CIUDAD DE MEXICO

En nueve meses como gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta transformó su personalidad de político profesional, de reconocido como tribuno parlamentario y acertado conciliador. Militó 17 años en el PRI, 23 en las filas del PRD y lleva tres en Morena. Pretende con una nueva Ley Estatal de Educación mantener control total del sector educativo, desde preescolar hasta el universitario.

Miguel Barbosa, como se le identifica oficialmente, poco tiempo después del 1 de agosto de 2019, cuando asumió la gubernatura, tuvo su primer traspié y que mereció severos comentarios. Estando en Huejotzingo, en el informe de la alcaldesa, no dudó en afirmar que la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, “era un castigo de Dios por haberle robado las elecciones”.

Como se recordara, Martha Erika fue candidata del PAN y tuvo como contendiente a Miguel Barbosa, respaldado por las huestes de Morena. El triunfo fue para ella e inmediatamente el morenista declaró que él era quien había ganado. Contabilizados los sufragios, la autoridad electoral dictaminó a favor de la PAN. Martha Erika rindió protesta el 14 de diciembre de 2018 y diez días después murió junto con su esposo al desplomarse el helicóptero en que viajaban de Puebla a la Ciudad de México.

Los poblanos no están de acuerdo que Barbosa mantenga una confrontación con la presidenta municipal de la capital de la hermosa Puebla de los Ángeles. Así fue el inicio del cambio en el que fuera un excelente coordinador de los senadores morenistas en la legislatura pasada, el hombre que junto con el guanajuatense  Carlos Navarrete Ruiz le dieron fortaleza en su etapa final al PRD

Empezaba el brote del coronavirus en el país. Se dictaron las iniciales medidas sanitarias. Nuestro devaluado personaje con mucho desatinó le restó importancia a la pandemia que ya había invadido países europeos y americanos.  Simplemente el gobernador expresó a sus paisanos y gobernados que “el coronavirus sólo ataca a los ricos, a nosotros los pobres, no”. No tardaron muchos días en que la entidad registró cientos de personas contagiadas y un buen número de fallecimientos.

A todos extraña la conducta política de Barbosa Huerta, un hombre preparado. Es abogado por la UNAM y tiene un Doctor Honoris Causa en Ciencia Política que le otorgó una Universidad de Corea En sus días de senador y presidente de la Cámara Alta, descuidó su tratamiento médico por ser diabético y sufrió la pérdida de una parte de su extremidad inferior derecha. Por su fuerza y voluntad, el poblano se impuso y en corto lapso estaba cumpliendo con sus funciones legislativas.

AFRONTA EL TERCER TROPIEZO

El pasado 15 de mayo, el Día del Maestro, los diputados locales tras de discutir el dictamen sobre la Ley de Educación Estatal, cuya iniciativa fue presentada por el gobernador y la mayoría de los legisladores votaron a favor en una sesión que duró más de tres horas y en el que un bloque manifestó su desacuerdo.

El gobierno local asegura que la nueva Ley es para actualizar jurídicamente la legislación poblana y que esté acorde con la Ley General de Educación que fue aprobada el año pasado y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2019. El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Emilio Baños aseguró que la iniciativa de ley del gobernador está apegada a la Ley General y que en varios Estados ya se hicieron las reformas y adecuaciones necesarias.

Pues bien, pero resulta que la referida ley ha provocado una inconformidad en virtud de que entre sus señalamientos está el que “los bienes muebles e inmuebles de los planteles educativos pasan a formar parte del Sistema Educativo Estatal”. Esto se ha interpretado como una “expropiación” y por ello protestaron inmediatamente los rectores de la Universidad Anáhuac y de la Universidad de las Américas, entre otros. El gobernador Barbosa declaró que no ocurrirá tal situación.

Además hay indignación, así lo manifestaron, porque en ningún momento los rectores fueron convocados para participar en las discusiones sobre el proyecto de ley. Tampoco se invitó a los  representantes magisteriales ni padres de familia. También en la misma Cámara de Diputados se protestó porque la redacción es tendenciosa y encaminada a principios de la Cuarta Transformación que es la bandera-doctrina del lópezobradorismo.

En la legislación aprobada, aun no publicada en el Periódico Oficial del Estado, por lo tanto no está vigente, se apuntan cuatro temas: queda prohibido imponer los nombres de funcionarios o de representantes populares y magisteriales, a las escuelas estatales. No se permitirá al interior de las escuelas la venta de “comida chatarra” ni bebidas energéticas. Las fachadas de los edificios y los exteriores de los salones, obligatoriamente, deben pintarse con “colores neutros”. Otra: se impondrán multas muy altas a quienes retengan la documentación del alumno, por falta de pago.

De no llegar a ninguna concertación entre gobierno y los propietarios de escuelas y universidades privadas, el asunto puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de la inconstitucionalidad de lo aprobado por los diputados poblanos.

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