La condición sacerdotal y octogenaria de las víctimas, así como el hecho de que hayan sido asesinados porque intentaron auxiliar a Palma, quien intentó refugiarse en la iglesia local ante la persecución que sufría, otorgan a estos homicidios un carácter acentuadamente execrable, por más que sean un episodio más de la inseguridad que azota la sierra Tarahumara desde hace más de una década. Como lo señaló el provincial jesuita, Luis Gerardo Moro, todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos.

Tal violencia es resultado de la presencia en la zona de grupos delictivos particularmente violentos y ramificaciones de los cárteles tradicionales. Se ha indicado que el presunto asesino, José Noriel Portillo Gil, El Chueco, está vinculado al grupo de Los Salazar, mismo al que se atribuye el homicidio de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, perpetrado el 23 de marzo de 2017 en la capital del estado, en aparente represalia por un reportaje en el que reseñó los vínculos entre criminales y políticos en su municipio natal Chínipas, casi contiguo a Urique, en la sierra Tarahumara.

Este exasperante episodio exige, por supuesto, la pronta ubicación y captura del presunto culpable y su presentación ante los tribunales, pero demanda también un urgente proceso de construcción de paz en la región, tarea en la que deben participar los tres niveles de gobierno y la sociedad misma. Es preciso entender que el absurdo crimen de los religiosos y del guía de turistas es expresión de una crisis social y civilizatoria más honda que los fenómenos delictivos.