Andrés Manuel López Obrador promete acabar con la corrupción y la impunidad si llega a la Presidencia de la República. En su Proyecto De Nación 2018-2024 plantea, por ejemplo, modificaciones a los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como las fiscalías General y Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). Pero, ¿las propuestas de AMLO garantizan que estas instituciones sean autónomas y funcionen como debe de ser?

Académicos y expertos consultados resaltan que en el proyecto de López Obrador, las garantías de cumplimiento se sustentan en su discurso de “buena voluntad”, y que más allá de las múltiples modificaciones, propone una organización centralizada con una figura presidencial fuerte. Esto, sin movilizar a la clase política y a la ciudadanía para consolidar el Estado de Derecho, no será suficiente para cambiar al país.

Otro problema, dicen, es que sus propuestas son “ambiguas” y son un diagnóstico impreciso de la realidad nacional: no explica cómo funcionaría la autonomía (práctica) de los órganos encargados de impartir justicia y de luchar contra la corrupción, y tampoco la manera en que empoderaría a la sociedad civil organizada para que su voz realmente incida en la toma de decisiones.

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 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propone acabar con la corrupción y la impunidad. Ha dicho, en reiteradas ocasiones, que esa batalla se librará “como se limpian las escaleras: de arriba para abajo”. Esto implica que la figura presidencial debe de poner el ejemplo para acabar con los cánceres que minan el desarrollo nacional.

Para especialistas consultados, la “buena voluntad” es un aliciente de cambio, pero sin instituciones fuertes que gocen de plena autonomía y que operen con estricto apego a la ley, además de ser transparentes al ejercer funciones, la estructura se desmoronaría facilmente.

Dicen que tampoco basta con tener autonomía, sin una sociedad organizada que le exija a la clase política dejar de capturar las instituciones y que cumpla con sus responsabilidades normativas, advirtieron, los cambios venideros no serán sostenibles. En ese sentido, la apatía ciudadana y las estructuras en exceso verticales, no son sinónimo de progreso.

A pesar de las deficiencias en su programa de gobierno, algunos de los especialistas coinciden en que López Obrador tiene propuestas “diferentes” a las de sus adversarios, como es empoderar a la ciudadanía e involucrarla en algunos procesos. También planea reforzar la calidad del gobierno a través de la mejora institucional del país, por medio de dos principales cambios, de acuerdo con su Proyecto De Nación 2018-2024. Uno es “a través de un rediseño operativo institucional”, y otro “por medio de reformas legislativas”.

Además, solicitó y obtuvo el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en caso de que AMLO llegara a la Presidencia de la República, participaría en la observación de la nueva etapa de licitaciones y adquisiciones por parte del Gobierno federal, con la finalidad de asegurar la legalidad en sus procesos, reduciendo así el riesgo de actos de corrupción o de conflicto de interés, que minen el patrimonio nacional.

Este tipo de iniciativas, son positivas según los expertos. Pero como en todo plan, hicieron hincapié en que una cosa es la propuesta y otra la práctica, ya que los cambios que propone el político tabasqueño, no dependerán únicamente de su buena voluntad y de la revolución moral que propone, sino del entramado estructural que compone al Estado mexicano, incluidos los tres Poderes de la Unión.

En ese sentido, explicaron, la titánica labor para el próximo titular del Ejecutivo federal, quien quiera que sea, no sólo será “barrer las escaleras de arriba hacia abajo”. Será necesario movilizar a la clase política y a la ciudadanía para consolidar el Estado de derecho, donde la República vuelva a significar el imperio de la ley (en lugar de la voluntad política).

Para los académicos y expertos consultados por SinEmbargo, el gran problema de todos los candidatos presidenciales -incluido López Obrador- es que nunca explican cómo o en qué grado aplicarán las modificaciones que plantean. Y muchas veces, sus propuestas mencionan cuestiones que ya existen pero que no se aplican a cabalidad, en cuyo caso, no refieren cómo revertirán dicha situación.

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En enero pasado, Andrés Manuel López Obrador presentó a Eva Verónica Degives, Juan Luis González Alcántara Carranza y Bernardo Bátiz, quienes integran la terna para el cargo de Fiscal General, en caso de ganar la elección de julio de este año. Además, anunció la terna para la Fiscalía Anticorrupción, compuesta por las abogadas María de la Luz Mijangos Borja, Diana Álvarez Maury y el catedrático de la UNAM, Ricardo Peralta Saucedo; asimismo, a los abogados María Estela Ríos González, Ernestina Godoy Ramos y José Agustín Ortiz Pinchetti para competir por la Fiscalía Electoral. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro

Entre los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a los que el Proyecto De Nación 2018-2024 hace referencia, están las fiscalías General y Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

AMLO propone reforzar su autonomía. Sin embargo, la de las fiscalías y la de la SFP ya está más que establecida en los artículos constitucionales 102 y 79, y en el acuerdo A/029/17, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En el caso de la SFP, es un órgano que depende del Poder Ejecutivo federal.

Las propuestas de López Obrador son modificaciones a normas y mecanismos existentes, que más allá de las especificaciones, no resolverían el problema de fondo, dijeron politólogos a este medio digital.

“Lo que tenemos que aprender todos, es que hay ciertas propuestas que se han venido formulando por los candidatos, que o bien ya existen […] o bien, son propuestas que tienen que pasar por reformas constitucionales. Por lo tanto, no dependen sólo del Ejecutivo”, explicó el doctor Mauricio Merino Huerta, coordinador general de Nosotrxs, un movimiento que promueve la responsabilidad ciudadana y la exigencia al cumplimiento de la ley.

El también investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) mencionó que las facultades de este tipo de instituciones son amplias y ejemplares, no sólo en México, sino también reconocidas en el mundo (por ejemplo, en 2012, el Center for Law and Democracy calificó al sistema nacional de transparencia mexicano como el mejor diseñado a nivel global).

El problema no es de papel -aunque reconoció que siempre es necesario ir modificando la ley- sino que las instituciones ejerzan sus capacidades, circunstancia para la que no basta la voluntad política. Hace falta la presión constante de la ciudadanía para que, la clase política, deje de capturar las instituciones en beneficio de intereses personales.

“En general es favorable que, instituciones que van a vigilar al gobierno, pues tengan distancia del gobierno al que van a controlar. El problema es qué significa esa autonomía; qué entramado de instituciones debe suscribirse, y qué papel va a jugar la sociedad respecto a la actuación de esas instituciones. Y también es un problema decidir quién va a nombrar a esas personas, de qué manera van a ser designadas. Y a su vez, los órganos autónomos, ante quién van a responder”.

El maestro Rodrigo Perera Ramos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), concordó en que no bastan los mecanismos y las leyes engrosadas para transformar la realidad del país.

En su opinión, para que los órganos anticorrupción sean realmente autónomos requieren dos elementos básicos: que sean ciudadanos los que lleguen a los cargos principales de estas instituciones; y que tengan un presupuesto independiente, “pues por lo regular, a este tipo de instituciones se les amarra y se les pone ‘a modo’ a partir de cómo se les asigna el presupuesto en las cámaras”.

Ante este panorama, el doctor Merino señaló que, en general, “los candidatos a la Presidencia de la República no están atinando en el diagnóstico correcto del problema que quieren resolver, al menos en materia de corrupción”. Y sin este diagnóstico, dijo, las herramientas no serán la solución adecuada. “Nos están vendiendo espejitos”, sentenció.

Los politólogos coincidieron en que las necesidades que tiene este país no dependen de un sólo hombre o sólo del gobierno. “Para que cumplan con su cometido, necesitamos que la sociedad se organice, se los exija, y los cuestione y reclame que cumplan con su deber. Esa sí es una condición, sin la cual, va a ser muy difícil que todo este entramado de instituciones acabe de prosperar”, concluyeron.

AMLO Y LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL

Sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad, hay dos elementos que resaltan del Proyecto De Nación 2018-2024 de López Obrador: que las garantías de cumplimiento se sustentan en su discurso de buena voluntad; y que más allá de las múltiples modificaciones, propone una organización centralizada con una figura presidencial fuerte (a pesar de querer descentralizar las secretarías de Estado y mandarlas fuera de la capital del país).

Para AMLO, “erradicar la corrupción depende, en gran medida, de la voluntad política y la capacidad de decisión del titular del Ejecutivo y de la autoridad moral de los gobernantes. Si el Presidente es honesto, ese recto proceder tendrá que ser secundado por los demás servidores públicos”, reza el documento de más de 400 páginas.

Como mecanismos para regular al Presidente y su equipo de trabajo, su proyecto refiere que reformará el artículo 108 constitucional para eliminar el fuero presidencial y de “otros altos funcionarios públicos”. Asimismo, “se establecerá la obligación legal y moral” de publicar la declaración patrimonial, fiscal y de intereses de “todos los servidores públicos”.

Aunado a ello, menciona que “se definirán procedimientos de participación ciudadana en el combate a la corrupción”.

Para el maestro de la UNAM, Rodrigo Perera Ramos, un punto a favor de AMLO es que “propone la ciudadanización de estas instituciones anticorrupción […]. Viéndolo desde este punto de vista, parece ser que sí va a hacer ciertos cambios importantes, sobre todo en transparencia y en conflictos de intereses”. No obstante, abundó, los cuerpos colegiados de ciudadanos no garantizan la autonomía de las instituciones “porque también se ha visto que estos organismos civiles muchas veces no actúan de forma apartidista y sin intereses políticos”.

En ese respecto, comentó que la propuesta del tabasqueño no especifica el nivel de incidencia que se le dará a los cuerpos de la sociedad civil en la toma de las decisiones, porque muchas veces “tienen voz pero no tienen voto”. Hacen falta, en su opinión, mecanismos que den más fuerza a las organizaciones civiles, además de autonomía del poder político.

Por eso, advirtió que una cosa es lo que propone y otra cosa es lo que puede suceder, “porque en México hemos funcionado de manera tecnócrata. La visión de AMLO es menos tecnócrata [que la de sus opositores], pero no es tan específica en cuanto al diseño y aplicación de políticas públicas. Al final, lo que él está proponiendo es un tanto ambiguo”, comentó.

Un ejemplo de estas contradicciones se lee en el Proyecto De Nación 2018-2024, donde acusa que, en la actualidad, “las instancias facultadas para castigar a los servidores públicos, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, no son independientes del Presidente de la República por lo que, quienes delinquen, gozan de total impunidad”.

Pero AMLO ha dicho que designaría al titular de la SFP (Irma Eréndira Sandoval Ballesteros) y propondría la terna de candidatos a la Fiscalía General, que sería ratificada por el Congreso (conformada por Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Veronica de Gyves y Juan Luis González Alcantara).

A su vez, entre sus propuestas está que el Fiscal General designe la terna a ratificar por el Congreso, para la elección del Fiscal Anticorrupción (aunque el propone una terna conformada por Diana Alvarez Maury, María de la Luz Mijangos y Ricardo Peralta Saucedo). Por otro lado, el titular de la ASF seguiría siendo designado por el Poder Legislativo (y AMLO pide que voten por Morena en el Congreso).

Asimismo, el tabasqueño propone que el Presidente tenga “mando directo sobre un ministerio público con facultades plenas de investigación y ejercicio de acción penal. Esto concentraría en una sola oficina todas las áreas que deben de participar de una investigación criminal, reduciendo la impunidad creada por la falta de comunicación y coordinación entre estas áreas” (que es similar a la idea del SNA), se lee en su proyecto.

Este tipo de propuestas, han hecho que la oposición lo acuse de “autoritario” -como lo hizo el Diputado perredista Jesús Zambrano Grijalba, al decir que esa era una razón por la cual algunos militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) estaban abandonado las filas del partido- o de querer un “fiscal carnal” (como señaló el presidenciable blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés).

A fines del mes del año pasado, organizaciones de la sociedad civil presentaron a los presidenciables su “Agenda por un Estado democrático de derechos sin corrupción ni impunidad”. Todos los candidatos acudieron a excepción del político tabasqueño, por “problemas de agenda”, aunque les presentó su posicionamiento.

De la agenda suscribió e su totalidad 36 de las 56 propuestas, 17 las aceptó con reservas y las tres restantes no las hizo suyas. Entre los puntos que aceptó de manera parcial está el de la Fiscalía, de la que dijo estar de acuerdo con su autonomía, pero que se deba de “desarrollar más una propuesta sobre manejo de policías”, y la mayoría de los encaminados a fortalecer a la organizaciones civiles tuvo reparos vinculados a la transparencia de los recursos, donantes y a una flexibilización para que los grupos civiles tengan acceso a recursos privados y públicos. (CONSULTAR AQUÍ).

Más allá de los señalamientos, las contradicciones y que AMLO no proponga algo nuevo, el problema radica en que no explica cómo hará para garantizar la autonomía operativa de quienes dirijan las instituciones referidas (las fiscalías, la ASF y la SFP), indicaron los especialistas.

El 29 de enero, durante su participación en el Diálogo “Por la paz y la justicia” organizado por la Universidad Iberoamericana y más de 60 organizaciones de derechos humanos, AMLO explicó que sus propuestas, en que la figura del Presidente es central, no elimina los criterios de autonomía e independencia de estas instituciones anticorrupción, porque propone a personas íntegras. “Lo que no quiero es la simulación”, externó entonces.

Eso no responde a la duda y “la cuestión es lograr que, sin importar quien llegue, las instituciones funcionen”, dijo el maestro Perera. “En México, el problema que tenemos es que hay instituciones débiles y dependen de quién está a su cargo para poder funcionar eficazmente”. En ese sentido, los candidatos presidenciales no han hecho propuestas contundentes.

El maestro especializado en administración pública y gobierno ahondó diciendo que de nada sirve que estas instituciones sean autónomas en la Constitución mientras la ley no se aplique. Y para que funcionen o sean fuertes, no deben depender del Presidente o de quien esté dirigiendo el país.

El doctor Mauricio Merino Huerta concordó. Indicó que “quien ocupa un cargo de esa magnitud, no debe responder a quien lo designa, sino a las funciones que le son asignadas […]. Lo que tenemos que exigir es que las personas que lleguen a esos cargos, cumplan con su cometido. Y su cometido no responde a la lealtad, a sus superiores o a quien deben el puesto. La lealtad se debe únicamente al marco jurídico que lo rige. Y eso es lo que tenemos que exigir nosotros” como ciudadanos.

Para los politólogos, las instituciones gozan de autonomía técnica. Pero “lo que tenemos que exigir es que el régimen político en su conjunto deje de bloquear el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. El régimen político está bloqueando la existencia de ese sistema porque no les gusta, porque los desafía”.

LAS REFORMAS DE AMLO

El también candidato a doctor, Rodrigo Perera Ramos, señaló que los planes y programas de gobierno de los candidatos, por lo general, “no tienen toda la estructura ni la información existente para poder desarrollar cuestiones más específicas, sino más bien, lo que se hace es una descripción y un análisis de los diferentes temas que se deben de abordar durante la administración, y unas líneas de acción. Pero difícilmente te vas a encontrar, en algún candidato de cualquier país o partido, cosas muy específicas como leyes secundarias”, por ejemplo.

En el caso de la Fiscalía General, el proyecto de AMLO propone modificar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para dar “mayor autonomía” -técnica y operativa- al área de servicios periciales. Con esto buscaría “garantizar la imparcialidad” de la institución.

Su idea es crear una “policía científica” que sea “ajena a cualquier circunstancia político-social”, con un “código de ética obligatorio” y con “programas específicos” de capacitación y educación policial, incluido un sistema de “corresponsabilidad” (o de vigilancia entre iguales) para combatir la corrupción.

Sobre la ASF, el proyecto establece que pasaría “de ser un órgano de la Cámara de Diputados” a una entidad “equiparable” a los institutos Nacional Electoral (INE); Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); o Federal de Telecomunicaciones (IFT). O bien, organismos con integrantes ciudadanos que gozan de prestigio social, con presupuesto y capacidad de determinación independientes.

La idea de AMLO es que pueda profundizar en la fiscalización de la cuenta pública (a nivel local) y actuar en casos de “corrupción activa y pasiva”. También planea dotarla con “capacidades de sanción con base en los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública”.

Lo que el tabasqueño busca, según su plan, es generar más mecanismos de transparencia en la designación de su titular y funcionarios (con base en un perfil y experiencia técnica en la materia), además de “una reforma legal que tipifique con mayor claridad y especificidad la corrupción activa y pasiva, como por ejemplo, el conflicto de intereses, el desvío de fondos públicos y abuso de funciones”.

Acerca de la Fiscalía Anticorrupción, menciona que será el nuevo Fiscal General el encargado de presentar la terna ante el Poder Legislativo, con la finalidad de designar a su titular. Y en el caso de la SFP, AMLO acaso y ha mencionado que sería trasladada al estado de Querétaro.

Si los candidatos no tienen propuestas novedosas (o son superficiales); si no ofrecen mecanismos concretos que garanticen el cumplimiento de la ley vigente (aunque propongan modificaciones), ¿cuál es la salida entonces?

Para los politólogos consultados, todo comienza con “dejarnos de promesas vanas, dejarnos de inventos nuevos, dejarnos de tonterías y exigir que esas instituciones funcionen tal como están diseñadas […]. Nos hemos equivocado mucho como país, creyendo que la salida de los problemas más delicados de México es crear órganos autónomos del Estado […]. [Más bien] lo que necesitamos es que haya responsabilidad de las personas que ocupan esos cargos. Es llamar a esas personas a rendir cuentas y rodearlos de exigencia ciudadana”, confió Mauricio Merino Huerta de Nosotrxs.

Merino no dejó de resaltar que, mientras la sociedad no se organice y los funcionarios no se hagan responsables del cumplimiento de la ley, los cambios institucionales y el rediseño legal, “van a servir para nada”. Sin la voluntad de la sociedad, no podemos esperar voluntad política. “Si dependemos de la voluntad de otros, siempre vamos a perder” como país, condenó.