Durante la liberación de archivos -hasta ahora reservados- con información del movimiento estudiantil de 1968,  el rector de la UNAM, Enrique Graue; Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación,e integrantes del Comité 68, se pronunciaron por la apertura de archivos de este tema en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Encinas añadió que se debe hacer lo propio, a nivel general, con los archivos del Cisen y del Estado Mayor Presidencial, dos de las instancias que desaparecerán en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En principio, en referencia a los documentos del 68, el rector Graue subrayó que el objetivo es hallar los hilos sueltos para acercarnos a la verdad y evitar que esto vuelva a suceder.

“Hoy aquí estamos para celebrar la apertura de los archivos en poder del Archivo General de la Nación (AGN), sobre los sucesos de 1968, y pronto esperemos estar en la Secretaría de la Defensa Nacional y celebrar también la apertura de esos archivos”, señaló .

Igualmente Encinas celebró esta liberación pero recordó que ante los cambios anunciados por el Presidente electo, es necesario que los documentos del Centro de investigación para la seguridad nacional (Cisen) y del Estado Mayor Presidencial, sean entregados al AGN.

“(Esa desaparición ) debería llevarnos a todos nosotros a requerir que los archivos en manos del Cisen y del Estado Mayor Presidencial, como sucedió en su oportunidad con la Dirección Federal de Seguridad, pasen al Archivo General de la Nación y sean públicos sin ninguna restricción “, dijo.

En cuanto a la ceremonia de este miércoles, en la sede del antiguo palacio de Lecumberri, dijo que se da un avance a las resistencias al acceso a la información, pero persiste un reclamo claro hacia la apertura de los archivos de la Sedena y de otras instituciones públicas vinculadas con el movimiento del 68.

Hoy -agregó- es un día de gran trascendencia la implementación que ha adoptado el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para desclasificar los archivos que en manos del AGN y la UNAM, vinculados con el movimiento estudiantil de 1968, se hace públicos.

“Hoy se desclasifican documentos fundamentales para reconstruir esta etapa de nuestra historia porque si bien no estaban presos, eran archivos cautivos.

“El derecho a la memoria y a la verdad sirve no para alentar el ánimo de venganza, sino para conocer la verdad de los hechos y hacer justicia, como principio de la reparación del daño y para que los sucesos no vuelvan a repetir”, subrayó.

Ha costado mucho trabajo dejar atrás los viejos principios del manejo de la información, como razón de Estado, para hacerlo un principio de razón de la sociedad, señaló el próximo subsecretario de derechos Humanos, Migración y Población.

Apertura

El AGN y la UNAM fueron los impulsores de esta declaratoria del INAI que ahora permite la consulta pública de fotografías de marchas y protestas del movimiento estudiantil, listado de víctimas, registro de huellas digitales y reportes de filiaciones políticas que podrán visitarse en el sitio www.m68.mx

La resolución del INAI emitida este miércoles 10 de octubre libera un total de 19 mil fojas pertenecientes a los fondos de la Secretaría de Gobernación Siglo XX de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (1924-1982), y de la Dirección Federal de Seguridad (1947-1971).

Además, fotografías de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, del Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, y del Fondo Hermanos Mayo, que en la actualidad se encuentran fuera del acceso público debido a la protección de datos sensibles.

La decisión del INAI se basó en la consideración de que el interés de la sociedad por conocer y tener acceso a la información sobre los hechos ocurridos en el movimiento del 68 es mayor al de proteger los datos personales que obran en ella, porque resultan indispensables para conocer la historia nacional.

“La causa lo amerita”, dijo el Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, durante la ceremonia.

En su turno, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, dijo “es nuestra responsabilidad no utilizar las excepciones que prevé la ley para perjudicar el derecho a la verdad”.