En los contratos firmados por el gobierno federal, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para ocultar el dinero utilizado en la compra del sistema de espionaje Pegasus, se utilizaron recursos que estaban destinados a la adquisición de medicamentos para internos en penales federales, servicios de mantenimiento de equipos contra incendios y el pago de uniformes y calzado para la Policía Federal.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), hizo públicos 27 de los 31 contratos presuntamente fraudulentos, firmados con el único fin de ocultar el dinero para la compra de Pegasus.

Son 18 documentos signados por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Policía Federal (PF); 2 con el Servicio de Protección Federal (SPF), 7 con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), y cuatro más el hoy extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), aunque de éstos últimos se informó que no ha proporcionado los contratos, aunque sí sus datos básicos.

Varios de estos contratos están testados, principalmente los firmados por la Segob y la PF, por lo que algunos de sus datos no pueden ser consultados.

Entre los contratos resalta el registrado como OADPRS/DGA/A/030/2018, cuyo objetivo era la “adquisición de medicamento para los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social”, cuyo monto fue de 145 millones 154 mil 706 pesos con 65 centavos.

El contrato fue firmado con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., e incluía la entrega de medicamentos en 17 centros federales de readaptación social, incluidos Almoloya e Islas Marías.

Entre los acuerdos con mayores montos sobresalen los firmados por la OADPRS con la empresa BSD Security Systems, de la cual figuraba como socio el empresario israelí Avishay Samuel Neriya, personaje cercado Tomás Zeron, hoy prófugo de la justicia y quien se sospecha radica en Israel.

A BSD Security Systems la OADPRS le dio un contrato por 43 millones 470 mil 124 mil dólares estadounidenses, con el supuesto fin de adquirir, instalar y configurar sistemas de circuito cerrados para tres centros federales de readaptación social.

También se le otorgó otro contrato por 599 millones 998 mil 980 pesos, para la actualización de un sistema de circuito cerrado de televisión en el Cefereso número 8.

Según la denuncia presentada por la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, todos estos recursos fueron desviados para pagar Pegasus.

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