La periodista Lydia Cacho dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que “el magistrado que no se vende ni se asusta es Oscar Rodríguez Álvarez. Acaba de confirmar sentencia de 93 años a #SuccarKuri denegando el amparo. Él encabezaba la red de #TrataDeNiñas y pornografía infantil por la que Kamel Nacif y Mario Marín me torturaron y encarcelaron”.

Añadió que “la batalla en el poder judicial es inmensa. Mientras la magistrada Suárez Préstamo liberó a Kamel Nacif con argumentos propios de la mafia, este magistrado mantiene por quinta vez la sentencia firme contra el pederasta de Cancún”.

En septiembre Lydia Cacho lamentó que un tribunal colegiado ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR), desactive la ficha roja que emitió la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) para la localización y detención del empresario Kamel Nacif, -otros del acusado- quien era requerido por el delito de tortura, cometido en agravio de la activista en 2005. En ese entonces dijo que han sido 16 años de “batalla judicial por una magistrada corrupta” y una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se negó a escucharla.

Las averiguaciones previas en contra de Jean Succar Kuri iniciaron por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, que desde finales de 2003 solicitó el apoyo de Interpol para capturarlo, lo cual ocurrió en febrero de 2004 en el estado de Arizona, y hasta 2006 fue extraditado a México.

El caso se inició con la revelación que hizo de sus actividades ilícitas la periodista Lydia Cacho en su libro Los Demonios del Edén. Las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) acreditaron que, en uno de sus hoteles de Cancún, Succar Kuri llevó a cabo actos de pornografía y explotación sexual infantiles; además, compartía material pornográfico y traficaba con menores, comercializándolos con clientes y amigos, entre los que destacan empresarios y políticos.

Succar Kuri contaba con el apoyo de políticos como Mario Marín Torres, ex gobernador de Puebla, en la actualidad privado de la libertad, quien en 2005 ordenó que Lydia Cacho fuera trasladada ilegalmente desde Cancún hasta esa entidad con el fin de encarcelarla por difamación.