Acusan ante La Haya a Fox, Calderón y Ulises Ruiz por represión

May 2, 2019 - por

Acusan ante La Haya a Fox, Calderón y Ulises Ruiz por represión

Integrantes de la APPO y policías preventivos durante un enfrentamiento por la disputa del auditorio Guelaguetza, en julio de 2007. Foto Cuartoscuro / archivo

En un hecho inédito, el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya información acusatoria que “puede constituir delitos de lesa humanidad” contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y contra el mandatario del estado, Ulises Ruiz, por los abusos y actos de represión cometidos entre 2006 y 2007 en el marco de las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En entrevista telefónica desde La Haya, Holanda, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca detalló que el expediente, de más de mil 600 páginas, señala a los ex funcionarios mexicanos de su presunta responsabilidad en delitos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias, que “son delitos de lesa humanidad que recaen bajo la competencia de la CPI”. Esto debido a que se agotaron las instancias nacionales para acceder a la justicia.

La comunicación presentada por el ombudsperson oaxaqueño se basa en tres documentos relevantes: la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde cada instancia documentó la comisión de graves violaciones a las garantías fundamentales durante los acontecimientos en Oaxaca en el marco de las protestas de la APPO.

Otro elemento considerado son las conclusiones de la Comisión de la Verdad para investigar esos hechos, constituida por acuerdo del gobierno y el Congreso de Oaxaca, donde se llegó a la misma conclusión. Sin embargo, de acuerdo con Peimbert, pese a esas resoluciones no hay castigo aún contra los responsables, como lo determinó en una investigación la propia Defensoría a su cargo, la cual también forma parte de la documentación que él mismo entregó este jueves, acompañado de algunas de las víctimas de los hechos, ante la CPI.

Esta es la primera ocasión en la historia de este tribunal internacional que una institución pública de derechos humanos perteneciente a un Estado miembro (en este caso México) presenta una comunicación de este tipo. Es de recordar que organizaciones civiles -nacionales e internacionales- y abogados han presentado al menos seis denuncias ante la CPI por delitos de lesa humanidad cometidos sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, en particular por delitos en Coahuila y Chihuahua.

“Planteamos una teoría del caso, donde nosotros observamos que a partir de 2006 y 2007 se genera en Oaxaca un modelo de intervención violenta en contra de la protesta social. Y que se sofistica de tal forma que inclusive dentro de sus mecanismos de represión se generan ciertos vínculos con el crimen organizado, a través de algunos de sus cárteles, para poder reprimir a la protesta social a través de lo que se denominó en Oaxaca las caravanas de la muerte.

“En nuestro estado se estrena un modelo de intervención violenta que se sigue repitiendo de manera sucesiva en algunos otros casos y que al no haber sanción jurídica y penal permite que se siga repitiendo, o sea, impunidad. Entonces lo vemos reflejado en ciertos patrones de conducta similares: en Ayotzinapa, en Nochixtlán, en Tlatlaya, en Tanhuato. Lo que nos permite perfilar que existe una condición sistemática y generalizada”, subrayó Peimbert.

Como ombudsperson del país, exhortó al Estado mexicano, en particular al Ejecutivo federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a pronunciarse y acompañar los señalamientos presentados ante la CPI contra Fox, Calderón y Ulises Ruiz.

El proceso en La Haya es complejo. La comunicación presentada por Peimbert tiene que ser revisada por la unidad de información y evidencia de la Fiscalía de la CPI, proceso que puede prologarse varios meses y que no siempre trasciende. Es esta instancia la que definirá si procede o no la apertura del proceso contra los ex funcionarios señalados.