Tanto en el documento como en la conferencia de prensa ofrecida por los dos integrantes actuales del grupo, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, se destaca la renuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a colaborar con las indagatorias, pese a la instrucción verbal y por escrito del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se proporcione toda la información existente que ayude a la investigación y búsqueda de los desaparecidos. Según detallaron los expertos, la Sedena ha negado de manera sistemática conocer materiales que prueban que el Ejército supo en tiempo real de las agresiones contra los jóvenes y que podrían contribuir a dar con su paradero, pese a que el GIEI cuenta con indicios de su existencia. Incluso, dijeron, se habría sustraído documentación importante del lugar donde estaba resguardada para colocarla en otro sitio, y se mantienen en secreto aspectos claves como los reportes de tres militares infiltrados en la normal rural. En estos extremos de ocultamiento se llega a refutar que hubiera un Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) en Iguala, aunque su presencia está comprobada documentalmente.

Resulta inconcebible que a ocho años y medio de la trágica desaparición de los normalistas persistan tantas y tan formidables trabas para que los investigadores accedan a elementos críticos en sus pesquisas. Como ellos mismos reconocen, durante el presente sexenio se han dado importantes avances y se han abierto resquicios al pacto de silencio instalado al más alto nivel en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, ya se encuentra detenido el ex procurador general Jesús Murillo Karam, máximo responsable, junto con el prófugo Tomás Zerón, del gigantesco operativo de encubrimiento y obstrucción de la justicia cínicamente denominado verdad histórica. Asimismo, se han liberado archivos y ubicado testigos cuyas declaraciones permitieron dilucidar aspectos del caso escondidos hasta hace poco.

Sin embargo, está claro que ningún progreso puede considerarse satisfactorio mientras las familias de los jóvenes desconozcan el paradero de sus seres queridos y persista la impunidad de quienes participaron de forma activa o por omisión en la cadena de agravios que ha configurado este tristemente emblemático caso de violación a los derechos humanos. En particular, sería inquietante comprobar que las fuerzas armadas se resisten a seguir órdenes de su mando supremo y, por espíritu de cuerpo o cualquier otro motivo, ocultan de modo deliberado archivos cruciales.

Como señalaron Buitrago y Beristain, la suerte de Ayotzinapa puede convertirse en un indicador de lo que ocurrirá con el flagelo de las desapariciones forzadas en nuestro país. Por ello, cabe esperar que el próximo encuentro del GIEI con el presidente López Obrador marque un punto de inflexión y lleve al definitivo despeje de los obstáculos para el conocimiento de la verdad.