Una fuente castrense argentina, que obviamente no quiere ser identificada, aseguró a este corresponsal que “a muchos oficiales jóvenes del Ejército -de coronel para abajo- nos repugna que Estados Unidos instale cuatro bases militares e instruya a policías argentinos, sin autorización del Congreso. Es una entrega desvergonzada de la soberanía nacional”.

En efecto, entre gallos y medianoche, con particular secrecía, el gobierno de Mauricio Macri ha regresado a la política de “relaciones carnales” con Estados Unidos que instaló el ex presidente Carlos Menem y que -en los años 90- le significó al país, entre otros daños severos, la bomba en la embajada de Israel y el terrible atentado terrorista contra la mutual judía AMIA, que costó la vida a 85 personas.

Además de conceder de manera ilegal la instalación de tres bases militares que financia el Comando Sur del ejército estadounidense (SOUTHCOM), el gobierno argentino violó la ley al permitir el ingreso de efectivos militares norteamericanos para instruir a cuarenta policías argentinos en la custodia de la décimo tercera Cumbre del Grupo de los 20, que se realizará a fines de noviembre en Buenos Aires y a la que asistirá, entre otros presidentes, Donald Trump.

Aunque el gobierno de Macri trató de relativizar la presencia de los efectivos norteamericanos, asegurando que “sólo se trataba de personal de inteligencia” (sic), la verdad es que la ley 25.880 no permite que militares extranjeros realicen misiones en territorio argentino sin una autorización especial del Congreso. Los “instructores” ya están operando desde el 12 del corriente mes y permanecerán en el país hasta el próximo tres de agosto. Los especialistas de “inteligencia” entrenarán a miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEOF), un núcleo de elite de la Policía Federal Argentina, lo que también viola la ley local que separa nítidamente la defensa nacional de la seguridad nacional y veda (todavía) que los militares realicen tareas policiacas. Más aún, como es lógico: que policías argentinos sean entrenados por militares extranjeros.

El oficial que dialogó con este corresponsal, aseguró que este y otros operativos conjuntos realizados con anterioridad, bajo la excusa de que no se trata de ejercicios de combate, sino de “inteligencia”, causaron malestar entre sus camaradas de armas. “Estamos todavía condenados por un sector de la población, debido al papel que jugaron muchos oficiales de “inteligencia” en el último gobierno militar y vamos a meternos de cabeza con expertos en inteligencia de Estados Unidos”.

Patricia Bullrich, gestora principal

La gran mayoría de la ciudadanía todavía ignora el alcance de esta alianza militar estrecha con Washington, pero las poblaciones donde se instalarán las bases ya comenzaron con manifestaciones y denuncias en las redes sociales.

El diputado Guillermo Carmona, del bloque kirchnerista Frente para la Victoria, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, pero aún el Congreso no ha producido grandes hechos como sería una interpelación de la Cámara de Diputados a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, gestora principal de estos acuerdos. La señora Bullrich, que hace tres décadas militaba en la organización guerrillera Montoneros y ahora mantiene aceitadas relaciones con el Mossad israelí y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, ha sido cuestionada por su actitud con respecto a la desaparición del activista Santiago Maldonado y el asesinato del mapuche Rafael Nahuel. También por la compra de lanchas militares israelíes que, según algunas fuentes navales, fueron adquiridas con fuertes sobreprecios y eran embarcaciones que podían ser fabricadas en Argentina.

Además de autorizar bases y ejercicios, la ministra Bullrich celebró un acuerdo especial con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por su sigla en inglés) para armar una “task force” basada en la provincia de Misiones, en la estratégica zona de la Triple Frontera, con el supuesto propósito de combatir con métodos militares el narcotráfico y “el terrorismo”. Según el almirante Kurt W. Tidd, máxima autoridad del Comando Sur, “redes criminales y extremistas continúan amenazando la estabilidad regional (¿) y nuestra seguridad nacional (…) Argentina ahora interviene con determinación y ha jugado un rol crítico”.

Como consecuencia de esa “determinación” contra el “terrorismo”, el Comando Sur instalará una base en Misiones, en la llamada Triple Frontera, donde confluyen Argentina, Paraguay y Brasil. Por debajo se extiende el gigantesco Acuífero Guaraní, la tercera reserva de agua dulce a nivel mundial. Una coincidencia, seguramente.

Un verdadero caballo de Troya

Para personalidades como el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel, la periodista Telma Luzzani, el sindicalista Rodolfo Aguiar, la especialista en temas militares Elsa Bruzzone, del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), los ejercicios conjuntos, la instrucción ilegal, el acuerdo militar con la DEA y las bases, “donadas” por el SOUTHCOM para una supuesta ”asistencia pacífica a la defensa civil”, constituyen un verdadero “Caballo de Troya” para asentar un control estratégico en áreas de enormes recursos naturales.

En efecto, la ubicación de las bases es altamente sugestiva. La base de Neuquén, que fue autorizada en el año 2012, por el gobernador Jorge Sapag tuvo que ser abandonada debido a intensas protestas populares. Presidía por entonces la nación Cristina Fernández de Kirchner y estalló el escándalo ante otra “donación humanitaria” de la DEA a instalarse en el Chaco, donde gobernaba el kirchnerista Jorge Capitanich.

La base, cuyos cimientos ya se alzan en la estratégica Autovía Norte, a poca distancia del aeropuerto de Neuquén, es el punto de control de una inmensa riqueza petrolera: las reservas de shale gas y shale oil de Vaca Muerta que ya están explotando Chevron, Exxon Mobil, el Grupo Rocca y otras megaempresas, con la demoledora técnica del fracking. Macri espera 18 mil millones de inversiones para estas gigantescas reservas patagónicas y esa espera ansiosa bien puede aportar luz a la desaparición del joven activista Santiago Maldonado o el asesinato a cargo de la Prefectura del mapuche Rafael Nahuel. La Prefectura y la Gendarmería, acusadas de ambos crímenes de lesa humanidad, están como las bases y los ejercicios a cargo de la ex guerrillera Bullrich, cuyo cuñado Rodolfo Galimberti, fallecido hace 16 años, también pasó de Montoneros a la CIA.

Guarnición gigantesca en las Malvinas

Cerrando el cerco al sur, se levantará la base militar de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, desde la cual se puede controlar la Antártida, en compañía con los socios británicos de Estados Unidos, que usurpan las Islas Malvinas, donde han erigido una gigantesca guarnición y disfrutan de los recursos pesqueros del Mar Argentino, gracias a la benevolencia nada patriótica del presidente Mauricio Macri. Un dato que, según nuestra fuente militar, resulta particularmente odioso a oficiales como él, que siguen reivindicando las Islas.

En suma, Argentina controlada de cabo a rabo por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, cuya función consiste en “proporcionar planificación de contingencia, operaciones y cooperación en seguridad para América Central, del Sur y el Caribe” y, por supuesto “proteger los recursos militares de Estados Unidos en estos lugares”.

La asunción del país como una colonia, supone dos riesgos a corta distancia: el saqueo definitivo de los recursos naturales y la virtual declaración de guerra a los enemigos de Washington, con el peligro cierto y ya experimentado de que esos enemigos operen en el territorio nacional, poniendo en riesgo de la vida de los argentinos.

Aunque ya hubo protestas populares en Neuquén, el 9 de julio pasado, ni la población en general, ni los partidos de oposición en el Parlamento, parecen haberse percatado de los enormes peligros que se ciernen sobre la Argentina.

@bonassomiguel