California se ha afianzado como principal defensor e impulsor para que los dreamers obtengan un título profesional y la máxima protección posible.

Esta preeminencia se reafirma con una nueva ley, surgida del proyecto legislativo AB1645, aprobado por la legislatura estatal y suscrito hace tres días por el gobernador Gavin Newsom. Establece que las Universidades de California, Estatal de California y los Colegios Comunitarios deben crear obligatoriamente Centros de Recursos para estudiantes indocumentados.

En esas unidades tendrán acceso a la ayuda financiera, servicios sociales, servicios legales de inmigración proporcionados por el estado, y otro tipo de oportunidades.

El espíritu de la ley, que entrará en vigor al inicio del año académico 2020-21, pone de relieve que ante las amenazas de Donald Trump de deportar a millones de indocumentados, “ahora más que nunca es imperativo proporcionar recursos esenciales a nuestros estudiantes en todos los campus universitarios”.

La asambleísta Blanca Rubio, autora del proyecto, ha experimentado en carne propia las penurias, limitaciones y obstáculos de los dreamers ya que ella fue indocumentada. Una de las intenciones de esa nueva ley es aumentar la inscripción y graduación de los este tipo de estudiantes.

Estima que cada año, aproximadamente 65 mil alumnos indocumentados se gradúan en escuelas secundarias y -aunque California ha sido líder en la promulgación de leyes innovadoras para proporcionar oportunidades para que estos jóvenes alcancen educación superior- sólo el 20 por ciento de ellos llegan a la universidad.

Indica que muchos jóvenes indocumentados y sus familias no son concientes d ellos cambios recientes en las políticas como la promulgación del proyecto de ley 540 de la Asamblea del 2001-2002, el California Dream Actl 2011, el California Dream Loan Act del 2011 y del 2013 y la Acción Diferida federal para los llegados a Estados Unidos cuando eran niños, que hacen que la graduación universitaria se más alcanzable.

Rubio, nacida en México, consideró que actualmente, la mayoría de los campus universitarios no tienen una ubicación centralizada que proporcione servicios y recursos de apoyo especializados para los estudiantes que cumplan con los requisitos del AB 540 que da figura legal a los dreamers.

Hizo notar que la creación de esos Centros de Recursos optimizara la ayuda financiera disponible para ellos y las oportunidades académicas, buscarán empoderar y crear un ambiente seguro y acogedor para ellos.

Precisó que van a aumentar las tasas de inscripción, transferencia y graduación de dreamers.

Por el momento, ya han creado esos centros la Universidad de California-Los Angeles y Davis; la Universidad Estatal Fullerton y Northridge, que proporcionan talleres informativos, clínicas legales, información sobre programas para indocumentados,, servicios de tutoría y apoyo para aumentar conecinaia de los programas existentes y recursos disponibles, mejorar el desarrollo profesional y aumentar ls oportunidades de empleo.

La legisladora destacó que la ley autorizará a los fideicomisarios, a la junta de gobernadores y regentes de esas Alma Mater buscar y aceptar en nombre del estado regalos o donativos para la creación y operación de los Centros de Recursos.

Asimismo, el estado reembolsará a esas instituciones de enseñanza y distritos escolares los gastos que hagan en la operación de los centros.

FALTAN RECURSOS

Laure Metune, vicerrectora de Relaciones Gubernamentales de los Colegios Comunitarios de California, dijo que no tienen suficiente dinero para implementar esa legislaci{ón, suscrita por el gobernador Newsom el sábado pasado.

Considera que operar esos centros implica una erogación de 2.9 millones de dólares.

“Los colegios comunitarios sirven al mayor número de estudiante sindocumentados de cualquiera de los sistema de educación superior de California, pero conitnúan recibiendo el nivel más bajo de financiamiento estudiantil”, dijo Metune en un comunicaod.

Y repuso:

“Abordar la adecuación del financiamiento será clave para garantizar que las universidades puedan proporcionar servicios de manera isgnificativa a todos los estudiantes, incluidos nuestros estudiantes indocumentados”.

BLANCA RUBIO FUE DEPORTADA

La asambleísta demócrata Blanca Rubio, quien ha apoyado también un proyecto de ley para restringir las redadas de los agentes de inmigración en los sitios de trabajo, ha revelado que fue deportada a México cuando era niña.

“Conozco de primera mano los miedos, el estrés, la confusión de tratar de sobrevivir momento a momento sabiendo que usted puede ser arrancado de su familia y deportado en cualquier momento”, dijo Rubio ante la asamblea.

“Yo fui una indocumentada y una indocumentada que fue deportada”, dijo la asambleísta mexicana de 50 años, hija “de un trabajador de una fábrica y de un ama de casa”.

Rubio nació en México y fue traída a California cuando tenía ocho años, aunque anteriormente habían vivido con sus padres en Texas, de donde fueron deportados a México.

En 1994 Rubio obtuvo la ciudadanía y posteriormente recibió un título universitario en administración de empresas y una maestría en educación de la universidad Azusa Pacífic.

En 1997 fue elegida para la junta de directores del Distrito Acuático del Condado del Valle.

Trabajó en recursos humanos y como profesora del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park (este de Los Ángeles) y en 2003 ganó un puesto en la Junta de Educación del Distrito.

Antes de ser elegida para la asamblea en noviembre de 2016, Rubio, madre de dos niños de ocho y nueve años, se desempeñaba como profesora de tercer grado en el Distrito Escolar Unificado de Fontana.

Su hermana Susan Rubio es miembro del Concejo de Baldwin Park y la alcaldesa encargada de la ciudad.

La concejal hizo noticia por presentar una orden de restricción por violencia doméstica contra el entonces su esposo y asambleísta Roger Hernández.

Precisamente Blanca Rubio obtuvo el puesto en la Asamblea, representante del Distrito 48, que antes tenía Hernández.