Acusan a un agente federal por ayudar a estafadores de más de 150 inmigrantes en California
June 14, 2018 - por Isaías Alvarado/Univision.
Johnny Martin, exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional, obtuvo indebidamente información confidencial de varios inmigrantes, incluyendo datos personales, historial migratorio y antecedentes penales, para entregarla a estafadores. Ahora enfrenta una condena de cinco años de prisión.
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LOS ÁNGELES, California.– Detectives de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) le siguieron el rastro a un esquema que estafó a más de 150 inmigrantes en California y otros lugares, robándoles unos seis millones de dólares. Así llegaron hasta un supervisor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que colaboró con los defraudadores.
Johnny Martin, de 59 años y residente de Chula Vista, en el condado de San Diego, sacó ilegalmente de la base de datos de las agencias del orden la información de más de una docena de personas, según la Fiscalía federal. Estos detalles los envió a un sospechoso que participó en el masivo fraude migratorio.
Los documentos que mandó por Internet contenían información personal, historial migratorio y antecedentes penales de algunas víctimas de este esquema. Dos estafadores se hacían pasar por agentes federales que tenían la autoridad para tramitar documentos migratorios y frenar deportaciones.
Estos datos confidenciales que obtuvieron a través de Martin hicieron creer a los defraudados que estaban tratando con verdaderos oficiales del DHS, como les decían.
La acusación alega que siendo supervisor de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una dependencia del DHS, Martin conversó con un sospechoso no identificado, quien le dio una lista con más de una decena de nombres de personas cuyo registro querían obtener.
No fue una tarea complicada. Solo ingresó a la base de datos de las agencias del orden, copió la información que le pidieron y la envió a su cómplice usando su correo electrónico personal.
Los investigadores descubrieron que Martin continuó hurgando indebidamente información confidencial en 2015 y 2016. No está claro si recibió algún tipo de compensación por estos favores.
Cuando el funcionario fue interrogado por oficiales del FBI, negó que tuvo comunicación con el sospechoso y que le compartió información sensible.
“Durante la entrevista en junio de 2017, los agentes le mostraron a Martin un ejemplo de la información confidencial que personalmente había extraído de una base de datos de las agencias del orden y que había enviado en un correo electrónico directamente a la persona”, señala la Fiscalía en un comunicado.
“Martin afirmó falsamente a los agentes que no tenía idea de cómo se había transmitido el documento a la persona”, agrega el informe.
Ahora este hombre fue acusado por hacer una declaración falsa a un agente federal y enfrenta una condena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad condicional y una multa de 250,000 dólares.
Quienes se habrían beneficiado de su colaboración son Hardev Panesar, de 69 años y residente de El Cajón; Gurdev Singh, de 56 años y vecino de Bakersfield; y Rafael Hastie, 47 años y radicado en Tijuana, México. Ellos fueron arrestados en junio de 2017 y enfrentan cargos de fraude migratorio.
Sus más de 150 víctimas vivían en California, Indiana, Michigan, Illinois y otros estados de EEUU. El esquema de estafa también afectó a personas en México, donde operaba Hastie.
La Fiscalía federal señala que los acusados habrían obtenido unos seis millones de dólares durante tres años, aseguraron a los estafados que tenían la autoridad para legalizarlos a ellos y a sus parientes, además de la capacidad de cancelar deportaciones.
Como parte del fraude, Panesar y Hastie se identificaban como oficiales del DHS mostrando credenciales falsas. Así prometían que podían agilizar o intervenir con sus trámites migratorios a cambio de miles de dólares. Singh se encargaba de ayudar a sus cómplices.
Al menos un inmigrante indocumentado pagó 45,000 dólares por una green card que jamás recibió. Los defraudadores solían exigir más dinero para “acelerar” o “garantizar” el proceso en una cierta fecha.
