Ciudad de México.

Tras el fallo de un tribunal colegiado según el cual no existe “imposibilidad jurídica” para crear una comisión de la verdad sobre el caso Iguala, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene excusas para no cumplir su promesa de investigar a fondo lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi cuatro años.

Así lo indicó Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, quien llamó al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto a ya no obstaculizar el surgimiento de dicha comisión, y a dejar trabajar a la próxima administración.

La resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito —dada a conocer el jueves pasado— “es importante porque estaría facilitando que el próximo gobierno acate la resolución en sus términos, y creo que ellos han manifestado toda la voluntad para acatar esa resolución. Lo único que le pedimos a este gobierno (de Peña Nieto) y a la Suprema Corte de Justicia es que ya no pongan obstáculos” para la comisión de la verdad, dijo Rosales, entrevistado durante la toma de la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca.

Como ya se ha informado en este diario, el mencionado Tribunal Colegiado ordenó a inicios de junio de este año la creación de una comisión de la verdad sobre el caso Ayotzinapa para reponer toda la investigación sobre el tema, al considerar que la indagatoria hecha al respecto por la Procuraduría General de la República no fue efectiva, independiente ni imparcial.

No obstante, diversos organismos gubernamentales interpusieron más de 100 recursos legales para impedir el surgimiento de dicha comisión de la verdad. La presión llevó a que el Tercer Tribunal Unitario, con sede en Reynosa, Tamaulipas, declarara el 18 de julio que existe una supuesta “imposibilidad jurídica” para generar ese órgano especial. Dicho fallo quedaría anulado con la reciente sentencia del Tribunal Colegiado que concluyó que esa imposibilidad no existe.

“Es lo único que se pide, hombre: si no van a investigar ya ellos, que permitan que el gobierno electo pueda cumplir con el fallo. Eso nos estaría permitiendo tener ya construido este mecanismo extraordinario que haría una investigación amplia”, integrado no solo por el Ministerio Público, sino también por la Comisión de Derechos Humanos y por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enfatizó el litigante.

Dicha comisión de la verdad sería “un mecanismo robusto que indagaría qué es lo que pasó el 26 y 27 de septiembre (de 2014, cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa) y obviamente habría muchas mayores expectativas de lograr saber la verdad de lo acontecido esos días. Eso a todos nos conviene”.

El fallo del Tribunal Colegiado, insistió, hace que el gobierno entrante “ya no tendría ningún pretexto” para no crear la comisión de la verdad sobre Ayotzinapa, cuyo funcionamiento ya está totalmente diseñado, además.

Rosales formó parte del grupo de padres y madres de los 43 estudiantes que este sábado “tomó” la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, donde permitió el paso de los vehículos sin pagar peaje, repartió información sobre el tema de Ayotzinapa y solicitó cooperación voluntaria a los automovilistas.

RELACIONADAS