Amnistía Internacional aplaude que AMLO hable con víctimas, y le pide que los derechos humanos sean la prioridad en su sexenio

August 10, 2018 - por

Amnistía Internacional aplaude que AMLO hable con víctimas, y le pide que los derechos humanos sean la prioridad en su sexenio

Amnistía Internacional destacó los Foros por la Pacificación. Foto: Archivo, Cuartoscuro

La organización internacional le hace diversas recomendaciones al futuro Presidente, entre ellas, cambiar la política de control de drogas en México; abrogar la Ley de Seguridad Interior; retirar ordenadamente de las calles a las Fuerzas Armadas; acabar con las detenciones arbitrarias; crear un registro de desapariciones forzadas y de las perpetradas por agentes no estatales, que incluya casos de décadas pasadas; garantizar en la práctica la aplicación de las leyes contra la tortura y otros tratos o penas crueles.

Amnistía Internacional también alerta al próximo Gobierno que “en México, la violencia de género contra mujeres y niñas es generalizada”; sobre la situación que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en el país y que muchos pueblos indígenas siguen sufriendo los efectos de procesos históricos de discriminación múltiple.

En cuanto a migración, la organización recomienda al próximo Gobierno garantizar que ningún niño o niña sea separado de sus familias o detenido por motivos migratorios, y proteger los derechos de los refugiados, incluyendo el respeto al principio de no devolución.

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Amnistía Internacional hace un llamado hoy al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador a colocar de “forma inmediata” la agenda de los derechos humanos como eje central de sus políticas públicas. Además le envía una serie de recomendaciones con el objetivo de que su administración pueda “constituir una herramienta para los planes del nuevo Gobierno”.

La organización internacional envío hoy el documento México: Memorándum para el Presidente Electo, en el que detalla diversas observaciones y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en México.

“A pesar de algunos avances legislativos e institucionales puntuales, subsisten serios obstáculos en relación con cuestiones tales como el acceso a la justicia, las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas, la situación de violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia de género tanto contra mujeres y niñas como contra personas LGBTI, los abusos sufridos por personas migrantes y refugiadas, la fallida estrategia de seguridad pública, y el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, entre otras muchas”, detalla Amnistía Internacional.

En el texto le externa al Presidente electo que su administración “podría impulsar cambios sustanciales en el país si colocare de forma inmediata la agenda de los derechos humanos como el eje central de las políticas públicas y de las decisiones gubernamentales”.

“Además, si garantizare que los avances –sobre todo legislativos– registrados en años recientes se volvieren una realidad palpable para todas las personas, sería ello una contribución histórica de las nuevas autoridades para mejorar la vida de millones de personas”, añade.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, destacó que están “viendo un proceso de diálogo directamente con las víctimas” con el inicio de los Foros por la Pacificación.

“Esperaríamos que el diálogo no sólo continúe en este proceso previo, sino que continué en todo el sexenio”, agregó. “Es una señal positiva, hablar con las víctimas es una señal de reconocimiento que hay un problema, de entender el sufrimiento de las personas”, reiteró.

También destacó que haya personajes en el Gobierno del tabasqueño que han sido promotores de los derechos humanos, y ejemplificó con la Ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero.

ESTADO DE DERECHO

Amnistía Internacional recuerda que ha diez años de que se encomendara a las Fuerzas Armadas de México aspectos esenciales de la seguridad pública, esta política “no ha logrado reducir la delincuencia ni la violencia en el país”.

“Al contrario, se ha registrado un aumento en los principales indicadores de violencia, y ha sido ese precisamente el marco en el que se han cometido crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos: tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, alerta.

El documento agrega que las detenciones arbitrarias son generalizadas en el país y que es común la violación de las garantías del debido proceso en el tratamiento de las personas y de la evidencia por parte de la policía.

“Para resumirlo, numerosos integrantes de los cuerpos de policías en el país han sido responsables de crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos.3 La consecuencia de ello ha sido, como norma, la impunidad de tales conductas”, dice.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Amnistía Internacional recomienda al próximo Gobierno que “cualquier Ley de Amnistía que llegue a adoptarse, si fuera el caso, se adecue al derechos internacional”. Le pide, en particular, que ésta no beneficie a las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluyendo los de lesa humanidad o graves violaciones a derechos humanos.

Detalla que en México, aunque ha habido importantes reformas del sistema penal, las frecuentes falencias en la investigación de los delitos y la casi absoluta impunidad que persiste en el país, “ponen en riesgo la capacidad de tales reformas de impactar positivamente en el disfrute de los derechos humanos de la población”.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Amnistía Internacional también alerta al próximo Gobierno que “en México, la violencia de género contra mujeres y niñas es generalizada”. La cual incluye los feminicidios.

Detalla que la investigación de estos casos es deficiente y quedan impunes.

Recuerda que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres activó en doce estados el mecanismo de Alerta de Violencia de Género (AVG), previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero alertó que “la implementación de la AVG ha evidenciado los desafíos que enfrentan las autoridades para adoptar medidas coordinadas y efectivas para cumplir su obligación de debida diligencia debida en la prevención, atención, investigación, sanción y reparación de la violencia de género contra las mujeres”.

Entre dichos obstáculos, añade, se encuentran: el diseño de intervenciones generales y casi homogéneas sin tomar en cuenta los contextos locales, la ausencia de un plan de trabajo detallado de la intervención, la falta de capacidades institucionales a nivel estatal y municipal y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas.

SUS RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional dio diversas recomendaciones al Gobierno de López Obrador:

– Reorientar la política de control de drogas de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública a uno basado en la protección de los derechos humanos de las personas, incluido el derecho a la salud. Le pide también que tome en cuenta “el devastador” coste a los derechos humanos los métodos actuales de control de drogas; Poner fin al papel de las fuerzas armadas en el desempeño de funciones de seguridad pública a través de su retiro ordenado, y del fortalecimiento, la capacitación y la supervisión adecuados de las policías civiles.

– Presentar al Congreso de la Unión una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior; solicitar al Congreso de la Unión modificar el marco legal para garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, independientemente del carácter civil o militar de la víctima, sean investigadas, procesadas y juzgadas adecuada y exclusivamente por las autoridades judiciales civiles.

– Enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para adoptar una Ley sobre el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales.

– Adoptar un registro de desapariciones con información pertinente y suficiente, que registre todos los incidentes tanto de desaparición forzada como de desaparición perpetrada por agentes no estatales — incluidos los de décadas pasadas— y que sirva como instrumento de supervisión, evaluación y diseño de estrategias y políticas públicas en materia de desaparición de personas.

– Garantizar en la práctica la aplicación adecuada de las leyes generales sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sobre desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

– Crear un mecanismo internacional contra la impunidad para investigar de forma independiente delitos de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en México; asegurar que la nueva Fiscalía General de la República sea verdaderamente independiente, y que cuente con facultades legales, personal idóneo, capacidades y recursos suficientes para llevar a cabo sus labores de forma adecuada; así como asegurar que los servicios forenses oficiales sean independientes de las fiscalías o procuradurías, y que cuenten con los recursos materiales, financieros y operativos para realizar su labor.

– Reconocer la labor de la policía, y garantizar la vigencia de todos sus derechos laborales; así como fortalecer las capacidades técnicas de los cuerpos de policía de todo el país, dotándoles de recursos financieros adecuados; avanzar con diligencia en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Registro Nacional del Delito de Tortura previstos en la ley de la materia, teniendo en consideración el parecer de las organizaciones de la sociedad civil.

– Proveer, sin demora, la suspensión con respeto a estándares internacionales de cualquier agente del estado —con independencia de su rango— sospechoso de estar implicado en graves violaciones a los derechos humanos, hasta que se realice una investigación imparcial e independiente; garantizar que ningún funcionario público que sea hallado responsable de dichas violaciones sea empleado en otras instituciones de seguridad pública o de justicia.