Tras el rechazo de AMLO a la “Ley Bonilla”, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, advierte que es posible la desaparición de poderes en Baja California

July 13, 2019 - por

Tras el rechazo de AMLO a la “Ley Bonilla”,  el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, advierte que es posible la desaparición de poderes en Baja California

Jaime Bonilla aseguró que no hubo acuerdo con legisladores de oposición, sino que actuaron en concordancia con los resultados electorales de junio en los cuales Morena arrasó.Foto Mireya Cuéllar.

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Si la decisión del Congreso es ilegal, la Corte corrige y yo acato, expresa Jaime Bonilla

Aprestan opositores las impugnaciones para cuando la enmienda sea publicada oficialmente

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Andrea Becerril/La Jornada.

Porfirio Muñoz Ledo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sostuvo que cabe la desaparición de poderes en Baja California, ante la decisión del Congreso local de extender de dos a cinco años el mandato del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla.

Muñoz Ledo señaló “que es gravísimo ese hecho”, ya que es una ruptura con la Federación y el pacto constitucional. Precisó que hay tres vías para resolver este problema:

Una controversia constitucional que puede presentar el Congreso de la Unión; una acción de inconstitucionalidad a cargo de los partidos políticos en Baja California, que se presentarían ante la Suprema Corte, y la otra opción es desaparecer los poderes en Baja California, lo que inhabilitaría al gobernador electo Jaime Bonilla, para ejercer el cargo.

Muñoz Ledo detalló que la desaparición de poderes está prevista en la Constitución y estaría a cargo del Senado. Es un recurso, dijo, al que acudieron los gobiernos del PRI en el pasado para “despedir a algún gobernador”, pero ahora se podría utilizar en sus términos.

Por separado el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confirmó que el Senado sí está analizando esta vía con todo detenimiento, pero antes deberán cubrirse otros recursos como son las acciones de inconstitucionalidad.

AMLO PIDE QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES RESUELVAN EL CASO

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▲ El titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, en diálogo con la comunidad del hospital rural de San Cayetano, en Tepic, Nayarit. Foto Presidencia

Tepic, Nay

Al señalar que no se mete en nada chueco, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si lo hubieran consultado, habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California. Si me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado, como era antes, que se pusieran de acuerdo (legisladores de todos los partidos) y aprobaran esa reforma, ¿cómo estaría hoy? Se me caería la cara de vergüenza, sin autoridad, sostuvo.

En conferencia de prensa en la 13 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional reiteró que no tiene injerencia en el asunto, y aseguró que nada que sea injusto va a prosperar. Ya se acabó, estamos en otros tiempos, dijo.

La ventaja, resaltó, es que “ya no hay influyentismo, el Presidente no se mete en estos asuntos, como era antes… La línea es que no hay línea. Entonces, tranquilos y que no nos confundan, porque no somos iguales. Veo a dirigentes de un partido, los escucho diciendo: ‘Si ya se permitió esto es porque ahí viene la relección presidencial’. Que no exageren, no somos iguales, zafo”.

Pidió esperar que las autoridades competentes resuelvan el caso, al referir que ya hay denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral, cuando se ha planteado que se presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A pregunta expresa, mencionó que si le hubieran consultado habría dicho que no. Pero, ¿cómo me van a consultar eso?, si saben muy bien.

Y al mencionarle si este caso no está pegando a su gobierno, porque los de abajo siguen igual, resaltó que hay una gran ventaja cuando el de arriba quiere hacer las cosas bien… Vamos de gane.

Puedo decirles que no me meto en esos asuntos, nada chueco. Se acabó el estado de chueco, ahora es estado de derecho.

Acompañado de integrantes de su gabinete de seguridad, el mandatario recalcó que es de mal gusto que esté recordando cómo se actuaba en administraciones anteriores –hace uno o dos años–. Si se llevaba a cabo algo como lo de Baja California era porque lo autorizaba el Presidente. Además, también decidía –agregó– cómo se daban los registros para partidos y ponía y quitaba candidatos.

Es más, nunca lo he hecho ni en la oposición. Por eso no van a poder con nosotros, tenemos ese escudo, nuestra autoridad moral.

IP Y PARTIDOS DE BC IMPUGNARAN ANTE LA SCJN

Antonio Heras, corresponsal de La Jornada.
Mexicali, BC.
Al menos tres partidos políticos recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la “Reforma Bonilla” a pesar que fueron sus legisladores los que decidieron cambiar la Constitución de Baja California a iniciativa de Morena.

Las vías jurídicas para revocar esta reforma son la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, amparo de la justicia federal y petición de referéndum que pueden presentar partidos, legisladores, ciudadanos y hasta gobiernos, según sea el caso, explicaron abogados consultados que confiaron en el resultado “favorable a la sociedad” y contra Morena.

Organizaciones empresariales como la Confederación Patronal de de la República Mexicana (Coparmex), capítulos Tijuana, Mexicali y Ensenada, anunciaron que interpondrán un juicio de amparo contra esta reforma constitucional, al tiempo que la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) presentará un recurso similar.

El referéndum es uno de los instrumentos de participación social al alcance de los gobiernos para conocer la aceptación social sobre temas de interés estatal basados en los principios de democracia, justicia y legalidad. En este caso se buscaría conocer si el ciudadano votó por el titular del Poder Ejecutivo y por dos o seis años de gobierno.

De manera paralela, organizaciones de la sociedad civil exigen juicio político en contra de los 21 diputados que aprobaron la modificación al artículo octavo transitorio de la Constitución para aumentar de dos a cinco años el periodo gubernamental de Jaime Bonilla de Morena.

De los 21 sujetos a petición de juicio político son en su mayoría panistas (nueve), cinco priistas, tres morenistas y uno de Transformemos, una petista, otra perredista y un integrante de Movimiento Ciudadano. El problema que enfrentarán los promoventes es que la solicitud se canaliza a través del propio Congreso local, cuya mayoría calificada a partir del 1 de agosto será morenista con sus aliados (Transformemos, PT y PVEM) y hasta que concluya la actual Legislatura, en dos semanas, operará esta “nueva mayoría” integrada por tres morenistas, una petista, uno de Transformemos, cinco priistas amonestados y 11 “independientes”.

El PRD, a través de Jaime Martínez Veloz, advirtió que de no actuar en contra del dictamen del Congreso local para la modificación constitucional “sentaría un precedente peligroso para el país”. Mientras que su dirigente Abraham Correa dio a conocer que se quitó la representación parlamentaria de la diputada Rocío Lopez Gorosove que no se puede expulsar por no ser militante.

El dirigente de Acción Nacional José Luis Ovando reiteró que su partido irá a la SCJN para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la “Reforma Bonilla”, además que desconocieron a nueve legisladores para quedar su grupo parlamentario integrado por tres diputados. De los nueve “golpistas” con siete se inició el proceso de expulsión por ser militantes y precisó que las dos restantes son ciudadanas.

El PRI también coincide con presentar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma, mientras que existe una confrontación sobre los diputados pues la dirigencia nacional solo promovió un extrañamiento, a diferencia del dirigente en Mexicali, Roberto Martín del Campo, que exigió que expulsaran a los cinco legisladores.

Las representaciones partidistas coincidieron en señalar que a los integrantes de sus bancadas se les advirtió sobre las consecuencias de votar a favor del cambio de la constitución para aumentar años a la administración estatal.

El 25 de julio será la última sesión de la 22 Legislatura donde trascendió que la “nueva mayoría” nombrará al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y aprobará las cuentas públicas del Poder Legislstivo de 2018 y 2019.