Ignacio Ovalle Fernández, un político formado en el viejo priismo y exdirector general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), podría estar implicado en el desfalco multimillonario de dicha institución, cuya investigación se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Frente a esto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador –el mismo que lo invitó a desempeñarse en Segalmex– aseguró que si resulta involucrado en dicho saqueo, tendrá que asumir la responsabilidad.

Además de formar parte del Gobierno morenista, ser cercano a López Obrador y militar anteriormente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ovalle Fernández también ha tenido lazos estrechos con Movimiento Ciudadano, al fungir como presidente nacional de la Fundación emecista México con Valores a partir de 2012 y hasta al menos 2018, cuando todavía aparecía en publicaciones relacionadas con la organización.

Incluso, al 1 de marzo de 2023 el funcionario del Gobierno federal todavía figura como afiliado al partido de Dante Delgado, con casi una década de militancia en dicha organización política.

UNA VIDA EN EL PRIISMO, Y LA OTRA EN MC

Como miembro del priismo fue director nacional del Instituto Nacional Indigenista; fue en este órgano gubernamental donde fue el jefe de Andrés Manuel López Obrador. Durante este periodo, el ahora Presidente de México se hizo una imagen positiva de Ovalle Fernández, como él mismo reconoció este lunes en conferencia de prensa:

“Yo tengo una opinión de él buena. Él fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en 1977, hace más de 40 años. Lo considero que es una gente con principios, una gente honesta. No lo considero una persona corrupta, yo siento que a él lo traicionaron gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder del antiguo régimen, y él les dio entrada, pero sí él también resulta que tiene responsabilidad [en el caso Segalmex], él tiene que asumirla”.

En el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, se desempeñó como Embajador mexicano en Cuba y Argentina; y con Carlos Salinas de Gortari fungió como director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como Conasupo, entre 1988 y 1990, apenas un año después del escándalo por la compra y distribución de leche radioactiva, donde se encargó del inicio del desmantelamiento de la paraestatal.

Fue en ese periodo del Gobierno de Salinas de Gortari cuando se le llamó como testigo de descargo en el caso del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, cuya autoría intelectual se le atribuyó al hermano del Presidente, Raúl Salinas.

Igualmente en su gestión de Conasupo se crearon los “tortivales”, un mecanismo de canje para adquirir kilos de tortilla, que fueron en su momento señalados por tener un uso electoral a favor del PRI.

UNA SALIDA IRREGULAR

Al inicio del sexenio de López Obrador, Ovalle Fernández entró a la administración federal como director de Segalmex, creada en el 2019, hasta que en abril del 2022 se realizó un cambio de funcionarios en medio de señalamientos de millones de irregularidades en gasto.

En su paso por la institución, trabajó con René Gavira Segreste, quien se desempeñó como director de Administración y Finanzas de Segalmex y fue el primer detenido por las investigaciones sobre el desfalco. Este personaje, al igual que Ovalle Fernández, participó con Movimiento Ciudadano.

A pesar de crearse como una institución gubernamental para favorecer a los sectores más vulnerables de la población, desde el inicio de sus operaciones y hasta el 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había generado observaciones en la Cuenta Pública por 14 mil 268 millones de pesos.  De esta cifra, una parte fue aclarada y/o reintegrada a las arcas públicas, pero al momento de esta publicación aún subsistían 9 mil 821 millones 060 mil 322.15 pesos por aclarar.

El anuncio de la salida de Ovalle de Segalmex fue escueto:

“Por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Leonel Cota Montaño como nuevo director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) —constituido por Diconsa y Liconsa—, organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Leonel Cota Montaño sustituye a Ignacio Ovalle Fernández, quien a su vez ha sido designado por el presidente de la República como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob)”.

Desde abril de 2022, la Fiscalía ya había advertido que existía una carpeta de investigación por el uso indebido de recursos públicos en Segalmex, que derivó en la vinculación a proceso de Gavira Segreste “por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”.

Un mes después del anuncio de la Fiscalía, la Senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz presentó una denuncia en contra de Ovalle Fernández ante la FGR por las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Segalmex bajo su dirección por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como coalición de servidores públicos.

De las 22 órdenes de aprehensión solicitadas y obtenidas por la FGR a inicios de este marzo, al 19 de este mes se habían vinculado a proceso a 10 personas, entre ellas funcionarios públicos.

“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de siete mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”, dijo en ese momento la FGR.

Entre los actualmente detenidos se encuentran: René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas del organismo; José Miguel Ojeda Antonio, administrador único de la empresa Servicios Integrales Carregin ligada a los contratos; Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de la empresa; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar de la Unidad Operativa de Diconsa en Querétaro; y Gonzalo Mora Nateras.

La Fiscalía igualmente obtuvo las detenciones de Jorge Humberto González Bocardo, exjefe de Operaciones de Diconsa, quien fue acusado penalmente de los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control presupuestal de Liconsa; Simón Escobar Copca, exjefe de almacén de Diconsa en Querétaro; Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe del almacén rural en San Luis de la Paz, Guanajuato; y Carlos Antonio Dávila Amerena, exjefe Jurídico de Diconsa y Segalmex, aunque este último fue liberado después de que un Juez federal determinada que no habían pruebas suficientes para vincularlo a proceso por los delitos de los que se le acusaban.

*Tamara Mares Rivera

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Periodista por la UNAM. Sus principales intereses son derechos humanos, política y género. Es somnolienta sin café y apasionada de la mar.