El centro de análisis Fundar informó que el gobierno federal gastó 40 mil 600 millones de pesos en publicidad en lo que va del sexenio

Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen, las principales televisoras del país, también fueron las empresas más beneficiadas por el dispendio de recursos públicos que la administración de Enrique Peña Nieto destinó para el rubro de publicidad oficial, según reportaje del New York Times.

El centro de análisis Fundar informó que el gasto publicitario fue ejercido con la autorización del Congreso. Dicha cifra rebasó en un 70% el presupuesto que fue autorizado por ambas cámaras originalmente.

De acuerdo con el informe Dinero Bajo la Mesa, elaborado por María Amparo Casar, dirigente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores; 10 periodistas recibieron la mayor cantidad de contratos sobre el resto del gremio en los últimos cinco años y estos fueron: (De mayor a menor)

José Cárdenas, Adela Micha, Rafael Cardona, Jorge Fernández Menéndez, Pablo Hiriart, Ricardo Alemán, Raymundo Riva Palacio, Óscar Mario Beteta, Federico Arreola y Joaquín López Dóriga.

Pero no solo medios se vieron beneficiados, sino periodistas que además de colaborar en grupos de comunicación de circulación nacional, también desarrollaron sus propios portales de noticias.

“En los primeros lugares, por tamaño de muestras aparecen varias compañías que, al revisar las facturas que emiten por su servicios al gobierno, administran la publicidad de páginas de noticias personales de comunicadores o pequeños sitios de noticias. Al igual que con los medios impresos, no queda claro por qué algunas páginas reciben recursos cuando la cantidad de visitas que reciben -o su reconocimiento- es pequeño en comparación con otros sitios que podrían maximizar el público al que, se supone, debería llegar y servir la publicidad que paga el gobierno”, apunta el informe cuyo apartado de medios de comunicación se encuentra en las páginas 157 a 169.

La Ley Chayote

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó, en noviembre de 2017, al Congreso de la Unión legislar para eliminar los vacíos en la ley que permitían las prácticas opacas en la repartición de contratos de publicidad oficial a grupos multimedios, bajo el argumento de que “la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos.”

Y así lo hicieron, no obstante, los criterios de competencia y asignación de contratos siguen siendo ambiguos. En julio pasado, la Cámara de Senadores aprobó la Ley General de Comunicación Social, que de acuerdo con especialistas, compromete la libertad de expresión de los mexicanos.

“En nuestro país, sin embargo, se ha utilizado (los espacios en medios públicos y privados) para influir o ‘dar línea’ en los contenidos de los medios. Así, aquellos que son críticos al gobierno son ‘amedrentados’ reduciéndoles o retirándoles la publicidad oficial, con lo que se vulnera la libertad de expresión y se promueve la ‘censura indirecta'”, señaló Janet Oropeza.

Asimismo, según el colectivo #MediosLibres, la Ley General de Comunicación Social debe contemplar:

a) La eliminación del contenido propagandístico de la publicidad,

b) Prescindir de la discrecionalidad y discriminación en su asignación

c) Erradicar la opacidad en la contratación y el ejercicio de los recursos

d) Eliminar las deficiencias en la planificación

e) Combatir la ausencia de rendición de cuentas y de sanciones

f) Atender las condiciones de inequidad de la contienda