Ciudad de México.

En abril, las solicitudes de refugio en el país llegaron a una cifra sin precedente. “La situación, particularmente en frontera sur, es casi de colapso”, dijo el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, al proyectar la recepción de más de 60 mil solicitudes al cierre de 2019.

“Considerando que cada mes se está incrementando el número de solicitantes, no sería extraño que rebasemos los 60 mil, más del doble que el año pasado, en una situación en la que la capacidad operativa de la comisión es muy limitada”, comentó a La Jornada.

Para dimensionar el aumento, basta señalar que durante 2013 el país recibió mil 296 cartas petitorias. Desde entonces, ningún mes había rebasado la franja de los 5 mil expedientes.

La suma de enero a abril de este año es de 18 mil 365, equivalente a 62 por ciento de todo 2018.

La trayectoria de estos cuatro primeros meses es al alza: 3 mil 495 (enero), 4 mil 127 (febrero), 4 mil 713 (marzo), y 5 mil 580 en abril.

En cuanto a nacionalidades, predominan los procedentes de Honduras, al quintuplicar el número de solicitudes respecto de otras procedencias subsecuentes en la lista.

En 2018 los hondureños ocuparon igualmente el primer sitio, aunque ahora la diferencia con otros grupos es mayor.

Así, de enero a abril pasados, la Comar recibió 10 mil 107 solicitudes de hondureños; 2 mil 880 de personas de El Salvador; 2 mil 464 de venezolanos y 973 de guatemaltecos, se indica en la estadística oficial más reciente. Igualmente, a diferencia de lo ocurrido en 2018, hay un repunte significativo respecto a la población en movilidad originaria de Cuba, al pasar de 218 del año pasado a 760 tan sólo en el primer cuatrimestre de 2019. Más abajo está Nicaragua, con 696 solicitudes.

El porcentaje de quienes reciben una respuesta positiva al refugio es para los venezolanos, con 99 por ciento, mientras que el de los centroamericanos va de 49 (guatemaltecos) a 89 por ciento (nicaragüenses).

Sin dinero

Pese al alud de peticiones de protección al Estado mexicano, la Comar, dependiente de la Secretaría de Gobernación, sigue operando con los mismos recursos humanos y materiales de otros años, con un presupuesto anual de alrededor de 25 millones de pesos.

Ese monto le sirve prácticamente sólo para el pago de nómina y gastos operativos básicos, de ahí que tiene que pedir apoyo de instancias nacionales e internacionales como al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Mientras tanto, el rezago de resolución se agudiza: hay 16 mil 035 expedientes que ya rebasaron el plazo legal –de 45 y hasta 90 días– para que el extranjero obtenga una respuesta.

A ello se agregan 11 mil 435 casos “suspendidos” (acuerdo de prórroga concedida para la oficina de la Ciudad de México tras el sismo de 2017, debido a que las instalaciones de la Comar se dañaron), y 11 mil 362 que se encuentran en trámite, según datos oficiales obtenidos por La Jornada.