La aprehensión del capitán retirado tiene una doble relevancia de cara al esclarecimiento de lo ocurrido a los normalistas. De inicio, porque se trata del primer integrante del Ejército puesto a disposición de la justicia (militar, pero que podría pasar al ámbito civil si se le acreditan violaciones graves a los derechos humanos). En este sentido, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación y el Centro Prodh, organizaciones civiles que acompañan a los familiares de los jóvenes desaparecidos, saludaron el arresto como un avance muy relevante y sostuvieron que “de dictársele formal prisión e iniciársele un proceso conforme a derecho, la acusación puede contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades estatales y federales –y no sólo municipales– implicadas en la red criminal relacionada con la desaparición de los 43 normalistas”.

De manera adicional, el ingreso a prisión de Martínez Crespo es el primer resultado concreto de la nueva etapa en las indagatorias, dada a conocer en el sexto aniversario de la llamada Noche de Iguala. Cabe recordar que el pasado 26 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a los padres en nombre del Estado por la gran injusticia y atrocidades cometidas contra sus hijos, y afirmó que se ejecutarían órdenes de aprehensión contra los militares que estuvieran involucrados. Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció la existencia de nuevas líneas de investigación que implican a miembros del Ejército, y achacó el empantamiento en que el caso se mantuvo durante años, el ocultamiento generalizado emprendido durante el sexenio anterior, cuyas autoridades encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos lo sucedido durante y después de la agresión contra los normalistas.

En suma, se trata de un paso en la dirección correcta, muy importante, en la medida en que podría romper la cadena de impunidad construida por el pasado gobierno federal. Asimismo, la acusación formal contra un integrante de las Fuerzas Armadas sugiere que siempre tuvieron fundamento los señalamientos de los padres y de las organizaciones que los acompañan en torno a la participación del Ejército, la cual debió investigarse de manera adecuada desde el inicio de las indagatorias. Cabe esperar que este avance lleve a un salto cualitativo en las investigaciones conducidas por la Fiscalía y, a la brevedad posible, al esclarecimiento definitivo de este episodio lacerante de violación de los derechos humanos.