Al destacar que la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca no es persecución política, sino resultado de una investigación financiera, el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, habló de situaciones fuera de lo habitual en el proceso de entrega-recepción en el Gobierno estatal, como el hecho de que se han encontrado oficinas abandonadas, secretarios, subsecretarios y directores generales que ya no están.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca no fue a la toma de protesta de su sucesor, Américo Villarreal Anaya. Se justificó y dijo que nadie lo invitó. Luego tuiteó que estaba en su rancho, de vacaciones. Después acusó persecución política. Y nadie sabe de él, aunque tiene una orden de aprehensión girada por un Juez y una alerta migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).

Pero no solo fue el exgobernador de Tamaulipas: ni secretarios, ni subsecretarios, ni directores generales esperaron para hacer la entrega legal de la administración. El nuevo equipo, de Morena, encontró oficinas vacías mientras un rumor corre en la entidad: que el panista, acusado de varios delitos ligados a la corrupción, ya se le escapó a la Fiscalía General de la República (FGR).

El diario El Universal, en una nota firmada por el periodista Manuel Espino, dice hoy que el exgobernador de Tamaulipas ya no se encuentra en territorio mexicano. Que dos días antes (28 de septiembre) de entregar la gubernatura al morenista Américo Villareal, el panista salió de México y se cree que está en Estados Unidos, país del que es ciudadano.

La información publicada por El Universal proviene de fuentes federales que revelaron que ya se iniciaron los trámites ante la Interpol para la emisión de la ficha roja para la búsqueda y localización del exmandatario tamaulipeco en más de 120 países.

Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, dio a conocer esta mañana que las investigaciones en contra del exgobernador de Tamaulipas son previas al 2018, es decir, antes del inicio del Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en la rueda de prensa matutina que se realiza en Palacio Nacional, el funcionario de seguridad detalló que son varias las pesquisas que se llevaron a cabo en contra del exmandatario.

Sin embargo, mencionó que “finalmente” la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia por el delito de lavado de dinero por la simulación de compra-venta de un departamento.

Lo anterior, dijo, derivó que un Juez de Control girara una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Este mismo día, el actual Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue cuestionado sobre la alerta migratoria de García Cabeza de Vaca. Recordó que no es una persecución política, sino resultado de una investigación financiera, y además habló de situaciones fuera de lo habitual en el proceso de entrega-recepción en el Gobierno estatal.

“Hay situaciones fuera de lo habitual como es el hecho de que se han encontrado oficinas abandonadas, secretarios, subsecretarios, directores generales que ya no se encuentran”, mencionó en entrevista con medios locales. “A veces ya no encontramos a los funcionarios o titulares que deberían estar manteniéndose como funcionarios de gobierno de nuestra entidad mientras que no llegara quién los va a relevar”.

“Lamentablemente las gentes que estaban al frente de algunas subsecretarías no están, las oficinas están vacías sin nadie que haga ese proceso”, agregó el mandatario estatal sobre el estado en el que encuentran las diversas dependencias.

LAS ACUSACIONES CONTRA EL EXGOBERNADOR

Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien al rendir protesta dijo que el 6 de junio de 2016 —cuando ganó las elecciones— se marcaba un antes y después, hoy se suma así a la lista de exgobernadores tamaulipecos que enfrentan a la justicia una vez finalizado su mandato.

#Comunicado 📃| El Instituto Nacional de Migración (@INAMI_mx), emitió alerta migratoria a nombre de Francisco Javier “N”. ➡https://t.co/d0ygSQsW9u pic.twitter.com/rrIA2kUXlH

— Gobernación (@SEGOB_mx) October 5, 2022

El primero de ellos fue Manuel Cavazos Lerma (1993 a 1999), el primer Gobernador tamaulipeco en ser señalado por sus vínculos con el narcotráfico luego de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) comenzó a investigar los vínculos del crimen organizado con políticos; Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999 a 2004), quien en marzo del año pasado se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un Tribunal Federal en Texas, Estados Unidos, al admitir que aceptó 3.5 millones de dólares en sobornos que usó para adquirir propiedades de manera fraudulenta; Eugenio Hernández Flores (2005-2010), quien está amparado para evitar su extradición a Estados Unidos (concedida por la SRE en 2018) para enfrentar las acusaciones de lavado de dinero, fraude bancario y de operar sin licencia un negocio de envío de dinero.

La acusación que pesa en su contra por parte de la FGR fue por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos.

El mandato judicial en contra de Cabeza de Vaca llevó a que la FGR solicitara, el 23 de febrero de 2021, el desafuero del panista, aunque ya desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, ligan a García Cabeza de Vaca con el crimen organizado.

El 30 de abril del 2021, la Cámara de Diputados federal analizó la solicitud de la FGR y fungió como Jurado de Procedencia. Los diputados escucharon los argumentos de la defensa García Cabeza de Vaca y de la Fiscalía.

La Fiscal Elizabeth Alcantar Cruz fue quien exhibió que entre las investigaciones encontraron un caudal de bienes y recursos ocultos del Gobernador tamaulipeco, en total 30 casas en México y Texas, así como diversas empresas usando prestanombres, entre estos sus hermanos y familiares.

Ese mismo día, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el desafuero del Gobernador para separarlo de su cargo a fin de que pudieran ejecutar la orden de aprehensión y envió el juicio de procedencia al Congreso de Tamaulipas para su aval. Sin embargo, ese mismo día el legislativo tamaulipeco, integrado en su mayoría por panistas con el apoyo de priistas, decidió que Cabeza de Vaca conservaría su fuero, es decir, la inmunidad constitucional que impedía que fuera puesto a disposición de un Juez.

El 19 de marzo de 2021, Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, denunció que García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

Además, dijo que, entre las varias irregularidades, se detectó la compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita.

De acuerdo con la investigación de la UIF, habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.

La UIF también detectó dos ranchos más y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.

También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones de pesos.

En mayo de 2021, la FGR obtuvo otra orden de aprehensión con respecto a la investigación de una presunta red de corrupción entre el mandatario y familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México; indagatoria que había robustecido con los informes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que el Instituto Nacional de Migración emitió una orden de restricción contra el Gobernador de Tamaulipas para evitar su fuga al extranjero.

La UIF ha presentado ante la FGR al menos cinco denuncias en contra de García Cabeza de Vaca en las que se detalla el presunto esquema que operó en Tamaulipas y que derivó en delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada, según consta en el expediente al que tuvo acceso SinEmbargo en mayo del presente año y con declaraciones de Santiago Nieto realizadas en junio del año pasado.

De acuerdo con la indagatoria, al menos 12 personas físicas y 25 personas morales integran dicha red. En ese esquema de presunta corrupción destacan adquisiciones irregulares de departamentos de lujo, casas y ranchos ligados al Gobernador y que no coinciden con su patrimonio, ni con el de su familia, quienes poseen más de 15 propiedades en México y Estados Unidos.

Sus hermanos, por ejemplo, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, son parte de los señalados como actores importantes en la red de presuntos desvíos de recursos públicos en la entidad a través de empresas fantasmas que les ayudaron a incrementar su patrimonio con casas, departamentos, autos y ranchos que hoy investiga la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la indagatoria, actualmente en manos de la Fiscalía General de la República, durante la trayectoria política del actual Gobernador tamaulipeco, sus hermanos habrían recibido millones de pesos entre transferencias interbancarias y percepciones que provienen de empresas señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañías simuladoras.

El desafuero de García Cabeza de Vaca fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 17 de agosto pasado resolvió invalidar la orden de aprehensión emitida por la FGR en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La Primera Sala decidió que mantendría el fuero constitucional y determinó que el Congreso local actuó de acuerdo a sus atribuciones cuando acordó no secundar la decisión de la Cámara de Diputados de quitar dicha inmunidad al mandatario.

No obstante, la decisión de la SCJN sólo se limita a la validez de su fuero como Gobernador, no a los delitos que presuntamente cometió en Tamaulipas, por lo que Santiago Nieto Castillo, asesor del Gobernador electo Américo Villarreal , advirtió que será sancionado cuando se retire del cargo.

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