Los Angeles, Cal.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles reafirmó el martes el apoyo del condado a la comunidad inmigrante, citando preocupaciones sobre amenazas de deportaciones masivas durante el próximo mandato del presidente electo Donald Trump.

En una votación de 4-0, la junta aprobó una moción para establecer un grupo de trabajo para monitorear el impacto de los cambios en las políticas federales de inmigración, y para potencialmente establecer un Departamento de Asuntos de Inmigración. Otras medidas incluyen un mayor apoyo a la salud mental de los inmigrantes, la garantía de fondos continuos para las oficinas de apoyo a la inmigración y el lanzamiento de una campaña de concienciación.

La moción también reafirma la prohibición del condado de utilizar recursos locales para actividades de aplicación de la ley de inmigración sin una orden judicial.

La supervisora Kathryn Barger se abstuvo en la votación.

Según una moción presentada por las supervisoras Hilda Solís y Janice Hahn, el condado de Los Ángeles es el hogar de más de 800,000 inmigrantes indocumentados “que son cruciales para nuestra economía, fuerza laboral y diversidad cultural”.

“Los residentes indocumentados contribuyen significativamente a sectores como la agricultura, la construcción, la hospitalidad y la atención médica, mientras pagan un estimado de $8.5 mil millones anuales en impuestos estatales y locales”, según la moción. “Además de sus importantes contribuciones fiscales, según un análisis reportado por Cal Lutheran, los inmigrantes indocumentados contribuyen con más de $151 mil millones a la economía de California, que representa el 4.9% del PIB del estado”.

La moción también señaló que el 60% de los niños nacidos en el condado tienen al menos un padre inmigrante.

“El presidente electo no ha ocultado sus planes para la política de inmigración, incluyendo deportaciones masivas, creando una profunda sensación de inestabilidad no solo entre los inmigrantes indocumentados, sino también para aquellos que tienen un estatus inferior a la ciudadanía y hogares con estatus migratorio mixto”, dijo Solís.

Solís dijo que además de los inmigrantes indocumentados, el condado es el hogar de los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, los titulares del Estatus de Protección Temporal y los solicitantes de asilo, todos los cuales enfrentan temores de perder sus protecciones.

Solís señaló que presentó una moción en 2017 durante el primer mandato de Trump, cuando la junta estableció la Oficina de Asuntos de Inmigrantes (OIA, siglas en inglés) para apoyar a la población inmigrante a través de servicios como la representación legal y el acceso al idioma.

“Durante el año pasado, OIA ha canalizado casi 37 millones de dólares en programas y servicios para apoyar a todos nuestros inmigrantes y sus familias en todo el condado”, agregó Solís.

Hahn dijo que la moción era necesaria dadas las preocupaciones derivadas del mandato anterior de Trump y su “impacto devastador” en los residentes indocumentados y los hogares de estatus mixto.

La junta también instruyó a la oficina del CEO a identificar y asegurar el personal para responder adecuadamente a las necesidades de las comunidades de inmigrantes y potencialmente considerar el establecimiento de un Departamento de Asuntos de Inmigrantes para ampliar el trabajo de la OIA.