Aprieta el SAT a los 15 consorcios que adeudan 50 mil millones. El objetivo: llegar a un arreglo y evitar disputa jurídica. Con ese dinero se apoyaría a las pymes, dice AMLO

April 10, 2020 - por

Aprieta el SAT a los 15 consorcios que adeudan 50 mil millones. El objetivo: llegar a un arreglo y evitar disputa jurídica. Con ese dinero se apoyaría a las pymes, dice AMLO

El Banco JP Morgan, una de las mejores en inversión del mundo, protegido por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.

Trasciende que son impuestos anteriores al ejercicio de 2019. Con ese monto se triplicaría el apoyo a las pymes, afirma el Presidente. Ordena reducir 50 por ciento el presupuesto de toda dependencia. SFP: contará el gobierno con $37 mil millones más contra la epidemia.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició pláticas con las 15 empresas que adeudan en conjunto unos 50 mil millones de pesos en contribuciones fiscales que han sido mencionadas esta semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de llegar a un arreglo antes de iniciar cualquier disputa jurídica, revelaron fuentes hacendarias.

El monto de adeudos por 50 mil millones de pesos no son impuestos del ejercicio de 2019, sino de 2018 hacia atrás, según las fuentes consultadas.

Estas 15 empresas no son necesariamente las que encabezan la lista de las compañías que más privilegios obtuvieron en los dos sexenios pasados en las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de acuerdo al listado dado a conocer en octubre de 2019 por Fundar, Centro de Estudios.

En aquella ocasión, Fundar reveló, con base en datos oficiales, que entre las empresas o personas morales que obtuvieron beneficios o privilegios fiscales sobresalen Kimberly Clark, con 44 millones 415 mil pesos; Kansas City Southern de México, con 5 millones 875 mil; Bimbo, 2 millones 95 mil; Iusa, 414 millones 100 mil pesos; Banco JP Morgan, 3 mil 935 millones; Casa Sauza, 171.5 millones; Alstom, 38 millones 512 mil pesos; Ahmsa, 601.1 millones, y Azteca Holdings, con 279 millones de pesos, entre otras.

Los 50 mil millones de pesos que el SAT reclama a estos grandes contribuyentes incluyen recargos y multas, porque en algunos casos las empresas retenían el IVA, no lo entregaban al fisco y esos recursos los capitalizaban, explicó la fuente.

Los encuentros ya se realizaron, se habló con la mayoría de las 15 empresas y se está operando directamente entre la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y el primer círculo de esas compañías, se logró conocer.

Litigios suman 1.1 billones de pesos

La intención es no llegar a instancias jurídicas, pues de acuerdo con cifras oficiales, el monto que actualmente está en disputa es de un billón 145 mil millones de pesos de personas morales, en su mayoría que recurren a litigios y amparos para no pagar lo que por ley les corresponde.

Estos recursos equivalen a todos los programas sociales prioritarios de esta administración por casi seis años, o al presupuesto del sector salud por año y medio (considerando IMSS, Issste y Ssa), o al presupuesto de educación por dos años (incluyendo el presupuesto destinado a las entidades federativas).

Mientras una persona física asalariada paga 35 por ciento de sus ingresos, los grandes contribuyentes sólo pagaron en promedio 2.2 por ciento entre 2013 y 2018.

El último de la OCDE

México es el país con menor ingreso fiscal dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y uno de los países con peor recaudación en Latinoamérica.

Si se consideran los impuestos que recaudan las entidades federativas, las contribuciones a la seguridad social, el porcentaje de ingresos tributarios en proporción del PIB es solamente de 16 por ciento, que se compara muy desfavorablemente con países de desarrollo económico similar.

Por ejemplo, mientras en Chile es de 20 por ciento, en Argentina, Brasil y Uruguay es de alrededor de 30 por ciento. El promedio de los países de la OCDE, a la cual pertenece México, es del 34 por ciento.

El solo hecho de aumentar la recaudación a un porcentaje similar al de Chile, significaría un crecimiento en los ingresos tributarios de 4 por ciento por ciento del PIB de México, es decir, 25 por ciento más de lo que se recauda actualmente.