Además, el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra realizó una dura crítica a su propia recomendación emitida el 28 de noviembre de 2018, pues un análisis de dicho documento reveló que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos, además de que revictimiza tanto a las víctimas directas como a las indirectas, específicamente a la comunidad de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Entre las múltiples falencias del texto, presentado cuando Luis Raúl González Pérez dirigía al organismo, se encuentran recomendaciones poco contundentes y notoriamente desproporcionadas a la gravedad de las violaciones a autoridades que tuvieron una participación relevante en los sucesos, como la Sedena, los ayuntamientos de Iguala y Cocula, así como la Fiscalía del Estado de Guerrero.

En este sentido, los puntos recomendatorios a la Sedena no refirieron una necesaria investigación exhaustiva de los elementos del 27 Batallón de Infantería involucrados, pese a su papel protagónico en la Noche de Iguala.

Además, ni siquiera se incluyó en la recomendación a autoridades acerca de cuyo involucramiento existen elementos de prueba, como los ayuntamientos de Huitzuco y de Tepecoacuilco de Trujano. Para colmo, aunque el documento se presentó más de cuatro años después de los acontecimientos, su redacción ignoró a las víctimas y pasó por alto sus derechos, llegando al extremo de estigmatizarlas al vincularlas con el crimen organizado.

La doble falla institucional de la Sedena y la CNDH se erigió, entonces, en un obstáculo más para el esclarecimiento de lo realmente ocurrido a los jóvenes normalistas, el principal de los cuales ha sido la fabricación de una verdad histórica por la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

En efecto, la invención de un relato insostenible, la siembra de evidencias para proporcionarle un sustento espurio, las reiteradas violaciones al debido proceso que han vuelto jurídicamente inservibles partes sustantivas de la investigación, y el tiempo que todo esto ha dado a los responsables para ocultar o destruir pruebas, se convirtieron en los facilitadores centrales de la impunidad y la denegación de la justicia que hasta hoy caracterizan al caso más emblemático de violación de los derechos humanos en el México de las décadas recientes.

La suma de estos errores vuelve inevitable hablar de una falla del Estado mexicano en su conjunto, y constituye una omisión de tal magnitud que no puede explicarse sin una voluntad expresa de encubrimiento: es imposible que tantas instituciones hayan fallado de manera tan grave y a lo largo de tanto tiempo sin una concertación para mantener lo ocurrido tras un velo de opacidad.

A tal concertación delictiva es a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido como el pacto de silencio en torno al caso Ayotzinapa, un pacto que existe no sólo entre los criminales detenidos y procesados, sino entre una serie de instituciones, incluida la que debió velar por los derechos de las víctimas.