Tijuana, B.C. 

Apenas cae la noche, las patrullas de la policía municipal de esta ciudad, conocidas como perreras, inician sus rondines en las inmediaciones del centro deportivo Benito Juárez, donde se albergan precariamente cerca de 5 mil desplazados de Centroamérica. Y proceden a detener a migrantes que se atrevan a alejarse algunos pasos fuera de los límites del refugio, estén cometiendo alguna infracción o no.

Cuenta Eva Argentina Gastélum, originaria de Ocotepeque, que viaja con sus tres hijas: Estábamos sentados en la esquina, yo y Luis Enrique Martínez Vargas. Como él había recibido un dinerito de su familia salimos a comprar alimento para los niños. Pasó una de esas perreras y nos subió. Ya iba bien llena, nos empujaron para que cupiéramos. A él le quitaron el dinero, mil pesos; a mí, el celular.

Eso ocurrió el lunes 19 de noviembre. Primero los llevaron a la comisaría para tomarles sus datos y después los fueron a entregar a la estación migratoria. Yo sólo pensaba en mis niñas, que las iba a dejar solas. Ayer jueves Eva fue liberada por la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y regresó al albergue a dar aviso a Omar Martínez, padre del muchacho, sobre su detención.

Trasladado a estación migratoria de Iztapalapa

Hasta la tarde de este viernes no supieron nada de Luis Enrique. Por mediación de la abogada Soraya Vázquez, del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria, supieron que el joven de 21 años fue trasladado el miércoles mismo en autobús hasta la estación migratoria de Iztapalapa en Ciudad de México. Se esperaba que el Servicio Jesuitas para Migrantes y el Alto Comisionado para Refugiados de la ONU pudieran interponer una medida cautelar para detener la detención arbitraria. El consulado de Honduras también fue informado.

Hemos estado denunciando esta estrategia pública y deliberada del ayuntamiento de Tijuana, que está procediendo de manera totalmente violatoria. La mayor parte de las detenciones de migrantes son arbitrarias y no son porque estén cometiendo alguna infracción; son ilegales. La policia municipal no tiene derecho a indagar sobre su condición migratoria ni a entregarlos al Instituto Nacional de Inmigración, sostiene la defensora Soraya Vázquez.

Y mencionó el antecedente de una resolución dictada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del presidente municipal Juan Manuel Gastélum por su política de sistemática criminalización de migrantes.