener una orden de registro” firmada por un juez competente, añade.

En enero Univision Noticias reveló que agentes de ICE han utilizado un poderoso dispositivo de vigilancia llamado Stingray, que espía los teléfonos celulares un total de 551 veces en varios puntos del país durante un período reciente de tres años, según un documento del gobierno.

El reporte añade que hasta ese momento se conocía muy poco sobre la frecuencia con la que ICE había usado estos aparatos.

“En total, ICE ha desplegado la tecnología del Simulador de Sitio Celular 551 veces desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2018 en investigaciones criminales”, reveló la agencia en respuesta a una solicitud formal de los registros del gobierno requerida por Univision.

Tres meses antes, la estación local había revelado cómo un juez permitió que ICE usara este sistema para rastrear a un hombre mexicano que había vuelto a entrar sin autorización a Estados Unidos. Los agentes de ICE lo arrestaron luego en el apartamento de su novia en Brooklyn.

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Segunda voz de alarma

The Wall Street Journal reportó que las agencias federales estaban utilizando datos de ubicación de teléfonos celulares para aplicar la ley de inmigración. El periódico dijo que la herramienta fue conseguida tras la compra del acceso a una base de datos comercial que rastrea y mapea los movimientos de millones de teléfonos celulares.

La información “la están utilizando para la implementación de la ley de inmigración y la seguridad fronteriza”, dijo el periódico atribuyendo el hecho a personas familiarizadas con el tema. Y agregó que también tuvo acceso a documentos que explican el alcance de la herramienta.

“Los datos de ubicación se obtienen de aplicaciones de teléfonos celulares comunes, incluidas las de juegos, clima y comercio electrónico para las cuales el usuario ha otorgado permiso para registrar la ubicación del teléfono”, detalló.

La ACLU reitera que la policía (federal y estatal) se está aprovechando de las leyes de privacidad obsoletas para rastrear a los estadounidenses como nunca antes.

“Las nuevas tecnologías pueden registrar todos sus movimientos, revelando información detallada sobre cómo elige vivir su vida. Sin las protecciones adecuadas, el gobierno puede acceder a esta información, y a su vida privada, con inquietante facilidad”, precisa.