El lunes pasado, Biden llamó a su homólogo ruso un “criminal de guerra”, “un tipo brutal” y declaró que debería enfrentar “un juicio de crimen de guerra”. Agregó que se necesitan recaudar “todo los detalles para que esto pueda ser, para tener un juicio de tiempo de guerra”.

Pero el mandatario estadunidense seguramente sabe que Estados Unidos no puede por sí solo llevar un caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) ya que es uno de los pocos países que no ha firmado el acuerdo que dio vida a esa instancia.

Otros políticos que repiten casi diario sus llamados por un juicio por crímenes de guerra del ruso, algo que se ha vuelto un estribillo en la retórica estadunidense, o no están enterados de que su país no ha ratificado el acuerdo internacional para ser parte del la CPI o pretenden otra cosa al proclamar su gran respeto por el derecho internacional a pesar de su historia de aplicarlo sólo de manera unilateral contra sus enemigos y rechazar su jurisdicción sobre estadunidenses y sus aliados.

Algunos usan un gran talento para darle la vuelta a ese incómodo hecho. El New York Times, en un amplio editorial el miércoles, instó por un gran esfuerzo de documentación sobre posibles crímenes de guerra en Ucrania para preparar un posible juicio. El rotativo opinó que “aquellos responsables deben ser nombrados, sus acciones detalladas, y si es posible, los culpables deben ser encarcelados”.

Señaló que según el tribunal de Nuremberg, iniciar una “guerra de agresión… es el crimen internacional supremo”, y que todo indica que esa debe ser la acusación contra Putin. No menciona que ningún mandatario estadunidense ha tenido que rendir cuentas ante la CPI por el mismo tipo de crimen, con el caso más reciente de Irak.

Recomendó que el gobierno de Biden debería de buscar la forma de cooperar con esa instancia, sin subrayar que Estados Unidos no es parte de ese tribunal.

Otros sencillamente evitan mencionar el hecho de que Estados Unidos no solo rehúsa sujetarse a la jurisdicción del mismo tribunal que desea enjuicie a sus adversarios, sino que ha atacado directamente a sus fiscales y jueces.

La CPI es el único tribunal internacional permanente con un mandato para investigar y procurar justicia en casos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión. Por ahora, son 123 países los que han ratificado el llamado Estatuto de Roma, y con ello son definidos como Estados parte de la asamblea de la CPI.

El apoyo a la CPI por Washington ha sido esquizofrénico. Aunque el gobierno estadunidense fue uno de los autores principales del Estatuto de Roma, al final Washington fue uno de sólo siete países que votó en contra cuando 120 naciones adoptaron ese instrumento internacional en 1998 para crear la CPI considerado una piedra angular del derecho internacional moderno.

Poco más tarde, en 1999, el presidente Bill Clinton promulgó una ley que contiene prohibiciones sobre otorgar apoyo financiero estadunidense a la CPI como también contra la extradición de cualquier ciudadano estadunidense a un país extranjero que pudiera entregar a tal individuo a la CPI. El 31 de diciembre de 2000, Clinton autoriza la firma de Estados Unidos del Estatuto de Roma -el último día posible- pero nunca lo somete al Senado para su ratificación.

En 2002, la CPI está lista para iniciar sus funciones a partir del 1 de julio. Pero en mayo de ese mismo año, el entonces subsecretario de Estado John Bolton envía una carta al secretario general Kofi Annan declarando formalmente que Estados Unidos no tiene la intención de ratificar el Estatuto de Roma.

Tres meses después, el presidente George W. Bush promulga una ley que contiene varias medidas que no sólo prohíben la cooperacion con la CPI, sino hasta amenazas. Por ejemplo autoriza el uso de la fuerza militar para liberar a cualquier ciudadano estadunidense bajo detención por ese tribunal y prohíbe toda cooperacion financiera para apoyar a la CPI.

Sin embargo, una enmienda a esa ley permite que Estados Unidos ofrezca asistencia a esfuerzos para llevar ante la CPI a extranjeros acusados de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Desde entonces, Estados Unidos ha participado como “observador” en los procesos ante la CPI y ha cooperado en el traslado de varios acusados para enfrentar justicia ante ese tribunal (siempre y cuando no sean estadunidenses o colaboradores).

Pero en 2018, John Bolton, ahora como Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca bajo Donald Trump, anuncia en un discurso que su gobierno “utilizará todos los medios necesarios” para proteger a ciudadanos estadunidenses y aliados de su gobierno frente a toda investigación y proceso legal de la CPI. Amenazó con aplicar sanciones financieras, prohibiciones de viaje y hasta promover casos criminales contra cualquier juez y fiscal de la CPI, o de cualquier entidad u otro gobierno que se atreviera en asistir a la CPI en investigar a estadunidenses. en torno a la guerra estadunidense en Afganistán.

El secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, cumplió con estas amenazas y revocó la visa de una fiscal de la CPI en marzo de 2019, y amenazó hacerlo con todos los oficiales de ese tribunal que se atrevieran a investigar a estadunidenses. En junio de 2020, Pompeo anunció que su gobierno había autorizado por orden ejecutiva sanciones económicas contra aquellos funcionarios de la CPI “directamente involucrados en esfuerzos de la CPI para investigar a personal estadunidense o personal aliado”. En septiembre de ese año, Estados Unidos impuso sanciones económicas y de viaje contra el fiscal de la CPI, algo denunciado por la CPI como “acciones sin precedente contra una institución judicial internacional”.

Fue hasta abril que esas órdenes ejecutivas y medidas atacando a los oficiales CPI fueron anuladas por el presidente Biden.

Pero por ahora, Washington continúa no reconociendo la jurisdicción de la CPI sobre Estados Unidos y sus ciudadanos, pero sí para los que declara como adversarios.